domingo, 6 de mayo de 2012

Barberá pide al Ministerio que derogue el decreto del Cabanyal para reiniciar las obras. Valencia


El Ministerio de Cultura ya tiene la petición formal del gobierno municipal para que derogue el decreto que derivó en la paralización del plan urbanístico del Cabanyal. El vicealcalde, Alfonso Grau, envió el pasado día 3 de abril la solicitud, que abre la puerta a reanudar las obras este mismo año.

La solicitud fue la fórmula elegida para poner en marcha la maquinaria administrativa que debe inyectar de nuevo inversiones en el barrio. Esa fue la conclusión del encuentro que mantuvo Grau con representantes del ministerio el pasado 21 de marzo, indicaron ayer fuentes conocedoras del proceso.

En los últimos meses se han producido reuniones de miembros de la vicepresidencia del Ejecutivo de Rajoy con la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, así como gestiones del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, para resolver la paralización a favor del plan urbanístico del Consistorio.

El pasado domingo se cumplieron dos años de que se admitiera a trámite el recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional, una iniciativa contra los cambios en la declaración de Bien de Interés Cultural que avala la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

Desde el pasado 20 de noviembre, cuando el Partido Popular ganó las elecciones generales, se estudia cómo destejer la maraña judicial y administrativa, a favor del plan urbanístico. El decreto del Ministerio de Cultura prohíbe cualquier derribo que altere la trama urbana del Cabanyal.

Esta circunstancia fue salvada con una modificación del Bien de Interés Cultural que atraviesa la ampliación de la avenida de norte a sur, una serie de calles y edificios que no pueden alterarse con demoliciones y obras de nueva planta. El decreto del Consell posterior al del ministerio concluía que son compatibles la protección patrimonial del barrio con la prolongación.

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Tras la solicitud fechada el pasado día 3, llegará el turno de que el ministerio mueva ficha. Se da por descontado que las asociaciones vecinales contrarias a la apertura de Blasco Ibáñez vuelvan a llevar el asunto a los tribunales, por lo que las mismas fuentes comentaron que la estrategia pasa por «hacer las cosas lo mejor posible» y sin prisas para evitar cualquier error administrativo que permita una derrota en un litigio.

A la espera de ver cómo se articula eso, el Ayuntamiento ha consignado ya 27 millones de euros del Plan Confianza para ejecutar dos unidades de actuación, en el futuro bulevar de San Pedro y en los aledaños de la plaza Lorenzo de la Flor. Hace dos años se estimó una inversión de 54 millones de euros, aunque la paralización obligó a derivar parte del dinero a otros proyectos.

Aún así, se trata de un plan urbanístico tan complejo que su ejecución completa tardaría al menos una década, con un presupuesto mínimo de 1.600 millones de euros. La crisis actual hace muy complicado que puedan salir adelante las 1.500 viviendas de promoción pública previstas, así como el resto de equipamientos educativos y culturales, un argumento utilizado por los vecinos contrarios al plan para que el dinero se destine a rehabilitación de edificios.

También hay discrepancias sobre el efecto del decreto del ministerio. Mientras que el gobierno municipal asegura que afecta a todo tipo de licencias, salvo aquellas obligadas por cuestiones de seguridad, la asociación de vecinos tiene el respaldo de varios informes y respuestas oficiales, como una de la Defensora del Pueblo, favorable a que no haya una suspensión general de estos permisos.

En todo caso, los permisos que se tramitan a través de la comisión de Urbanismo y la junta municipal «quedan en suspenso», lo que se advierte a los afectados con una notificación. Así se ha hecho desde hace dos años, cuando se admitió a trámite el recurso en el Tribunal Constitucional.

La derogación del decreto podría hacer decaer este litigio, del que todavía no se sabe nada. La empresa pública Cabanyal-Canyamelar continúa con la compra de inmuebles y la redacción de proyectos, con el propósito de acelerar los derribos.

La zona donde se quieren retomar las obras es la calle San Pedro, un futuro bulevar perpendicular a Blasco Ibáñez, donde hay ya varios solares. La compañía inició la expropiación en la zona después de dar por agotado el plazo para acuerdos de compraventa. Este ámbito está fuera de la zona protegida y Bien de Interés Cultural, por lo que el Consistorio entiende que es más factible retomar las demolciones

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