miércoles, 31 de julio de 2013

Loureda (A Coruña) opta a convertirse en conjunto histórico BIC

El Concello de Arteixo ha iniciado los trámites para que el entorno del iglesario de Loureda y el templo sean considerados por Patrimonio conjunto histórico BIC (bien de interés cultural). Para ello, se basan en el avance del plan director que ha elaborado el arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Iago Seara. Destaca en ese informe el valor cultural y artístico del entorno del iglesiario, principalmente de la casa rectoral, así como del templo y del núcleo de viviendas que forman parte del entorno: «Existen valores individuales de mucha significación como la casa rectoral y el templo que es extraordinario y donde conviven tres estilos arquitectónicos, medieval, barroco y neoclasicismo», explicó Seara. También subrayó la «unidad paisajística» que conforma este entorno y reconoce haber sentido durante su investigación una mezcla de «satisfacción, sorpresa y riqueza». Explica que para obtener el reconocimiento de Patrimonio de conjunto histórico deberá aprobarse el avance del plan director en el pleno de Arteixo, además de estar de acuerdo el Arzobispado.

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A partir de ahí, podrá remitirse la documentación a Patrimonio para que determine si el entorno del iglesario y el templo cumplen los requisitos para ser declarado BIC.

Nota de prensa de Cercle Obert- El Valencia Club de Fútbol se compromete al cerramiento de la Alquería de la Torre.

En conversación mantenida hoy mismo con un representante del Valencia club de fútbol y la asociación Cercle Obert, el empleado del club valencianista se compromete a proceder al cerramiento de la Alquería de la Torre, a fin de evitar su ocupación y los vertidos incontrolados de basuras.

Igualmente, ha confirmado el representante del Valencia club de fútbol, sociedad anónima deportiva, que van a proceder al cierre del agujero existente en la parte posterior del histórico edificio rural, a petición de la entidad cívica, con objeto de evitar nuevas e ilegales ocupaciones del bien cultural protegido.

Cercle Obert de Benicalap ha dado hoy mismo el aviso de los vertidos incontrolados, a la Policía Local de Valencia ciudad, a la Delegación de Urbanismo, Cultura, Alcaldía, Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana, Policía Nacional, Consell Valencià de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Fiscalía Provincial de Valencia... a fin de que se adopten medidas eficientes y urgentes que acaben con tantas e inadmisibles ocupaciones, expolios, saqueos, incendios...

La entidad recuerda también que la antigua fábrica modernista "Bombas Gens" sigue ocupada y sufre un profundo deterioro y degradación, siendo urgente que el legítimo propietario proceda a asumir sus obligaciones legales.

Igualmente, Cercle Obert considera inadmisible e imperdonable el abandono que sufre el monumental conjunto denominado "Quinta de Nuestra Señora de las Mercedes", propiedad municipal ubicada al lado del Parque Municipal de Benicalap y que debería ya estar incorporada al citado espacio verde.

La entidad cívica piensa igualmente, solicitar hoy mismo por escrito, una reunión urgente con Aurelio Martínez actual presidente de la Fundación Valencia club de fútbol, a fin de hacerle participe de una serie de iniciativas para poder recuperar y reutilizar la Alquería de la Torre, que beneficie al propio Valencia club de fútbol y a toda la sociedad valenciana, dado que el bien cultural es propiedad de toda la sociedad y a todos nos corresponde su cuidado y mantenimiento.


Cercle Obert de Benicalap

España: una arqueología herida de muerte.

Artículo de Viana Israel.

«No me olvido de la arqueología, lo que pasa es que con ella ahora no puedo comer y las facturas hay que pagarlas». Diana del Pozo es la presidenta de Colegio de Arqueólogos de Madrid. Tiene 32 años. Empezó a trabajar en la universidad mientras estudiaba Historia y, desde 2004, ha ido enganchando una excavación tras otra. «Hasta que hace un año me quedé en paro, como la mayoría de los arqueólogos, así que decidí montar una tienda de regalos en Alcalá de Henares. No podía esperar más tiempo esperando a que me volviera a llamar», cuenta.

Su caso no es más que uno de los muchos que representan a un sector que en la actualidad se encuentra herido de muerte en España a causa, sobre todo, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se produjo en 2008. Las consecuencias han sido nefastas para este nicho de la cultura. Hay miles de arqueólogos en paro y los pocos que aguantan sobreviven cobrando sueldos de menos de 1.000 euros. Cientos de empresas del sector cerradas o sin ningún tipo de actividad, completamente ahogadas por las deudas. Y se han quedado infinidad de yacimientos sin poder ser excavados y otros tantos intervenidos en malas condiciones. A poco que uno pregunte dentro del colectivo, las respuestas son siempre las mismas: «La arqueología de urgencia está prácticamente desaparecida», «de los cientos de arqueólogos que conozco han dejado de trabajar prácticamente el 100%», «las condiciones son absolutamente precarias» o «las empresas más grandes han pasado de tener más de 100 arqueólogos contratados a seis».

El «boom» de la construcción a principios de la década pasada significó también el «boom» de la arqueología en España, ya que, cuando se aprobó la Ley de Patrimonio de 1985, los constructores empezaron a estar obligados a contratar el servicio de arqueólogos para prospectar el terreno y excavar los yacimientos que pudieran verse afectados por la obra. «Hay países en los que esta intervención se hace a través de la Administración Pública, pero en España se construía tanto que resultaba imposible. Se decidió entonces que fueran arqueólogos contratados por empresas privadas los que se encargaran. A principios de los 90 surgieron las primeras empresas y, entre 2000 y 2005, se produjo el gran crecimiento», explica la socióloga del CSIC Eva Parga Dans, que en 2009 realizó una encuesta sobre las empresas de arqueología en España.

De 300 a 10.000 yacimientos
En 1975 apenas se llegaba a las 300 excavaciones abiertas en toda España, mientras que en 2005 eran más de 10.000. El número de excavaciones creció tanto como el de las empresas de arqueología, de las que se crearon más del 40% entre 2000 y 2005. Esta fiebre dio empleo en excavaciones a decenas de miles de licenciados en Historia que ahora, con la crisis del ladrillo, han pasado a formar parte de la lista del paro.

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«En los últimos 10 años, utilizando la frase del Gobierno, se ha excavado por encima de nuestras posibilidades. Ha sido tan desmedido que se creó la burbuja de la arqueología, hasta que se pinchó junto a la de la construcción. Volver al nivel de trabajo de antes es impensable. Teníamos que haber tenido en cuenta que lo que se estaba haciendo no era real», asegura Jaime Almansa, un madrileño de 29 años que, a finales de 2009, fundó JAS, una empresa de arqueología que ha decidido buscarse las habichuelas fuera de las excavaciones.

No hay que olvidar que durante los años de bonanza económica, la práctica totalidad de los ingresos de la arqueología procedía de la construcción. Por un lado, de la inversión de las constructoras, que se lanzaron sin control a edificar viviendas, urbanizaciones o centros comerciales y tenían que realizar la correspondiente intervención arqueológica previa. Y por otro, de las obras de promoción pública (carreteras, vías del tren, tuberías…) dependientes del Ministerio de Fomento, de los gobiernos regionales o de los ayuntamientos. Pero desde 2008, tanto las constructoras como las entidades públicas «están hundidísimas», comenta Almansa.

El Ministerio de Hacienda acaba de denegar las subvenciones que la Secretaría de Estado de Cultura había concedido a 30 grupos de universidades españolas para proyectos de arqueología. En Castilla-La Mancha, el Gobierno anunciaba hace no mucho el cierre de hasta cuatro importantes parques arqueológicos y, en Alicante, el proyecto sobre el conjunto islámico del Castellar d’Elx lleva dos años parado por los recortes. Son solo uno ejemplos a los que hay que sumar, en el ámbito privado, que el año pasado se construyeron menos del 10% de las 865.000 viviendas que se edificaron en 2006, el máximo histórico, las cuentas no salen ahora para este sector cultural.

Empresas sin actividad
Según los datos provisionales que está comenzando a arrojar la segunda edición de la encuesta del CSIC, han desaparecido el 35% de las 273 empresas de arqueología contabilizadas en 2009. Un dato preocupante que, de todas formas, no es representativo de la realidad, ya que muchos arqueólogos mantienen sus empresas abiertas, pero sin actividad. «Hace poco una arqueóloga me contaba que no tenía ningún trabajo contratado aunque no hubiera dado de baja su empresa», comenta la presidenta del Colegio de Arqueólogos madrileño.

«Ya nadie construye. Hay incluso intervenciones arqueológicas que estaban proyectadas y se han quedado en suspenso. Y se han dado casos de constructoras que han quebrado y han dejado empantanadas a empresas de arqueología con 100.000 o 200.000 euros de deuda una vez terminada la excavación», añade Almansa, ahora dedicado principalmente a la edición de libros relacionados con la arqueología, como «Indianas jones sin futuro» (JAS, 2012).

Esa falta de perspectiva es precisamente la consecuencia más inmediata para miles de arqueólogos que se han ido al paro y para los pocos que, por lo menos, han encontrado trabajo en otros sectores que nada tienen que ver con el suyo. Uno de esos casos es Miguel Ángel Díaz, un arqueólogo madrileño de 39 años que llevaba más de una década enganchando una excavación con otra, en algunas de ellas como director, y ahora trabaja en un bar de copas los fines de semana, mientras organiza de manera altruista una jornadas sobre la Guerra Civil en Pinto.

Le echaron de su última empresa hace unas semanas «por causas asociadas a la crisis», cuando estaba llevando a cabo un seguimiento arqueológico entre Ciudad Real y Cuenca, cobrando menos de 1.000 euros a pesar de tener que vivir fuera de su casa. «Dependíamos de unasubvención de la Unión Europea que fue retirada, y cuando los ayuntamientos afectados por la obra tuvieron que hacerse cargo de los gastos, no aceptaron y se paralizó», explica Díaz, quien, «aunque está intentando no resignarse», reconoce que de los cientos de arqueólogos que ha conocido, tan solo «seis o siete» siguen en el sector.

Menos dinero, peores resultados
En este caos, hay algo que a los arqueólogos les preocupa tanto como su empleo: las precarias condiciones en las que tienen que llevar a cabo muchas de las excavaciones. «Las consecuencias de la crisis sobre los yacimientos en sí son también terribles. A raíz de la caída de los presupuestos, la calidad del resultado se ha visto afectada. El arqueólogo tiene que hacer el mismo trabajo que hace siete años, pero con menos material, menos personal y en un plazo de tiempo menor. Ya no puede hacer, por ejemplo, todas las pruebas de datación que se necesitan, y eso significa que se pierde un nicho de cultura», subraya Del Pozo, que ha visto como en la última empresa en la que estuvo trabajando había unas 40 personas en nómina y ahora solo queda el dueño.

«En mi última empresa, he tenido que trabajar en condiciones inadecuadas porque los presupuestos cayeron un 30%. Eso ha afectado a la hora de hacer analíticas como la del carbono 14 o la dendrocronología. La situación de la arqueología desde 2008 hasta ahora es absolutamente precaria y tiene muchas papeletas para desaparecer», comenta Pablo Guerra, otro de esos arqueólogos que acaba de ser despedido tras ocho años trabajando en una empresa que llegó a tener más de 100 arqueólogos contratados durante las obras de la M-30, y ahora solo tiene a seis. Su pecado, no aceptar una rebaja del 28% de un sueldo de 1.300 euros limpios al mes que le hubiera convertido en mileurista, teniendo que trabajar fuera de Madrid. Y eso después de ver como su mujer, también arqueóloga, tuvo que dejarlo hace un par de años porque ya no había trabajo. «Son ejemplos de cómo se encuentra el sector. Profesionales bien cualificados que no pueden dedicarse a lo que se han preparado o cobrando 800 euros netos. Me parece una auténtica vergüenza», critica.

Guerra acaba de plasmar todas estas experiencias en su primera novela, «El hallazgo», en la que relata las andanzas de un doctor en Historia,Lancaster William, que cumple su sueño de ser arqueólogo y, con el tiempo, va desencantándose con la profesión. «Hoy Lancaster no estaría trabajando, pero seguiría buscando trabajo. No se rendiría. En mi caso, de momento me voy a Florencia a quitarme la tesis y el año que viene a Estados Unidos a intentar trabajar», concluye.

Euskadi. Solo tres de cada diez edificios cumplen las normas de accesibilidad.

El parque de vivienda de Euskadi envejece casi al mismo ritmo que la población vasca. La comunidad autónoma tiene las viviendas más antiguas de toda la Europa del Sur, lo que conlleva edificios con importantes carencias en cuestiones como la eficiencia energética y la accesibilidad. Solo tres de cada diez edificios cumplen las normas de accesibilidad. Los expertos apuestan por el fomento de una política de regeneración y rehabilitación urbana continuada en el tiempo frente a la promoción de vivienda nueva. Esta es el mensaje que han lanzado durante unas jornadas dedicadas a los retos de la rehabilitación urbana en el siglo XXI celebradas en Basauri.

Durante las jornadas, la viceconsejería de Vivienda (dependiente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales) ha presentado un informe en el que se refleja con claridad la necesidad de rehabilitar el parque actual de viviendas familiares, que ha aumentado un 14,4% en Euskadi en la década 2001-2011, hasta situarse en 1.017602. Esta cifra de pisos se resume en la existencia de 163.524 edificios construidos, de los que el 42% ha sido levantado antes de 1961. De los 163.524, el 91% está calificado con un estado bueno, mientras que el resto necesita alguna modificación importante. Un total de 689 se encuentra en estado ruinoso.

La antiguedad del parque residencial hace que apenas un 5% de edificios de viviendas esté construido según los criterios de eficiencia energética. Según los expertos, "la pobreza energética del paque de viviendas vasco es uno de los problemas más preocupantes". Su gasto energético se cifra en que un vivienda vasca consume 0,69 toneladas de petroleo al año; cada familia tiene un gasto medio de energía cifrado en 1.000 euros por vivienda; la calefacción supone el 40% del consumo energético total y el agua caliente sanitaria el 20%.

Los profesionales del sector calculan que existe una potencial reducción del 40% del consumo de calefacción por mejoras estructurales reformando toda la vivienda. "La rehabilitación energética de los edificios es cuanto a su envolvente térmica es muy importante para paliar el consumo del sector residencial".

El segundo problema del parque de vivienda es su pobreza en términos de accesibilidad. Existen más de 108.000 edificios que no cumplen las normas de accesibilidad. Es decir, solo el 34% de los edificios es accesible y el 24% tiene ascensor.

El objetivo del Plan Renove Rehabilitación 2013-2016 del Gobierno contempla la intervención sobre un total de 52.000 viviendas. El importe de las ayudas a otorgar asciende a 81,5 millones de euros y se calcula que esta incentivación movilizará otros 859,5 millones de euros.

martes, 30 de julio de 2013

Córdoba. Urbanismo se plantea ampliar los plazos de inspección de edificios.

La Gerencia de Urbanismo no permanece ajena a los cambios que introduce la nueva normativa relativa a la inspección de edificios, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que entró en vigor la semana pasada derogando la del 2011 que se aplicaba hasta ahora y que dio lugar a la ordenanza vigente en Córdoba. La principal novedad que introduce esta nueva normativa es que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es sustituida por un Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) que examina la eficiencia energética, además del estado de conservación y la accesibilidad, en todos los edificios mayores de 50 años, que contarán con cinco años para ello. En los plazos es donde podría haber novedades, ya que Urbanismo no descarta ampliar los que fija la ordenanza municipal, que son 2013 para los edificios centenarios y protegidos; 2014 para los que tienen entre 75 y 100; y 2015, para los de entre 50 y 75. Solo en el primer paquete, cuyo plazo acaba este año, Urbanismo ha contabilizado ya 1.500 edificios.

El presidente de Urbanismo, Luis Martín, asegura que este organismo, consciente de la confusión existente y "con el fin de facilitar mayor información", realizará un informe técnico y jurídico sobre la nueva normativa para ver "si existe algún artículo que nos pueda afectar y valorar los plazos vigentes en nuestra ordenanza con el objetivo de ampliarlos". Esto se hará "de acuerdo con los vecinos". No obstante, advierte de que "no es lo mismo una vivienda de 50 años, con proyecto y licencia, que una de más de 100 o un bien protegido", por lo que "no es igual que la centenaria la pase en el 2015 que en el 2018". Además, recuerda que, al margen de la obligatoriedad que marca la ordenanza, "siempre ha existido el deber de conservación y mantenimiento".

Coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa estatal, la Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara solicitó a Urbanismo que modificara su ordenanza con el fin de que los vecinos aprovechen las medidas más ventajosas, como el plazo para pasar la revisión. Al--Zahara también pidió que se exima a las viviendas unifamiliares, que se libran de la inspección en la nueva normativa, mientras que en la ordenanza municipal no. Martín explica que ese aspecto hay que estudiarlo a fondo. Recuerda que la ordenanza actual tiene como antecedentes otra del 2009 que se aplicó en la Axerquía Norte y cumple con los criterios que establecía la normativa estatal del 2011. Además, el objetivo que persigue es "mejorar el estado de las viviendas", de ahí que mientras más se revisen, mayores garantías habrá para su conservación.

Entre las razones que respaldan dejar como está la ordenanza, está que "la ley nueva dice que se respetarán las normas que tuvieran hechas las comunidades autónomas y los ayuntamientos", como pasa en Córdoba. Por ello, añade, "la nueva normativa habla de un plazo de cinco años pero siempre que no haya una ordenanza autonómica o municipal que establezca otro".

Segovia. Los arquitectos velarán por el cumplimiento de Inspección Técnica de Edificios.

El alcalde, Pedro Arahuetes, y el presidente del Colegio de Arquitectos, Juan Antonio Miranda, acompañados del concejal deUrbanismo, Alfonso Reguera, rubricaron ayer el convenio de colaboración que acerca a ambas instituciones con el fin de mejorar la aplicación de la Ordenanza Municipalsobre la Inspección Técnica de la Edificación (ITEs) en la ciudad. Tras la firma de este convenio elAyuntamiento remitirá mensualmente al Colegio de Arquitectos todas las ITEs presentadas en el Registro Municipal para su seguimiento y el Colegio inspeccionará con su personal, sin coste para las arcas municipales ni para los propietarios de los edificios, el inmueble para redactar un informe de acuerdo a los requisitos que figuran en la Ordenanza Municipal.

Este informe se remitirá al Ayuntamiento y, aunque no será vinculante, las ITEs que se presenten a visar en el Colegio de Arquitectos deberán ir acompañados de ese documento redactado por ellos.

Además, el Ayuntamiento tiene la intención de crear el Registro Municipal de Edificios con Inspección Técnica Favorable, de carácter público y con acceso a través de la web municipal www.segovia.es

La ITE es una técnica de prevención, control y seguimiento de los edificios construidos que debe aplicarse a los inmuebles de más de 40 años de antigüedad. En Segovia existen alrededor de 4.000 edificios y desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo una aplicación tranquila y progresiva de esta Ordenanza.

Poco a poco, las comunidades de propietarios se van sumando a este proceso, ya que es a ellos a los que corresponde contratar a los profesionales acreditados para realizar la inspección, sin que el Ayuntamiento imponga o se decante por ninguno. Recordar, por último, que la Inspección Técnica de Edificios redundará en la mejora del parque de inmuebles de la ciudad.

Valladolid. Menos de la mitad de los edificios de más de 40 años ha pasado la ITE.

Cerca de la mitad de inmuebles de Valladolid con más de 40 años, unos 4.000, se ha sometido ya a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), en la que han obtenido resultado favorable el 90 por ciento, según datos municipales.

Así se puso de manifiesto en el marco de la presentación del libro ‘La Inspección Técnica en un nuevo escenario urbano’, obra de la arquitecta municipal María del Pilar Tirador que ha editado el Ayuntamiento de Valladolid y que presentaron la autora junto al alcalde de la ciudad, Francisco Javier León la Riva, y la concejal de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal.

En la capital vallisoletana hay entre 9.000 y 10.000 inmuebles -direcciones postales- de más de 40 años, por lo tanto obligados a pasar la ITE, trámite que ya han pasado aproximadamente la mitad de ellos desde que se pusiera en marcha esta medida, en 2008.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en 2011 se presentaron unas 1.800 inspecciones y al año siguiente se superaron las 1.500, mientras que en este ejercicio en los primeros meses del año se han superado las 200.

Precisamente Pilar Tirado, que ya ha dejado de trabajar en el Consistorio por problemas de salud -según explicó ella misma-, atribuyó la importante cifra de resultados favorables a la responsabilidad de los técnicos que realizan la inspección «en profundidad» y hacen las recomendaciones para que se realicen las obras necesarias antes de presentar la documentación acreditativa, de forma que pueden actuar y así obtener resultado positivo. En este sentido, el alcalde de la ciudad señaló que la Inspección, además de garantizar la pervivencia del patrimonio, permite mover la economía, ya que muchas de las empresas de construcción que ahora no construyen han redirigido su labor a rehabilitar y a llevar a cabo estas reparaciones, de manera que se impulsan todas las profesiones auxiliares.


Reinosa (Cantabria) pone en marcha 11 expedientes urbanísticos por problemas en edificios.

El Ayuntamiento de Reinosa ha puesto en marcha once expedientes urbanísticos en los primeros meses del año. Según ha explicado el alcalde, José Miguel Barrio, la apertura de estos expedientes se debe a que «los propietarios de los edificios deben cumplir la normativa vigente en cuanto a seguridad y estética».

El Servicio Municipal de Inspección Urbana ha sido el encargado de iniciar éstos trámites, dado que lleva a cabo regularmente labores de control y seguimiento de los inmuebles. Si en una de esas inspecciones detecta algún tipo de irregularidad, elabora un informe-denuncia, a través del cual se inicia el expediente urbanístico. En ese momento el Ayuntamiento ordena a los propietarios del edificio la ejecución de las obras que permitan que el inmueble se adapte a la normativa legal. Para ello, se tienen en cuenta los criterios del Plan General en cuanto a estética urbana y seguridad pública. La mayor parte de los expedientes urbanísticos abiertos se han hecho conforme a este último criterio y afectan a edificios que pueden causar problemas de seguridad debido a desprendimientos en la bajocubierta, tejas sueltas, casas en ruina o peligro de caída de muros y otros elementos arquitectónicos.

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Después de que el expediente se ha abierto, los propietarios tienen diez días para presentar sus alegaciones. Si no lo hacen, el expediente sigue su tramitación y se tienen que ejecutar las obras propuestas por el Ayuntamiento. La omisión de responsabilidades puede conllevar multas y que sea el propio Ayuntamiento quien ejecute las obras si tienen carácter de urgencia,

Según el alcalde de Reinosa, «afortunadamente gran parte de los propietarios requeridos cumplen debidamente con la reclamación municipal».

La mayoría de los expedientes urbanísticos afectan a edificios situados en el centro de la ciudad, concretamente en la avenida del Puente de Carlos III y en la calle Mayor. Según Barrio, «el embellecimiento del paisaje urbano es uno de los objetivos del equipo de Gobierno porque es, sin duda, un atractivo específico de la cuidad». Explica que es precisamente de ahí «de donde proviene nuestro interés, con ánimo colaborador, no sancionador, de que se solucionen algunos problemas sobre los que se debe actuar».

Señala también el alcalde que en algunos casos el Ayuntamiento ha encontrado dificultades a la hora de localizar a algunos de los propietarios de algunos edificios. «Pensamos que la resolución de estos expedientes urbanísticos y la aprobación definitiva de la ordenanza que permitirá el uso de nuevos materiales en galerías y miradores, que esperamos llegue en breve, así como la intervención municipal en el espacio público a través de la rehabilitación de aceras, jardines y asfaltos selectivos, genere nuevos empleos y dote a la ciudad de una nueva imagen para disfrute de todos», ha explicado Barrio. De los once inmuebles sobre los que el Consistorio ha abierto expediente urbanístico, dos han realizado ya las obras y están situados en la calle Mayor. El más significativo es la Casa de las Princesas.
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lunes, 29 de julio de 2013

Madrid. La Ley de Rehabilitación cambia las obligaciones de conservación y la ITE.

La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que introduce nuevas obligaciones en materia de conservación de los inmuebles y modifica la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para incorporarle criterios de eficiencia energética.

   El proyecto de ley, que ahora pasará a ser tramitado en el Senado antes de su aprobación definitiva, ha incorporado finalmente la veintena de enmiendas propuestas por el PP, además de casi medio centenar de propuestas de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y PNV, la mayoría de las cuales han sido transaccionadas.

   El dictamen de la Comisión ha sido respaldado por el PP, mientras que el PSOE y CiU se han abstenido, y la Izquierda Plural y el PNV han votado en contra del texto, que con las nuevas disposiciones adicionales incluidas a propuesta del PP introduce cambios en una decena de normas que nada tienen que ver con su objetivo original.

PONER FIN A CARENCIAS NORMATIVAS
   El portavoz 'popular', Andrés Ayala, ha destacado que la ley acaba con carencias normativas largamente vigentes, y se ha defendido de las principales críticas de la oposición negando que se invadan competencias autonómicas y señalando que "no es muy consecuente" hacer esa acusación mientras se pide financiación del Estado para las actuaciones de rehabilitación y regeneración.

   En este sentido, ha recordado que son los Planes de Vivienda los que incluirán las ayudas del estado para las intervenciones, y que "sólo en ausencia de la intervención pública o de los propietarios serán otras empresas privadas las que pueden entrar". "Decir que eso es un negocio y que se beneficia a las promotoras me parece una crítica bastante fácil y que no responde a la realidad", ha apostillado.

   Además, ha rechazado que se introduzcan nuevas exigencias de conservación, que "son las que se fijaban en la Ley del Suelo", y ha asegurado también que "lejos de reducirse las garantías de realojo, se regulan para toda España" y se flexibiliza en algunos casos para garantizar los derechos de los ocupantes de la vivienda.

OPORTUNIDAD PERDIDA
   La responsable de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, cree que este proyecto de ley es una "buena iniciativa" cuyos objetivos y necesidad comparte, si bien cree que la "disposición a negociar" por parte de los 'populares' no se ha materializado finalmente en acuerdos más amplios, "a pesar de estar todos de acuerdo en que esta ley es necesaria".

   No obstante, ha lamentado que se quedará "en una oportunidad perdida" ante la negativa del grupo mayoritario a incluir modificaciones profundas en aspectos como la financiación, la moratoria de cuatro años en la obligación de reservar suelo público o el "guirigay" que creará la nueva certificación energética, que entrará en vigor cuando "la norma aún no esté aprobada en el Senado ni haya normas para desarrollar la ley".

   También ha insistido en su temor de que algunas familias con "especial vulnerabilidad" puedan ser "víctimas de un desalojo de sus viviendas" por no tener recursos para hacer frente a sus nuevas obligaciones de rehabilitación, dando lugar a una nueva tipología de desahucio.

   Por último, la diputada ha reprochado a los 'populares' que hayan unificado en un mismo proyecto "un montón de cuestiones que nada tienen que ver" y que supondrán la modificación de una decena de normas diferentes. "Por eso nos abstendremos en la votación, sin entrar a valorar el contenido, si es oportuno o no. Traiganlo por separado y cumplan la norma, porque ésta no es la primera vez que pasa", ha pedido, apostillando que el PSOE se "reserva la posibilidad de seguir denunciando y reclamando estas técnicas parlamentarias de abuso y burla".

INVADE COMPETENCIAS
   El portavoz de Fomento de CiU, Pere Macias, ha dicho que el proyecto de ley es "positivo" y que comparte "los objetivos y la mayoría de los instrumentos", aunque ha reclamado que se separe el concepto de rehabilitación de los de regeneración y renovación urbanas para evitar invasiones competenciales, ya que estos dos últimos temas están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos al entrar en el marco del urbanismo.

   Además, ha insistido en la necesidad de que se acompañe el proyecto de "los mecanismos legales para ayudar a financiar la rehabilitación" porque sin fondos la reforma se quedará "a mitad del viaje" y ha agradecido al PP su disposición a pactar con la oposición, invitándole a llegar aún más allá.

ES INSUFICIENTE
   Por IU-ICV-CHA, Ascensión de las Heras ha coincidido con la "importancia y necesidad" de esta ley como elemento "determinante" en el cambio productivo y en la reactivación económica, pero rechaza la visión "excesivamente economicista" de concebir esta materia, que supone "dirigir la mirada a la rehabilitación como oportunidad de negocio".

   Además, ha lamentado la "inhibición" de lo público en este sector, así como su falta de financiación. "Se hace descansar en exceso la responsabilidad de la rehabilitación y su financiación en los particulares, lo que podría crear problema para las personas con menos recursos", ha avisado, criticando por último la incorporación de enmiendas sobre "materias totalmente ajenas" al proyecto y que se "cuelen de rondón" modificaciones sobre "temas importantes sin debate", como por ejemplo el régimen sancionador.

   Isabel Sánchez Robles, del PNV, ha reconocido que el proyecto incluye propuestas "interesantes" y que "la norma es buena", si bien existe una "cuestión insalvable" para no poder apoyarla, como es la invasión de competencias autonómicas. "La hubiéramos apoyado gustosamente si no fuera por eso", ha insistido.

   No obstante, los nacionalistas vascos también creen que las medidas que se regulan en esta materia "sólo son atractivas con un mercado inmobiliario al alza", y ha lamentado que no haya medidas de apoyo económico suficiente, "sobre todo para los colectivos más desfavorecidos" y ha previsto que su aplicación plantee "dificultades prácticas" para los ayuntamientos.

   Finalmente, la diputada del BNG Rosana Pérez ha coincidido en que el proyecto de ley invade competencias autonómicas, carece de financiación y no evita la especulación con el suelo, por lo que es "claramente insuficiente".
EuropaPress

El Ayuntamiento de Cádiz recuerda a la Junta la protección del Olivillo.

La integridad del edificio del Olivillo pende de un hilo y esta vez no es sólo por el estado ruinoso que presenta. La Junta de Andalucía tiene la intención de pedir al Ayuntamiento la autorización necesaria para iniciar los trámites que permitan su derribo y construir desde cero un nuevo equipamiento para la Universidad de Cádiz en lugar de acondicionar el edificio actual. La polémica viene dada porque el edificio está incluido en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz lo que complica cualquier decisión sobre el mismo. Es por esto por lo que el mantenimiento de este inmueble ha vuelto a enfrentar al Ayuntamiento y al Gobierno andaluz que tienen visiones muy claras y diferentes de lo que se debe hacer. Mientras que desde la Junta ya se han mostrado partidarios de reducirlo a escombros, desde el Ayuntamiento exigen no sólo que se mantengan sino que se hagan las obras necesarias para volver a recuperar este edificio levantado en los años 30 por el arquitecto Sánchez Esteve.

La alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, no quiso ayer asumir ninguna responsabilidad sobre su futuro «puesto que se trata de un edificio de la Junta» cedido a la Universidad de Cádiz y deben ser ambas quienes se pongan de acuerdo. No obstante, recordó que se encuentra protegido y forma parte del patrimonio de la ciudad. Teófila Martínez se sorprendió de que el Gobierno andaluz quiera derribarlo cuando se opuso a que el Ayuntamiento hiciera lo mismo con el edificio de la Aduana Nueva paralizando así el proyecto de remodelación de la plaza de Sevilla. Ambos inmuebles cuentan con el mismo grado de protección (el 3 Ambiental) por lo que Martínez pidió «que tengan la misma vara de medir» para uno y otro edificio.

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A pesar de que ambas administraciones puedan tener opiniones contrarias sobre el porvenir del Olivillo, las dos están de acuerdo en que de continuar por el mismo camino, «el edificio se terminará cayendo». Desde la Junta de Gobierno Local son ya varios los requerimientos que han enviado al ente andaluz para que inicie las obras oportunas para garantizar la seguridad del mismo y la Delegación de Urbanismo ya les ha sancionado con dos multas coercitivas por su mal estado.

Mientras ambas administraciones discuten, el Olivillo sigue formando parte de los edificios abandonados a la espera de que lleguen tiempos mejores. Actualmente el estado que presenta es bastante deteriorado, sus ventanas y puertas están tapiadas y se presume un gran daño estructural que está sin determinar.
La Voz Digital

Escogen a Poza de la Sal como modelo de protección del patrimonio en Europa

Poza de la Sal ha entrado a formar parte, a propuesta de la Junta de Castilla y León, del proyecto europeo Histcape (acrónimo de ‘Conjuntos Históricos y Paisajes Relacionados’ en inglés) que tiene como objetivo general impulsar el desarrollo de los centros históricos en las zonas rurales, que constituyen un 80% del territorio europeo donde se encuentran dispersas unas 4.500 pequeñas localidades de menos de 20.000 habitantes. El director general de Patrimonio de la Junta, Enrique Saiz, explicó ayer a DB que el proyecto Histcape «trata de aplicar modelos innovadores para la conservación y puesta en valor del patrimonio rural» y que para ello se elaboran programas piloto o propuestas. Saiz agregó que Poza de la Sal y la localidad leonesa de Sabero servirán como «laboratorio» de intervenciones futuras en conjuntos históricos de Castilla y León y también de Europa.

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El alcalde pozano, José Tomás López, se muestra satisfecho con esta decisión del Gobierno regional y afirma que esta iniciativa supone «un espaldarazo» para el patrimonio histórico-artístico pozano que contiene varios bienes de interés cultural (BIC). El casco urbano está catalogado como Conjunto Histórico y las salinas como Sitio Histórico. Además, el gran valor de las salinas ha hecho que Poza de la Sal estén incluida como ‘elemento asociado’ en la candidatura de Salinas de Añana (Álava) como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Por otro lado, en la villa pozana también son BIC el Castillo y la iglesia de San Cosme y San Damián. La guía de buenas prácticas está siendo redactada a la vez que las normas subsidiarias del municipio.

En el proyecto Histcape participan doce socios de once países y por España están la Junta de Castilla y León y la Fundación Tecnalia R&I. El resto pertenecen a naciones como Austria, Italia, Grecia, Alemania, Estonia o Reino Unido.  Entre los principales objetivos del programa están identificar, aplicar y transferir modelos mejorados de protección del patrimonio y formular recomendaciones políticas y estratégicas para agentes responsables de la conservación del patrimonio cultural de poblaciones pequeñas en el medio rural europeo.

En materia de próximas obras en la localidad pozana, el alcalde anuncia que en breve dará comienzo la urbanización de la Plaza del Olmo con un presupuesto de 70.000 euros contándose con una ayuda de 25.000 euros con cargo a Planes Provinciales. El regidor añade que se está a la espera del visto bueno de Patrimonio y que está pendiente la licitación de las obras para proceder a la contratación y comienzo de las obras. También en un plazo breve, está previsto reparar la caña de extracción de salmuera del conjunto de las salinas con uuna inversión de 35.000 euros.
Diario de Burgos

jueves, 25 de julio de 2013

Pontevedra. Edificios singulares.

Artículo E. Larriba

Pontevedra cuenta con una arquitectura contemporánea de singular y especial interés a la que habitualmente no se le presta la atención que merece. La Concellería de Patrimonio Histórico y la delegación del Colegio de Arquitectos comparten el objetivo de divulgar y catalogar algunos de esos edificios de la segunda mitad del siglo XX e incluso anteriores, representativos de los movimientos modernista, racionalista y funcionalista.

A este patrimonio edificatorio estará dedicado este sábado el cuarto roteiro temático urbano, que será guiado por Marta Guirado y Diego Germade. Son nueve inmuebles de distintas tipologías y usos dotacionales, proyectados por prestigiosos arquitectos.

El recorrido partirá del Ambulatorio Virgen Peregrina como muestra de la arquitectura sanitaria, que lleva la firma del arquitecto Alfonso Barreiro Buján y continuará por el edificio de la calle Alfredo García Alén que en tiempos acogió la sede de Comisiones Obreras, obra de los arquitectos César Portela y Pascuala Campos.

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La siguiente parada será en el inmueble de Riestra proyectado por Alejandro de la Sota. Precisamente, el Concello trabaja en la creación de otro roteiro específico sobre la huella que dejó este arquitecto en la ciudad, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Los edificios de viviendas de la esquina de Oliva con Riestra y de García Camba, obras de los arquitectos Emilio Salgado y Eloy Maquieira, también serán objeto de atención. Igual que la sede del Instituto Nacional de Estadística, en General Rubín, de Desiderio Pernas; los Bloques de los Militares, de Xosé Bar Boo; el grupo de viviendas de San Antoniño de J. A. Corrales y Joaquín Basilio Bas, y la Iglesia de la Virgen del Camino, de Francisco Torrado, uno de los pocos ejemplos arquitectura contemporánea religiosa que hay en el centro de Pontevedra.
http://www.lavozdegalicia.es/

Huelva. Hacen obras en un monumento protegido sin informes ni autorizaciones.

Agentes de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva han imputado por un delito contra el Patrimonio Histórico a la empresa que ha llevado a cabo una serie de obras en el monasterio de Nuestra Señora de la Luz, catalogado como bien de interés cultural, dentro del Catálogo General delPatrimonio Histórico Andaluz.

Los agentes han comprobado que la empresa ha llevado a cabo en el antiguo monasterio –ubicado en Lucena del Puerto- varias obras que han supuesto modificaciones sustanciales del enclave, sin autorización ni informe por parte del departamento de Cultura de la Junta.

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Además, se han construido unos boxes para caballerías y, durante la inspección del Seprona, se han localizado algunos vestigios arqueológicos a modo de ornamentación procedentes de algún yacimiento.
http://www.abcdesevilla.es/

Junta declara Bien de Interés Cultural la Iglesia Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción en Pastrana (Guadalajara)

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, la Iglesia Colegiata de Nuestra señora de la Asunción, de Pastrana (Guadalajara), otorgándole así la máxima protección que contempla la legislación vigente sobre patrimonio histórico.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha asegurado que la Iglesia Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción reúne los valores históricos necesarios para gozar de la protección con la categoría de Monumento.

En este sentido, Marín ha destacado que este templo alberga el Museo Parroquial, por lo que, aparte de la conocida colección de tapices, atesora un gran número de obras de arte de todo tipo. De esta manera, en opinión del consejero, se acerca a los ciudadanos "un espacio cultural totalmente singular para la historia de Pastrana".

Dedicado a Nuestra Señora de la Anunciación, la Iglesia Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción tiene sus orígenes en una primitiva Iglesia románica del siglo XIII construida por los caballeros calatravos, de la que aún se conservan algunos elementos, que junto con las reformas posteriores en los siglos XVI y XVII, nos han legado una rica edificación sumamente interesante y peculiar.

El objeto de la declaración afecta, además del inmueble en cuestión, a los bienes muebles que comprende y constituyen parte esencial de su historia.

Así, se incluyen, entre otros, una serie de tapices flamencos, datados entre 1472-1475, atribuidos al taller Passchier Grenier que representan 'El desembarco de Arcila', 'El Cerco de Arcila', 'El Asalto de Arcila' y la 'Toma de Tánger'; 2 tapices flamencos hechos hacia finales del siglo XV, que representan el Cerco de Alcázar Seguer y la entrada de Alcázar Seguer; un conjunto de exequias del siglo XVII, de la princesa de Ébole y el Retablo de los Miranda, con los retratos sobre tabla de Don Juan Miranda con San Francisco de Asís y Doña Ana Hernández con San Juan Evangelista, pintados por Juan Bautista Maíno.
http://noticias.lainformacion.com/

martes, 23 de julio de 2013

Huesca. El Ayuntamiento valora el posible derribo de un edificio de la Plaza de San Pedro.

El Ayuntamiento de Huesca valora la posibilidad de derribar un edificio de la Plaza de San Pedro, cuya techumbre se hundió parcialmente este miércoles. 

Según ha informado la concejala responsable de Urbanismo en el consistorio oscense, Gemma Allué, el Consistorio "sigue revisando el expediente y valorando el daño y las consecuencias" del hundimiento, que no ha causado daños personales, "para tomar una decisión". En este sentido, "se están valorando todas las posibilidades", ha dicho. 

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La concejala ha recordado que "el edificio fue declarado en estado de ruina en 2008" y no estaba habitado. Desde entonces "se han ido remitiendo ordenes de ejecución a los propietarios" y además en octubre de 2011 "se ordenó el derribo y que presentaran un proyecto de demolición". "Ante la omisión de esta orden de ejecución se han ido remitiendo multas coercitivas a la propiedad". 

En Huesca está vigente la Ordenanza de Inspección Técnica de Edificios, una norma que obliga a los propietarios de inmuebles con más de 50 años de antigüedad a encargar un informe que acredite el buen estado de los edificios para evitar problemas como el sucedido ayer. 

Un plan especial permitirá proteger todo el centro histórico de Torrent (Valencia)

Después de muchos años, Torrent blindará su centro histórico para preservar la historia y el rico patrimonio que guardan sus calles y edificios a través de un plan especial que se aprobará en el pleno el próximo lunes. Esta iniciativa lleva implícita la elaboración de un catálogo de bienes y espacios protegidos, entre ellos lugares tan emblemáticos como la torre medieval, fiel testigo del pasado morisco de la ciudad, y otras edificaciones más recientes propias del modernismo como el antiguo casino, que simbolizan el desarrollo arquitectónico que ha tenido a lo largo de la historia.

Además, el plan se acompaña de un estudio de integración paisajística y un estudio acústico con el fin de detallar las zonas en las que es imprescindible reducir el ruido y encontrar la fórmula idónea para preservar el encanto del casco antiguo de una ciudad que posee un rico patrimonio.

Tras la aprobación por el pleno, el plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Centro Histórico, (PEPRI), estará sometido a información pública durante dos meses para presentar alegaciones y después pasará a aprobarse de forma provisional hasta su aceptación definitiva.

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Aunque este plan se centra únicamente en la parte más antigua de la ciudad, la concejal de Urbanismo, Marisa Martínez, señaló que existe también otro proyecto en el que se incluirían las edificaciones ubicadas en el termino municipal y que servirá para preservarlas y evitar que se repitan casos como el del chalet de la familia Giner Cortina. Un palacete de origen modernista, ubicado en la partida del Alter, que ha sufrido una profunda degradación con el paso del tiempo, a pesar de su riqueza arquitectónica.

Este plan llega después de que el Ayuntamiento de Torrent consiguiera el informe favorable de la consellería de Cultura para iniciar el acondicionamiento de la Torre medieval para reconvertirla en el Museo Histórico de la ciudad. El edificio estará dedicado a mostrar la evolución histórica a través de paneles explicativos, armas y vestimentas del medievo. Este proyecto significará, además, dignificar el casco antiguo y dotarlo de un interés turístico y cultural que redundará en su preservación.

En las cinco plantas del museo se recogerá la historia de la ciudad que después se podrá contemplar paseando por sus calles. Entre los objetos más curiosos se reconstruirá una ballesta, en posición de tiro, a la que se podrá colocar los proyectiles originales encontrados durante unas excavaciones arqueológicas.

En este último año ha crecido el interés por la zona más antigua de la ciudad que guarda numerosos secretos todavía por descubrir. Las excavaciones para las obras del nuevo mercado sacaron a la luz el sistema de defensa de la torre medieval con el foso que la rodea.

Esta estructura ha incrementado la riqueza de la edificación y parte de ella podrá visitarse a través de una cristalera ubicada en el sótano del mercado municipal. Además, se han recogido y clasificado un número importante de restos arqueológicos como ánforas, tejas y vasijas que están estudiándose convenientemente para después exponerlas en el municipio en un museo.

Almería. El único edificio civil del siglo XVI en pie, cerrado, deteriorado y sin visos de uso.

Hay edificios en la capital que bien merecieran una movilización social como la que ha despertado el desmantelamiento de El Toblerone. Uno de ellos es el Hospital Real de Santa María Magdalena, más conocido como el antiguo Hospital Provincial, que, siendo el único edificio civil del siglo XVI en pie, permanece cerrado desde septiembre de 2011, sin la debida conservación y sin usos previstos a la vista por parte de la Diputación de Almería, titular de este singular inmueble del casco histórico ya que la Junta, aseguran, no le ha devuelto el edificio. 

El Hospital Provincial ha estado, más o menos, atendido desde la década de los 80 por la Administración andaluza en virtud de un acuerdo cerrado con la Diputación, el cual fue revisado en 2006 con fecha en septiembre de 2011 de vencimiento. La Delegación de Salud dejó para entonces el edificio, si bien no ha procedido a su devolución efectiva del mismo, por lo que en estos casi dos años no se han acometido las obras de la rehabilitación que requiere, ni se ha concretado su futuro por parte de la institución titular. 

"No hay voluntad política, eso es lo que pasa, porque dinero para otras cosas sí que hay", ha criticado el portavoz municipal de Izquierda Unida, Rafael Esteban, quien reclama el cierre de un acuerdo entre la Diputación Provincial, como administración propietaria interesada, y el Ayuntamiento de Almería, como administración obligada a conservar la ciudad, que permita a la capital recuperar este edificio mediante su rehabilitación y su uso ciudadano. 

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No es la primera vez que desde Izquierda Unida se exige la puesta en valor del Hospital Provincial. Ya en marzo del pasado año, el Grupo Municipal de IU presentó ante el Pleno una moción con esta aspiración que no fue respaldada por el Partido Popular. Entre los concejales del equipo de gobierno, se encuentra el también vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que apeló a la retirada de la propuesta de la oposición al exponer la "situación real" del edificio. Explicó que todavía Salud no había hecho devolución efectiva del Hospital Provincial -tenía por plazo un año a contar desde septiembre de 2011, tiempo por tanto ya vencido-, y aseguró que los técnicos de la Diputación estaban efectuando un chequeo al inmueble para reclamar a la Junta bien dinero u obras directas de rehabilitación para que entregara el hospital en las mismas condiciones que cuando comenzó a darle uso en los 80. 

La situación, según aseguró ayer García, no ha cambiado nada a día de hoy. "La Junta tenía de plazo para devolvernos el edificio hasta septiembre del pasado año y no lo ha hecho. Lo único que hemos podido hacer son informes superficiales sobre el estado de conservación y hay varias ideas de uso, pero no estarán maduras hasta que no nos traspasen las competencias",. 

Quienes van a preguntar por escrito y reclamar toda la documentación obrante sobre el Hospital Real de Santa María Magdalena es el Grupo de Izquierda Unida en Diputación, según ha adelanto el portavoz municipal, quien ha calificado de "canto al sol" los anuncios que el pasado año hizo el vicepresidente a la hora de dar carpetazo a la moción de IU. 

"Volvemos a exigir la rehabilitación del Hospital Provincial. Si hay dinero para comprar solares y otros edificios, tiene que haberlo para este inmueble de gran valor histórico que se está deteriorando. No tiene sentido -incide Esteban- las actuaciones de mejora del casco histórico que se están llevando a cabo mediante el Plan Urban y dejar este emblemático inmueble ahí, en medio, cerrado y sin uso".

lunes, 22 de julio de 2013

Valencia. Inercia y pasividad institucional.

Autor: Antonio Marín Segovia

La defensa del Patrimonio Cultural no es una tarea exclusiva de las instituciones o de diletantes, aunque hoy en día los organismos públicos competentes destacan por ser campeones en «olvidar» e ignorar sus compromisos y obligaciones legales. Los numerosos atentados contra nuestros monumentos, jardines, museos... son noticia un día sí y otro también, sin que las autoridades adopten las medidas oportunas para acabar con la sangría que supone tanta degradación, expolio, saqueo...

La estatua de San Luis Beltrán ha vuelto a ser decapitada, unos meses después de haber sido rehabilitada. Y somos los ciudadanos los que tenemos que denunciar el hecho, dado que ni el Ayuntamiento de Valencia ni la Generalitat han querido asumir nuestras iniciativas y propuestas, tendentes a incrementar la videovigilancia y la inspección periódica de los bienes inventariados, sin olvidar nuestra recomendación de potenciar, con el concurso de los medios de comunicación, tejido asociativo, mundo universitario... la educación y respeto por nuestro legado patrimonial.

También vuelve a ser objeto del expolio y el vandalismo una de las alquerías más relevantes de toda la Comunidad Valenciana: la alquería de la Torre, que se encuentra dentro del entorno de protección del BIC alquería del Moro, y cuya propiedad nadie conoce con certeza, aunque se cree que es del Valencia club de fútbol.

Lo realmente lamentable y totalmente inadmisible es la total y sistemática falta de actuaciones preventivas, de inspección y vigilancia profesional por parte de las instituciones públicas , que eviten el expolio y destrucción de nuestro rico y emblemático legado histórico-artístico y ambiental. 

Todo el mundo dice amar el patrimonio cultural, pero son realmente muy pocos los ciudadanos que demuestran con hechos ese amor, ese afecto, ese merecido respeto que debemos a esas hermosas huellas que permanecen visibles en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros montes, en nuestros pueblos...

El Patrimonio Cultural de los valencianos lleva años, demasiados años sufriendo un abandono y expolio intolerable e inadmisible. Y ya no hay lugar para excusas y declaraciones oportunistas, que tanto agradan a los políticos de turno.

Es el momento de consensuar y diseñar un programa riguroso y multidisciplinar, que permita el inventario, la conservación, rehabilitación y difusión de todos nuestros bienes culturales, sin olvidar que hay que lograr el entusiasmo, la complicidad y colaboración de toda la sociedad civil.

No es una iniciativa baladí, pues recuperar y reutilizar nuestro patrimonio cultural puede y debe servir para potenciar la actividad laboral y elevar el bajo nivel cultural de la población valenciana, favoreciendo la autoestima de un pueblo que lleva sumergido en una feroz crisis demasiados años.

Señores políticos valencianos y ciudadanos en general: ¿aceptamos el reto y dejamos ya de lamentarnos como vulgares plañideras?