jueves, 18 de julio de 2013

Valencia. Los administradores reclaman que los edificios deben pasar inspecciones cada diez años.

Los administradores de fincas proponen una modificación del decreto-ley que recoge las inspecciones técnicas de los edificios para que se realicen cada diez años y no a partir de los cincuenta, como recoge actualmente. Es la propuesta que plantea el recién elegido presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, José Sales, quien aseguró ayer que de esta forma se garantizaría la conservación y el mantenimiento de los edificios.

A su juicio, no se hacen porque sea un procedimiento costoso sino porque en España «no existe una concienciación del mantenimiento preventivo. Lo habitual es que surja el problema, analizarlo y arreglarlo, cuando en realidad se debería actuar de forma previa para evitar patologías». Según Sales, que ha sido elegido con el 65% de los votos, «la vivienda empieza en el portal de la escalera y ese planteamiento no está asumido por los vecinos».

El estado de la conservación se agravará en los próximos años por un problema actual: la morosidad en las comunidades de vecinos, generada por los propios residentes, las empresas constructoras o las entidades bancarias. Una deuda que rondaría los 1.606 millones de euros, como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado domingo, y que, según el presidente colegial, «genera un perjuicio a los vecinos que sí pagan porque no se hacen las obras necesarias. «En los próximos años nos vamos a encontrar con parques de edificios muy deteriorados», aseguró.

En Valencia, por ejemplo, el grupo municipal del PSPV alertó hace unos meses de que sólo el 5% de las 83.000 fincas de más de 50 años habían pasado la inspección técnica obligatoria.

Menos servicios
Para ello, el presidente de estos profesionales abogó por una reforma de la ley de propiedad horizontal que permita que las deudas de los últimos cinco años sean asumidas por los nuevos propietarios o por los bancos.

La crisis inmobiliaria no sólo ha traído morosidad en las comunidades de propietarios, también ha provocado una reducción de los servicios que prestan los administradores. Así, por ejemplo, «donde funcionaban dos ascensores ahora sólo está operativo uno o se han limitado los horarios de servicios comunes como la piscina».

A ello hay que sumar la competencia desleal, una de las preocupaciones de Sales. «Hemos observado que mucha gente en paro está metiéndose en este negocio, que se está convirtiendo en un sector refugio», comentó. «Los ciudadanos tienen que saber que la colegiación es obligatoria, lo que es un garante para ellos y para los administradores».
http://www.lasprovincias.es

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