Santa Cruz de Tenerife. Urbanismo baja las tasas para activar la rehabilitación de los edificios protegidos.

a Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha puesto en marcha una reducción de las tasas y de los trámites administrativos para los proyectos de rehabilitación. Con esta medida, el concejal del área y teniente de alcalde, José Ángel Martín Bethencourt, pretende recuperar los edificios históricos y ayudar al sector de la construcción a paliar su desplome como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.

Las rebajas llegan a ser de más de la mitad en algunos tramos de los impuestos que cobra el Ayuntamiento por conceder las licencias para las reparaciones en viviendas protegidas. Por ejemplo, según las nuevas tablas aprobadas por la Gerencia, ahora se pagará 160 euros por una reparación de menos de 12.000 euros, mientras antes había que abonar 464 euros.

Para hacer actuaciones puntuales en los inmuebles protegidos con alguno de los grados recogidos en el catálogo municipal, hasta ahora se exigía el proyecto de un arquitecto, visado por el Colegio y con permiso de obra mayor. Ahora se reducen todos esos trámites y se equiparan a los de una obra menor. No hará falta toda esa documentación y se agilizará así la concesión de los permisos.

Esta es una de las reformas que ha llevado a cabo Urbanismo para fomentar la recuperación de los edificios con valor patrimonial, especialmente en los centros históricos de El Toscal, Antiguo Santa Cruz y Barrio de los Hoteles. "Hemos querido empezar primero con dar facilidades a los propietarios para que arreglen sus casas y en los próximos meses iremos aprobando los Planes Especiales de cada zona que terminen de dar seguridad jurídica a los dueños de estos edificios y ordenen la forma en que deben ser rehabilitados estos lugares", indicó el edil socialista.

El catálogo de edificios y espacios protegidos de Santa Cruz va a pasar de los 1.041 inmuebles con que cuenta actualmente, según el Plan General de Ordenación (PGO) de 1992 vigente, a los 755 de la revisión del planeamiento pendiente de aprobación. Se eliminan los que han perdido valor o estaban mal catalogados pero se incorporan algunos cuyo valor aconseja su protección. Las nuevas inclusiones corresponden a edificios como Catcisa, Financiera, Chasyr, Los Patios o El Faro, y a las casas Luvic, Hitz, Real Díaz, Hernández-Francés y un grupo de viviendas escalonadas.

El ámbito en el que se amplía o precisa aún más la protección del patrimonio es sobre todo El Toscal, donde se incluye además de la Ciudadela, varias viviendas de la calle Santiago, el pasaje Santa Marta y las casas de los pasajes Pisaca y Ravina. Se incorporan además la calle de La Noria y transversales que coinciden con el perímetro del entorno de protección de Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto histórico Antiguo Santa Cruz, y las calles Álvarez de Lugo y Jesús y María, incluidas en el perímetro del entorno de protección del BIC del Barrio de Los Hoteles-Pino de Oro y determinado como ámbito protegido dada la cantidad de ejemplos de arquitectura racionalista de Santa Cruz.

La reducción de tasas y requisitos administrativos tiene otro fin, según José Ángel Martín: "Ayudar a la recuperación del sector de la construcción". "La obra nueva está parada, sobre todo la de viviendas. Ahora no se construye, aunque haya dinero para hacerlo, que lo hay, porque no se vende vivienda y porque hay un stock tan grande sin estrenar que el mercado está colapsado", añade.

Las estadísticas lo corroboran. El Colegio de Arquitectos ha pasado de visar obras por un valor de 148 millones de euros en 2007 en la capital a 11 millones en 2012, un descenso del 92%. La única escapatoria de las constructoras es la rehabilitación.

2.181 euros por una obra de más de 600.000

"Muchos empresarios, arquitectos y aparejadores se han quedado en paro y la rehabilitación es su salida". Por eso, el concejal de Urbanismo de Santa Cruz asegura que va a seguir tomando medidas para facilitar las cosas a este subsector, del que depende la capital tinerfeña para recuperar muchos de los inmuebles de mayor valor que están amenazados por el abandono.

Martín Bethencourt asegura ya han llegado los primeros proyectos que se han beneficiado de las nuevas tasas más baratas para hacer obras como reparar un baño, una fachada o el edificio completo. A partir de ahora, los precios bajan a más de la mitad en algunos tramos para los inmuebles protegidos. Para sacar una licencia básica para un proyecto de menos de 12.000 euros, hay que abonar 160 euros; para una inferior a los 20.000 euros, 280 euros; inferior a 30.000 euros, 464 euros; a 60.000 euros, una tasa de 654 euros; por debajo de 150.000 euros, 1.308; de 600.000, 2.181; y de más de 600.000, 2.878 euros.

Los constructoras hace tiempo que se dieron cuenta de que la rehabilitación de viviendas con valor patrimonial es su salida y, de hecho, se nota en los propios datos estadísticos. El año pasado, de las aproximadamente 150 licencias para reformas que concedió Urbanismo, la mitad eran para actuaciones en alguno de los edificios catalogados por el Ayuntamiento, una cifra que va en alza por el parón de la construcción de vivienda nueva.

La Opinión

El Estado paraliza la rehabilitación de 3.000 viviendas sociales. Tenerife

La rehabilitación y reposición de 3.000 viviendas sociales de Tenerife parece no estar entre las prioridades del Gobierno central. El Estado ha decidido destinar para la recuperación de estos inmuebles –incluidos en 24 proyectos– unos 500.000 euros el año que viene, una cantidad que ni siquiera daría para sufragar los gastos de los 16 convenios en los que participa el Cabildo.

La Corporación insular colabora en el arreglo de 480 casas de promoción pública a pesar de que este tipo de actuaciones no son de su competencia. Para terminar los 16 proyectos en los que participa la institución, se necesitan 42 millones de euros –sin contar el gasto que supone la mejora del resto de hogares sociales de la Isla (2.519) –.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por el contrario, es la administración pública con más obligaciones en este ámbito, ya que es el organismo con una mayor participación en las políticas de rehabilitación al tener que financiar el 50% del coste de las obras de recuperación. "Evidentemente, los 500.000 euros que aporta a Tenerife van a suponer un parón en el ritmo de los trabajos que se desarrollan en la Isla", denunció el consejero insular de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, José Antonio Valbuena.

"Si el Estado ingresa medio millón al año, para completar los 21 que le corresponden en los proyectos del Cabildo, vamos a tardar 42 años para las rehabilitar las casas", y esto es "insostenible", advirtió el responsable de este área .

La Corporación insular colabora actualmente con los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna, Candelaria y Adeje. El presupuesto para desarrollar estos 16 convenios en los barrios de los cuatro municipios alcanza los 42 millones de euros, una cuantía que está pendiente de ejecutar. El Estado, sin embargo, va a destinar 1,65 millones para la rehabilitación y reposición de las casas sociales de toda Canarias.

Con los 500.000 euros que le tocarían a Tenerife, según los cálculos realizados por el consejero insular, es imposible atender las necesidades. Ante este panorama, lamentó que, "si no existe un compromiso mayor por parte del Estado, con este dinero no es posible desarrollar una política activa de viviendas".

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El Archipiélago contó en 2011 con 11,68 millones de euros para la recuperación. El Gobierno central, sin embargo, dejó la partida para este año en 9,82 millones. La previsión para 2013 tampoco es alentadora. Según recoge el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado, el tijeretazo en el Plan de Vivienda de Canarias baja la cuantía a 1,65 millones, lo que no llega ni a representar el 10% del dinero concedido para 2011.

El problema en vivienda "es importante desde el punto de vista financiero", reconoció el consejero insular. Esta disminución significa "que hay que cerrar las puertas" a las políticas de rehabilitación. Valbuena subrayó que el peso del gasto que suponen estas actuaciones no puede ser soportado por las administraciones locales sin la ayuda del Gobierno central. Es por estas circunstancias por lo que el grupo de gobierno del Cabildo demanda al Estado "una mayor sensibilidad", reclamó.

La mayoría de las obras en las que participa la institución de Tenerife para la rehabilitación de las 480 viviendas se están ejecutando. El responsable del área explicó que el municipio donde hay más trabajos parados es en la capital tinerfeña por los desacuerdos entre los inquilinos y sus ayuntamientos y porque en varios municipios están a la espera de la aprobación de sus planes generales de ordenación.

Los afectados por el mal estado de sus hogares de promoción pública deben acarrear con el 5% del coste de las obras, aunque este porcentaje varía. Además de los residentes, también colaboran en el coste de los trabajos de recuperación de los inmuebles el Estado (con el 50%), el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, aportan el resto.

Valbuena explicó que las actuaciones del Cabildo se centraban hace 15 años en ayudar a los jóvenes a adquirir una casa. Con la crisis, a lo largo de los últimos cuatro años, "no ha habido una preocupación por parte de la Corporación insular para reorientar estas actuaciones". "Viene la crisis y las administraciones públicas, menos el Cabildo, adaptan sus políticas", criticó el consejero insular, en el cargo desde hace un año.

Según indicó, el grupo de gobierno actual ha recuperado estos trabajos y ha tramitado los 16 convenios de rehabilitación con los que se comprometió en el pasado.

El rescate de las inspecciones

Las competencias del Cabildo de Tenerife "van a ser muy limitadas" con vistas a las políticas de vivienda social del próximo año. Según el consejero insular del área, José Antonio Valbuena, la Corporación insular "no va a participar en la rehabilitación", sino que colaborará con la inspección de los edificios, que es su auténtica responsabilidad. Explicó que la selección para repartir los 500.000 euros que da el Estado para la recuperación de estos inmuebles en la Isla la hace el Gobierno de Canarias. A la hora de distribuir "migajas entre algo que es mucho más que migajas, yo no le puedo decir al Ejecutivo cómo lo tiene que hacer porque, entre otras cosas, no sé cómo lo haría", apuntó. 

Detalló que la competencia del Cabildo en relación a vivienda es funcionar como policía, por lo que la Corporación insular realizará un estudio a partir del año que viene de todo el parque público. Saber en qué condiciones están las casas será el objetivo. 

Valbuena reconoció que "las políticas de vivienda no han estado en las prioridades del Cabildo hasta la fecha", pero considera que la situación de los hogares de promoción pública "tiene que ser una preocupación de todas las administraciones". Agregó que la finalidad de las inspecciones será evitar reposiciones.

La Opinión

El Plan de El Toscal brinda protección a 200 casas. Tenerife

El Plan Especial de Protección (PEP) de El Toscal plantea conceder protección a 178 inmuebles de este barrio santacrucero, aunque no se descarta que se sume alguno más al listado. La Gerencia de Urbanismo está pendiente de mantener el próximo mes una reunión con los técnicos del área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife para poder cerrar el número definitivo de edificios que estarán protegidos. El grado o catalogación dependerá de las características arquitectónicas así como del valor patrimonial que tenga cada uno de los inmuebles.

"Si conseguimos cerrar la catalogación de edificios el próximo mes, sólo nos faltaría que el Informe de Sostenibilidad Ambiental tenga el visto bueno del Gobierno canario, por lo que calculamos que el documento podría estar terminado a finales de este año o, como muy tarde, en enero. Nuestro objetivo es que la aprobación definitiva del PEP se produzca en 2013", explicó Fermín García, uno de los responsables de la redacción del Plan Especial.

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La aprobación del PEP también supondrá que no se podrán modificar las estructuras de ni uno sólo de los 178 edificios catalogados. "Este documento tiene como prioridad mejorar y conservar el patrimonio edificado", comentó García. Agregó que "en un solar próximo a la futura guardería se proyecta la construcción de viviendas para jóvenes. Esto permitirá paliar el envejecimiento poblacional del barrio".

No obstante, el técnico de Urbanismo precisó que, en ningún caso, la nueva edificación o la rehabilitación de las que no están protegidas podrán exceder de las cuatro plantas en el ámbito de protección, que va desde la Calle San Vicente Ferrer, aunque coge dos manzanas en San Francisco Javier, hasta El Saludo y desde la Calle de La Rosa hasta San Miguel.

La protección del patrimonio edificado no está reñida con las necesidades que tienen los vecinos del barrio de El Toscal por lo que además de la guardería, que se ubicará en las proximidades de la Casa Pisaca, el Plan Especial de Protección también recoge la necesidad de ampliar el colegio Onésimo Redondo. Para ello, los técnicos municipales aprovecharán las antiguas casas de los maestros para incrementar la superficie del centro. "Ambos inmuebles serán destinados también a la docencia", apuntó Fermín García.

La conocida como Casa Siliuto, su nombre real es Casa Lázaro, se convertirá con la aprobación del Plan Especial de Protección en la Casa de la Juventud de El Toscal. El proyecto para su remodelación estará concluido el próximo mes de febrero y las obras de acondicionamiento supondrán una inversión de casi un millón de euros, según explicó García

El barrio contará con una escuela taller en la que se formarán los jóvenes, quienes podrán realizar sus prácticas en cualquiera de los inmuebles de El Toscal que están pendientes de rehabilitar.

El ensanche chicharrero

El Toscal fue el primer ensanche que tuvo la ciudad en el siglo XVIII, por lo que muchos de los edificios de este barrio fueron construidos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

En un principio, esta zona estaba conformada por viviendas con fincas pero también ciudadelas y casas terreras que alojaban a la mano de obra que trabajaba en las plantaciones y, posteriormente, en el recién construido Puerto de Santa Cruz.

El gran valor patrimonial de El Toscal hizo que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico en 2007. En el momento en el que el barrio fue declarado BIC, sólo 60 inmuebles de la zona fueron catalogados y obtuvieron protección

La Opinión

Parches en el patrimonio. San Cristobal de La Laguna

Artículo de D. Barbuzano

La ciudad de La Laguna cada día está teniendo mucha más importancia por los atractivos que oferta, pero su patrimonio arquitectónico está muy descuidado como es el caso de la histórica casa Alvarado Bracamonte, del siglo XVII, más conocida como la casa de los Capitanes, donde se encuentran las dependencias de la Alcaldía.

Este edificio es el más frecuentado por los que visitan la ciudad, no sólo por su alto valor histórico, sino porque en el mismo se localiza una de las oficinas de información turística.

Lo lamentable y criticado ampliamente por varios colectivos sociales y culturales de la ciudad es el lamentable estado que presenta su fachada, ya que donde se ha perdido parte de la piedra del marco de la puerta principal, en vez de haber sido restaurado por expertos canteros, pues a alguien se le ocurrió "la brillante idea" en su día de taparlo con comento y darle una mano de pintura que ni siquiera se asemeja al rojizo de la piedra. Además, al mortero ni siquiera se le ha dado el moldeado de la estructura donde fue aplicado, sino se dejó de forma lisa.

Deterioros en el interior

Pero si se accede al patio interior, la situación es mucho más impactante, ya que se pueden ver columnas de piedra rojiza con parches de cemento de color blanco, o bases de las mismas tratadas con dicho material, mientras a otras les faltan muchos trozos.

Hay columnas y ornatos de piedra que han perdido fragmentos, algunos de ellos en el suelo, y a ningún responsable político del Patrimonio desde hace varias legislaturas se le ha ocurrido encargar a un cantero especialista en restauración el quitar los parches de cemento, aplicar piedra, y a aquellos elementos decorativos, sobre todo los que dan a la calle, repararlos utilizando piedra.

Con dicha acción no sólo se borraría esa imagen antiestética y de abandono que presentan las columnas y la puerta de cantería de la casa de los Capitanes, sino que contribuirá a una mejor conservación de las mismas.

Un deterioro anunciado

El 17 de junio de 1993, el que fuera consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, Marcos Brito, denunció ante el Ayuntamiento de La Laguna que había un deterioro en la piedra utilizada en su día en varios edificios emblemáticos de la ciudad, entre los que citó la casa de los Capitanes Generales.

La realidad es que nadie ha hecho caso en estos 19 años, a pesar de que los arquitectos destacaron que, dado el deterioro del edificio, "debemos incidir en el indiscriminado efecto de este proceso de deterioro y buscarle una solución".

Sobre la historia de la casa, cabe decir que el capitán general de Tenerife Diego de Alvarado Bracamonte la edificó entre 1624 y 1631. Además, parte de ella fue reformada por su hijo, Diego de Alvarado Bracamonte Vergara y Grimón (1631-1681). Luego fue residencia de los capitanes generales.

El exterior del edificio se nos muestra con un gran lienzo donde las ventanas, enmarcadas en cantería roja, se distribuyen asimétricamente. La portada, también de toba roja, presenta dos cuerpos: el inferior, con la puerta de acceso encuadrada entre pilastras almohadilladas; y el superior, con un balcón apoyado sobre ménsulas rematado por un frontón partido con una bola central. La decoración con dentículos se distribuye en la base del balcón, así como en los lados del frontón. Motivo decorativo interesante es el esgrafiado, puesto al descubierto recientemente, que asemeja una balconada con balaustres.

El interior de la casa se articula en torno a un patio en forma de U con una escalera de acceso, mitad de piedra, mitad de madera, que nos introduce en la parte noble de la misma.

La distribución asimétrica de las ventanas en la fachada es un aspecto constructivo que, quizás, nos habla más de satisfacer necesidades vivenciales del edificio que de mantener un orden estructurado previamente.

Actualmente la casa de los Capitanes alberga, en la parte superior, las dependencias de la alcaldía del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y otras oficinas de interés como el gabinete de prensa.

En la parte inferior se localiza la sede del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), que vela por la conservación del patrimonio.

El Día

El Ayuntamiento se quedará con los edificios que no se reparen. Santa Cruz de Tenerife.

Todos los propietarios de edificios, solares y construcciones están obligados a partir de mañana a mantenerlos para garantizar su seguridad, limpieza, accesibilidad y decoro, así como tenerlos en unas buenas condiciones estéticas. Si no tendrán que pagar a la Gerencia de Urbanismo multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros, cantidades que incluso podrían ser superiores dependiendo de la gravedad de la infracción. Además el Ayuntamiento podrá acordar la expropiación forzosa del inmueble si supone un peligro para la seguridad de los ciudadanos y de otros bienes y sus dueños se niegan a rehabilitarlos.

Lo establece la nueva ordenanza municipal sobre Conservación, Restauración, Rehabilitación y Estado Ruinoso de los Inmuebles de la ciudad que la Gerencia de Urbanismo aprobará de forma inicial mañana, y con la que se regulará la obligatoriedad de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) en aquellas construcciones que tengan más de 30 años. Precisamente, la ordenanza obliga a los propietarios a presentar en el Ayuntamiento un acta de inspección que ellos mismos tendrán que costear, y que tendrá que realizar un técnico facultativo competente o una entidad de inspección técnica homologada, en la que se refleje el estado del edificio.

Los primeros que tendrán que cumplir con este requisito, y deberán hacerlo este mismo año, son los dueños de los edificios construidos o reestructurados en 1962, así como aquellos construidos antes de 1940. En 2013 les tocará el turno a los inmuebles levantados en 1963 y a los construidos entre 1940 y 1952; en 2014 deberán presentar la inspección técnica los propietarios de las edificaciones de 1964 y de las que se llevaron a cabo entre 1953 y 1958, y en 2015 les tocará a los inmuebles de 1965, a los construidos entre 1959 y 1961 y a los que pertenezcan a personas jurídicas públicas, incluidos en el catálogo de edificios protegidos.

En 2016 tendrán que garantizar el buen estado de la construcción los dueños de los inmuebles de 1966 y aquellas personas jurídico públicas con construcciones no catalogadas incluidas en el centro histórico y en los cascos históricos; en 2017 les tocará el turno a los inmuebles levantados en 1967 y a los edificios propiedad de personas jurídico públicas con construcciones ejecutadas antes de 1975; en 2018, los edificios de 1968 y los construidos entre 1970 y 1974, y en 2019 los de 1969 y los que se llevaron a cabo entre 1975 y 1978. A partir de 2020 se establece la obligación de realizar una inspección técnica periódica cada diez años.

Si las inspecciones técnicas son desfavorables, los propietarios tendrán que llevar a cabo las actuaciones y obras necesarias. En el caso de que no se realice la inspección o que no se ejecuten los trabajos requeridos, el Ayuntamiento podrá imponer hasta tres multas coercitivas y si aún así los dueños no hacen nada, la Gerencia de Urbanismo procederá a la ejecución subsidiaria. Esto quiere decir que la propia corporación local acometerá las obras, que después el Consorcio de Tributos pasará a cobrar a los propietarios, y si no pagan se les embargará los bienes.

El Ayuntamiento también podrá dictar órdenes de ejecución sin necesidad de esperar a que se presenten las actas de inspección técnicas de los edificios, en el caso de que se produzcan denuncias y de que los técnicos municipales detecten que un inmueble se encuentra en mal estado. Y los propietarios también tendrán que pagar multas en el caso de que no cumplan con las órdenes dadas por el Consistorio, que pueden estar relacionadas con obras de conservación o rehabilitación y con la adaptación al ambiente, entre otras actuaciones.

La Gerencia de Urbanismo de la capital podrá declarar el estado de ruina de un edificio y exigir las actuaciones que sean necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, la declaración administrativa de la situación legal de ruina urbanística o la adopción de medidas de urgencia adoptadas por el Ayuntamiento no eximirá a los propietarios de las responsabilidades "de todo orden" en que hubiesen podido incurrir o les pudieran ser exigidas por negligencia o incumplimiento del deber de conservación que les correspondan.

"Con la riada de 2002 nos dimos cuenta de que en Santa Cruz son demasiados los edificios que se encuentran en mal estado y por eso es tan necesaria la obligatoriedad de la inspección", comentan los técnicos que han elaborado la ordenanza. Precisamente, y según esta normativa, el Ayuntamiento tendrá que realizar en el plazo de 24 meses el Registro de Edificaciones y Construcciones de la ciudad, que ahora no existe.

Por otra parte, los técnicos municipales aclaran que la obligación de que los edificios estén insonorizados para poder garantizar la animación de las calles se incluirá en el futuro, porque ahora, y según reconocen, la población no dispone de demasiado dinero para acometer tantas obras. 

La Opinión

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona inicia el proceso para rehabilitar la cubierta del antiguo Convento Franciscano. Santa Cruz de Tenerife

Las Concejalías de Servicios Generales y Patrimonio Histórico-Artístico que dirigen los socialistas Juan Rodríguez Bello y Jacob Donate González, respectivamente, han iniciado las gestiones necesarias para proceder a la rehabilitación de la cubierta del antiguo Convento Franciscano San Luis Obispo, catalogado como Bien de Interés Cultural del siglo XVII.

El proyecto de rehabilitación, cuya dirección está tutelado por Miguel Ángel Matrán, reconocido experto en conservación de Bienes de Interés Cultural y profesor de Arquitectura Técnica de la Universidad de La Laguna, forma parte de las acciones previstas en el convenio de colaboración rubricado recientemente entre la administración local y la Fundación Centro Internacional de Conservación del Patrimonio (CICOP).

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Jacob Donate, que acompañó a Miguel Ángel Matrán durante la inspección técnica con el fin de comprobar el estado de la cubierta y conocer las primeras impresiones técnicas, indica la relevancia de este proyecto de rehabilitación para el Consistorio, “dado el valor y la catalogación del inmueble, así como para la población y visitantes en general que han sufrido el corte del acerado y el consiguiente peligro de posibles desprendimientos durante tres años”. Añade que en breve se contará con el diagnóstico técnico y el plan de rehabilitación, y se estima que a lo largo de este verano se puede proceder a la restauración de la cubierta.

“Gracias a las gestiones realizadas y el Convenio con la Fundación -apunta el concejal Juan Rodríguez Bello-, hemos logrado que el proyecto de rehabilitación sea de coste cero para las arcas municipales. Además, y tras las impresiones iniciales de la dirección de la obra, gran parte del acondicionamiento de la cubierta se podrá ejecutar con personal del área de Servicios Generales, lo que supondrá un gran ahorro para las arcas municipales” apostilla Juan Rodríguez Bello.

Ambos concejales agradecen la colaboración del profesor Matrán y el apoyo de la Fundación CICOP para dar respuesta a este problema heredado desde hace tres años, “y que a pesar de contar con requerimientos del Cabildo de Tenerife para su restauración desde el año 2010, no supo darse respuesta por parte del anterior grupo de gobierno”.

La Voz de Tenerife

El Estado suspende por tres años la rehabilitación del casco y tres barrios. La Laguna (Tenerife)

El Ministerio de Fomento ha decidido aparcar por tres años la financiación de los proyectos de rehabilitación de viviendas del casco y tres barrios de La Laguna. Se trata de 474 pisos sociales de La Verdellada, Princesa Yballa-La Florida (Taco), El Cardonal (La Cuesta) y 250 casas del centro histórico. Los inmuebles tienen más de 40 años de antigüedad y sufren graves deficiencias. Su arreglo, proyectado por la Sociedad Municipal de Vivienda (Muvisa), tiene un presupuesto de 4 millones de euros para los polígonos y 15 millones para el casco.

El Ayuntamiento daba por hecho que se incluirían las partidas para estos barrios declarados Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) en los Presupuestos Generales del Estado de este año, pero el Ministerio de Fomento ha confirmado su suspensión hasta 2015 debido a los recortes.

El concejal de Vivienda, Antonio Pérez-Godiño, señaló ayer que el Gobierno central ha comunicado al municipio que a partir de ahora los proyectos restauración deberán ejecutarse a un ritmo más lento. "Madrid quiere darle otra velocidad a las ayudas que se ha comprometido a entregar y estamos convencidos de que este retraso tendrá un efecto muy negativo. Las viviendas se deteriorarán aún más durante la espera y eso no hará más que generar problemas para los vecinos", recalcó.

Para los residentes en Princesa Yballa-La Florida, la noticia "ha sido un golpe muy fuerte", admitió ayer Concepción Díaz. "Los pisos están muy mal. Los techos tienen tantas filtraciones que cuando llueve mucho hay gente que tiene que estar con el paraguas dentro de su casa", detalló esta vecina.

El polígono se compone de 300 pisos en La Florida y 500 en Princesa Yballa. Se construyó hace 40 años y los bloques fueron adjudicados como viviendas sociales a personas con escasos recursos. Hoy muchos son pensionistas con rentas bajas, que la crisis ha convertido en mantenedores de sus hijos y nietos en paro. Los edificios de esta zona de La Cuesta no tienen ascensores y algunas de sus fachadas no han sido pintadas jamás desde su construcción. La primera fase de rehabilitación se iba a ejecutar en 146 de sus 1.157 pisos con un presupuesto de 1.029.539 euros.

En La Verdellada, se han finalizado las primeras tres fases pero quedan pendientes la cuarta y quinta en 147 bloques. El presidente de la Asociación de Vecinos, Moisés Alfonso, dejó claro ayer que "los Verdeños no van a parar de defender este proyecto" y anunció el inicio de asambleas y movilizaciones de protesta. Lamentó que "el PP traicione a las clases medias que le votaron, haciendo que sus recortes recaigan en los que menos tienen".

Para Jonathan Domínguez, concejal de Obras e Infraestructuras de La Laguna y vecino de La Verdellada, la cancelación temporal de los ARI es "muy preocupante". "Son proyectos sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de gente mayor con pocos recursos y estoy seguro de que Fomento podría recortar de otras partidas si quisiera", recalcó.

El concejal de Vivienda, Pérez-Godiño subrayó que el Ayuntamiento ha tenido que adelantar 500.000 euros para la ejecución de la tercera fase de las obras de La Verdellada, que el Estado no ha abonado todavía, y se comprometió a finalizar los trabajos iniciados de la cuarta, que este año no recibirá 1.678.712 euros previstos.

"Son bloques de cinco plantas que necesitan ascensor porque hay mucha gente con movilidad reducida, en los que se deben realizar trabajos de impermeabilización para garantizar la conservación de los edificios e intentar prolongar su vida útil", destacó Domínguez.

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En tanto, en El Cardonal estaba planeado arreglar 168 pisos por 1.291.167 euros. Para Francisco Barreto, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Aguere, la decisión de Fomento de suspender los ARI de estas viviendas es "gravísimo". "Cuantos más recortes, más impuestos y menos inversión haya, menos trabajo tendremos. Pero además de este bucle que nos lleva proa al marisco, me preocupa la crisis social y la pérdida de valores . Si la sociedad no reacciona y se hace escuchar estamos perdidos", vaticinó Barreto.

Además de retrasar estos proyectos, Fomento también ha dejado en el aire el ARI de San Luis Gonzaga y la reposición de los bloques de El Centurión. Los vecinos de San Luis Gonzaga, en Taco, esperaban ayer recibir más información sobre el alcance de estos recortes. Según explicó el secretario de la asociación de vecinos, Gregorio Aguilar, en las últimas reuniones con el Ayuntamiento "nos explicaron que la primera fase ya tenía presupuesto". No obstante, ante las novedades anunciadas desde Muvisa, los vecinos planean convocar una asamblea para saber exactamente cómo les va a afectar este recorte. En este barrio viven unos 2.100 habitantes.

El proyecto de rehabilitación consta de dos fases e incluye la reparación e impermeabilización de techos, fachadas y la reurbanización de la zona. "Está previsto mejorar las aceras, los jardines y ese tipo de cosas", explicó el representante vecinal. Cada una de las fases afecta a unas sesenta casas y ya se había anunciado el inicio de la primera en verano.

La Opinión

El Colegio de Arquitectos insiste en mejorar el mantenimiento de los edificios públicos. Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Colegio de Arquitectos de Canarias en la Demarcación de Tenerife, Federico García Barba, ha recalcado la necesidad de hacer hincapié en el mantenimiento de los edificios públicos para evitar que sucedan incidentes similares al del Intercambiador de Santa Cruz. Además, recordó que ya se ha dado un caso similar en Gran Canaria, en concreto en el polígono de Rehoyas, donde cayó el falso techo de algunas viviendas.

“Para nosotros es esencial el aumento de las labores de mantenimiento, y que se efectúe la Inspección Técnica de Edificios, que no se está llevando a cabo”, insistió el presidente del Colegio de Arquitectos en Tenerife. Además, señaló que esta medida se le ha propuesto al consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, quien aseveró que se trata de una competencia municipal y no regional.

García Barba recalcó que “en nuestra región se gastan ingentes recursos públicos en la construcción de todo tipo de infraestructuras, pero su mantenimiento y seguimiento constructivo posterior suele brillar por su ausencia, hasta que se producen desgracias y hechos luctuosos que hacen que los políticos y las administraciones hagan declaraciones manifestando la necesidad de atender también estas cuestiones”.

Del mismo modo, sugirió que “habría que corregir esta situación urgentemente, arbitrando otro tipo de medidas que incentiven realmente el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios de una manera constante”. El representante de los arquitectos explicó que “en la vigente Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, ya se planteó un primer esfuerzo para dotar los edificios con los necesarios controles en su cuidado y seguimiento posterior. Es lo que se conoce como Libro del Edificio, un conjunto de instrucciones sobre las necesidades para el adecuado mantenimiento que debe darse a los propietarios de cada edificio una vez finalizadas las obras de construcción”.

La misma fuente indicó que este documento establece los parámetros y plazos para el control de aspectos que garantizan una adecuada funcionalidad, seguridad y habitabilidad, como el seguimiento de las estructuras, el funcionamiento de las instalaciones o la protección. 

http://www.diariodeavisos.com

El renacimiento de los palacetes en ruinas. La Laguna (Tenerife)

Decenas de caserones del casco histórico de La Laguna permanecen en la actualidad deshabitados, convertidos en ruinas decadentes, que a pesar de sus puertas tapeadas, paredes descascaradas y techumbres cargadas de verodes siguen dando testimonio de un pasado lejano marcado por la opulencia del abolengo que hizo de ellos su hogar.

Hoy difícilmente haya familias que necesiten las 14 habitaciones que tienen algunas de estas casas y aunque las hubiera no ganarían lo suficiente para poder mantenerlas. Por eso muchos emprendedores buscan alternativas para aprovechar estos inmuebles. El espacio multifuncional Casa Albar, la Fundación Cristino de Vera de CajaCanarias y el hotel rural La Asomada del Gato son tres ejemplos de cómo resucitar de entre las ruinas a antiguos palacetes para darles un prometedor futuro.

Cuando la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1999, el casco no dejaba de perder población. Con la puesta en marcha del Plan Especial de Protección, en 2005, las tornas comenzaron a cambiar. Los incentivos fiscales, la flexibilidad en las intervenciones y las subvenciones que puso en marcha el Ayuntamiento, con la ayuda del resto de administraciones, impulsaron la rehabilitación de 90 edificaciones históricas catalogadas, mientras otras 38 que estaban vacías volvieron a tener inquilinos.

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Pero aún quedan 65 casonas a la espera. Estas son las historias de las tres que no se convirtieron en escombros gracias a proyectos creativos:

Casa Albar

Inaugurada hace exactamente un año, se ha convertido en el lugar de moda. Tiene 1.200 metros cuadrados construidos. En la planta baja acoge locales comerciales vinculados a la gastronomía y la decoración, así como un restaurante. En la primer planta funcionan el consulado de México y diversas oficinas. La tercera y última planta se reparte entre salones de exposiciones y otros multiusos, donde se celebran eventos especiales y se dictan conferencias y seminarios, y el estudio de Alcuadrado, dirigido por Alberto González Martín-Fernández, propietario, arquitecto y constructor de la Casa Albar.

El edificio está ubicado en la plaza de La Concepción y fue edificado originalmente en el siglo XVIII. Es un ejemplo de arquitectura vernácula canaria que hasta su transformación en espacio comercial había funcionado siempre como vivienda. En su interior residió la hermana de Benito Pérez Armas, pero no hay constancia de otros ocupantes ilustres. A lo largo de los siglos se realizaron varias ampliaciones y transformaciones.

En 1993, Alberto González Martín-Fernández heredó la casa. "Quería evitar caer en el error de abrir los espacios comerciales de la fachada, la parte más noble, y dejar caer el resto de la casa, como hacen algunos", advierte el arquitecto. Su proyecto incluía todo el inmueble, lo que hacía que la intervención fuera muy cara. "Había que hacer una inversión millonaria y ser muy creativo para buscar la manera de rentabilizar ese dinero. Las instituciones públicas no miden este factor de rentablidad, por eso lo tienen más fácil", comenta el propietario.

Con ese objetivo, González inició una reforma guiada por la idea de hacer una casa luminosa, con espacios amplios y flexibles y una estructura y materiales que hicieran permeables los distintos ambientes a la mirada del visitante.

El nombre de la casa es sinónimo de blanco, el color con el que están pintadas todas sus paredes. "Quería evitar darle una connotación familiar al nombre y me pareció apropiado llamarla así porque siempre tuve la idea de pintarla de blanco. Es un edificio tan rico en elementos arquitectónicos que no imagino que pueda estar mejor en otro color", apunta su dueño.

En el primer aniversario de su puesta en marcha afirma que "el esfuerzo ha valido la pena". "Reconvertir una casa de estas en un espacio comercial es perfectamente rentable, no es una labor nostálgica", concluye.

Fundación Cristino de Vera

El primer antecedente histórico que se tiene de la casa del número 18 de la calle San Agustín data de su construcción a mediados del siglo XVIII. Su primer ocupante conocido fue Antonio Vizcaíno de Quesada, abogado de los reales consejos, teniente de corregidor y alcalde mayor de la Isla. A principios del siglo XX, pasó a manos de la familia Saavedra. Durante 20 años el arquitecto Fernando Saavedra tuvo su despacho en este edificio, hasta que hace en 2004 se lo vendió a CajaCanarias.

Dos años más tarde, los arquitectos Fernando Saavedra y su hermano Vicente, junto a Juan Pablo Rodríguez Frade, se pusieron al frente de la obra de transformación de la casa en la actual fundación dedicada al pintor Cristino de Vera. La idea seguía la tendencia iniciada a finales del siglo XX en el ámbito nacional de la creación de fundaciones o pequeños museos dedicados a pintores destacados de las vanguardias y el medio siglo. La primera de este tipo fue La Fundación Joan Miró de Barcelona, abierta en 1975.

Fernando Saavedra asegura que el inmueble tenía "muy deteriorada la piel". "Para transformarla, tuvimos que responder a dos retos: respetar la fachada, la estructura básica y todos los elementos principales, al tratarse de una casa protegida, como los pisos de tea o los techos artesonados; pero también convertir una antigua casa en un museo, creando itinerarios y espacios con dimensiones determinadas, incorporando un salón de actos y un sótano", explica Saavedra. El equipo finalizó las obras en un año y medio. Los Reyes lo inauguraron el 23 de julio de 2009.

La Asomada del Gato

En 2003, los hermanos José (64 años) y Candelaria Chinea (53) decidieron comprarle a una familia inglesa la casa del número 45 de la calle Anchieta para convertirla en un hotel rural con encanto. Al estar enclavado en plena ciudad, su definición puede parecer contradictoria pero se entiende cuando uno atraviesa la puerta y descubre un lugar acogedor y silencioso presidido por un patio cargado de plantas.

Los hermanos Chinea se habían dedicado al comercio pero no tenían experiencia en hostelería. "Nosotros nos vinimos a vivir a la casa con la idea de hacer algo que nos diera un puesto de trabajo, a nosotros y una sobrina", relata José.

La obra de rehabilitación duró cuatro años. Comenzaron con cuatro habitaciones y ahora tienen el doble. A sus huéspedes les sirven el desayuno cada mañana y el comedor se convierte en restaurante para grupos y eventos especiales, como la próxima Noche en Blanco, con Candelaria en los fogones.

Tras cuatro años al frente del hotel, los Chinea se muestran satisfechos con los resultados. "Hay que invertir mucho dinero en estas casas y siempre hay gastos de mantenimiento, pero nos va bien y disfrutamos del trato con la gente que nos visita", afirmaba el viernes Candelaria, mientras colgaba el cartel de completo en la puerta.

La Opinión

Setenta viviendas del barrio Antón Guanche de Candelaria (Tenerife) serán rehabilitadas

El departamento canario de Vivienda, que dirige Inés Rojas, ha cerrado con la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas la financiación conjunta que permitirá la rehabilitación de 70 viviendas del barrio Antón Guanche, en el municipio de Candelaria, una obra que contará con una inversión total de 1.024.100 euros que será cofinanciada por el Estado, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Candelaria, el Cabildo de Tenerife y aportaciones particulares.

La responsable canaria de Vivienda, Inés Rojas, ha explicado que se trata de la segunda fase de la rehabilitación integral del barrio Antón Guanche con la que se pretende reparar las instalaciones generales, en especial el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, aunque también se mejorarán las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, las cubiertas, los revestimientos, las*fachadas y la estanqueidad de los edificios.

Para Inés Rojas, éste es "un acuerdo de gran relevancia en el que las administraciones implicadas unimos nuestros esfuerzos económicos para mejorar el aspecto general del barrio, la vivienda y la calidad de vida de las familias que las habitan y que si no contaran con este empuje de las administraciones no podrían acometer". "La rehabilitación es una de las líneas estrellas del Plan de Vivienda de Canarias, ya que nos permite mantener las viviendas, no ocupar más suelo y crear empleo por ello hemos incrementado en un 95 por ciento el número de actuaciones previstas en el Plan de Vivienda actual respecto al anterior", añadió.

REHABILITACIÓN DE DIEZ BARRIOS

En total, el Gobierno de Canarias ha acordado con el Estado la financiación que permitirá la rehabilitación de 861 viviendas de siete barrios canarios y la reposición de la vivienda de 220 familias, con una inversión total que alcanzará los 42.050.693,65 euros.

La firma de estos diez nuevos acuerdos supondrá, según la responsable de vivienda, "mejorar la calidad de vida de más de un millar de familias que podrán seguir residiendo en su barrio de toda la vida pero en unas condiciones dignas".

La intervención en estos diez barrios se suma a las ya aprobadas en los últimos años y que en la actualidad están facilitando la rehabilitación y reposición de un total de 5.726 viviendas de un total de 36 barrios

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rehabilitará 52 viviendas del barrio de Miramar

La concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado de forma provisional las obras de rehabilitación del Bloque número 32 del Barrio de Miramar, formado por 52 viviendas.

Con esta actuación, correspondiente a una primera fase que se extenderá a un total de 94 pisos, Miramar se suma a los proyectos de rehabilitación integral de zonas comunes que la sociedad municipal de la vivienda promueve en diferentes barrios de la capital tinerfeña.

 La responsable del área, Ángela Mena Muñoz, firmó la resolución por la que se adjudican los trabajos, provisionalmente, a la unión temporal de empresas formada por “Constructora Herreña Fronpeca S.L”. y “Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.”, por un importe de 400.213,85 euros.

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De dicho presupuesto, los vecinos beneficiarios del ARI aportan el 10 por ciento, mientras que las administraciones estatal, autonómica, insular y municipal destinan el 90 por ciento, es decir, el grueso de la inversión.

En este sentido, los particulares que no puedan hacer frente a este 10 por ciento, podrán optar a los microcréditos que con carácter especial concede CajaCanarias Banca Cívica tras el acuerdo firmado recientemente con Viviendas Municipales para facilitar a los vecinos la aportación económica que legalmente les corresponde y así poder hacer efectiva la rehabilitación.

 Valoración de la oferta

La mesa de contratación aprobó la adjudicación provisional a la citada UTE al haber presentado la proposición económicamente más ventajosa de entre un total de seis ofertas de empresas que concurrieron a la licitación, convocada por procedimiento negociado, con publicidad y tramitación ordinaria.

La mesa de contratación tuvo en cuenta, a la hora de valorar la oferta de la UTE “Fronpeca” – “Lopesan”, el conocimiento del proyecto y de las obras a realizar, las medidas de información a los vecinos, el estudio de organización de los trabajos y los medios a utilizar, la claridad y racionalidad de la propuesta, el ritmo de su ejecución y el compromiso de terminar las obras en los plazos asignados, entre otros factores.

 Los trabajos contemplan la ventilación de bajantes, la impermeabilización y  tratamiento de fachadas y cubiertas, así como la adecuación de audiovisuales y la mejora de la accesibilidad.

 Ángela Mena ha reiterado que el compromiso del Ayuntamiento pasa porque “la sociedad municipal de la vivienda promueva el mayor número de rehabilitaciones integrales de edificios de la ciudad, con el ánimo de alargar su vida útil y de mejorar la calidad de vida de los residentes”.

Según la concejala, en cada rehabilitación que se acomete, “se pretende que la comunidad se ocupe de gestionar ella misma los intereses del colectivo, velando por la conservación y mantenimiento de las instalaciones. Queremos que el trabajo comunitario tome protagonismo en los barrios de Santa Cruz, que la ciudadanía se organice en la defensa de los intereses colectivos.

No me cansaré de repetir hasta la saciedad – argumenta Ángela Mena – que nos interesa muchísimo escuchar las voces  difícilmente percibidas, las de aquellas partes de la ciudadanía que no han sido convenientemente escuchadas, porque activando estas voces, hasta ahora poco audibles, estaremos ganando la batalla contra la desigualdad y construyendo una ciudad para todos”.

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