El hundimiento de la Casa de la
Duquesa de Sueca, un edificio del año 1850 protegido por su valor histórico, ha
sido fruto del abandono reiterado y negligente del
Ayuntamiento de Madrid, que conocía el progresivo deterioro del
palacio desde hace un cuarto de siglo, pero no hizo nada para frenarlo. El
exalcalde José María Álvarez del Manzano (PP) lo expropió en 1998. Entonces ya
pesaba sobre el inmueble un expediente de ruina; el Ayuntamiento, incluso,
había tenido que llevar a cabo ya actuaciones urgentes por motivos de seguridad
ante la negativa de los propietarios a hacerlo.
Un informe municipal realizado en
abril de 1998 mostraba “el agravamiento de los daños detectados en anteriores
inspecciones”, la primera de ellas realizada justo 10 años antes. Álvarez del
Manzano decidió entonces expropiar el edificio, pagando por él cuatro millones
de euros. Sin embargo, en lugar de rehabilitarlo, el Ayuntamiento dejó que se
fuera arruinando hasta un punto “irreversible”, tal y como señalan los informes
del 2 y 29 de abril a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
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Los documentos describen los daños que
sufre y el riesgo que supone para la seguridad de los edificios colindantes,
entre ellos un instituto público, y conminan a tirar abajo gran parte del
inmueble histórico. El propio Ayuntamiento reconoce, incluso, que ha
quebrantado tanto la Ley del Suelo como la Ley de Patrimonio Histórico, que le
obliga a conservar el edificio.
10 años de deterioro previo. La
primera actuación registrada en el expediente data de agosto de 1988, cuando
una inspección constató el hundimiento y pudrición de varios muros y galerías.
Meses después se aprobó la adopción de medidas de seguridad por ejecución
subsidiaria; es decir, ante la negativa de los propietarios a resolver el
problema lo hacía el Ayuntamiento, y luego les pasaba la factura. Estos
solicitaron sin éxito en 1991 que se declarara el estado de ruina,
probablemente para tirar abajo el edificio y aprovechar el solar, ubicado en el
número 2 de la plaza del Duque de Alba. Recibieron, además, la factura de esa
obra: 480.000 euros. Sin embargo, en 1998, una nueva inspección municipal
mostró el “agravamiento” de los daños ya detectados, lo que obligó a otra
actuación urgente por ejecución subsidiaria. Finalmente, ese mismo año el
Ayuntamiento decidió expropiar el edificio para hacerse cargo de él
directamente.
10 años de abandono oficial.Álvarez
del Manzano quería ubicar allí la sede de la Concejalía de Asuntos Sociales. En
2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón (PP) le sustituyó en la alcaldía, decidió
en cambio rehabilitarlo para crear viviendas para jóvenes, amén de una escuela
infantil o de música o una biblioteca. El proyecto, encargado a Álvaro Siza,
costaría 12,6 millones y estaría listo en 2006. Pero el suelo tenía entonces
uso dotacional, y el trámite urbanístico se demoró. El edificio se dejó a su
suerte.
En 2007, un juez dio la razón a los
antiguos propietarios y dictó que se les devolviera el inmueble, al no haberse
hecho nada de aquello para lo que se expropió. En medio de un sinfín de pleitos
para acordar el precio y las condiciones de la devolución, el edificio siguió
abandonado.
Riesgo para las personas. El área
de Urbanismo redactó un informe el pasado 2 de abril tras recibir una alerta
del distrito Centro sobre “el posible riesgo” que supone el edificio para el
vecino instituto público San Isidro. El palacio, de 7.202 metros cuadrados
construidos sobre una parcela de 2.966 metros cuadrados, “ha sufrido un avance
considerable en su grado de deterioro”, constata el informe. “Se han producido
hundimientos parciales de fachadas y cubiertas que suponen un riesgo grave para
los edificios colindantes”, añade. “Los daños detectados son los mismos ya
relacionados en el informe del 2 de agosto de 1988, pues desde entonces no se
ha acometido ninguna obra de reparación. La estabilización del edificio
corresponde a intervenciones de carácter provisional con más de 15 años de
antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas
medidas de seguridad”, concluye el informe.
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“La total ausencia de conservación
implica que varias partes del inmueble suponen un riesgo para personas y bienes
en las parcelas y espacios públicos colindantes”, dictan los técnicos de
Urbanismo, señalando, entre otras zonas de peligro, el patio y capilla del
instituto, la plaza del Duque de Alba y una decena de edificios de viviendas.
En una primera inspección, se colocaron vallas en el patio del colegio para
evitar riesgos; pero una visita posterior llevó a ampliar aún más
el perímetro de protección.
Culpa del Ayuntamiento. Urbanismo decidió finalmente en
un informe del 29 de abril que, ante el “agravamiento continuo de los daños”,
cuya “evolución es impredecible a corto plazo”, y dado que “la situación es
especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos”, “se
estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del
edificio” y “proceder a la demolición” en un plazo máximo de cinco días. Las
obras ya han comenzado. El propio informe de Urbanismo reconoce la culpa del
Ayuntamiento. Reseña que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid especifica
que “los propietarios de edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”. Y que la Ley
regional de Protección del Patrimonio dicta además: “Los propietarios de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos,
mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su
integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad”.
Concluye así el informe municipal: “El deterioro y el agravamiento de los daños
existentes en la finca de referencia son fruto del total abandono en el que se
encuentra la edificación. (…) El incumplimiento del deber de conservación de
esta edificación implica además de los problemas de seguridad derivados, un
incumplimiento en el deber de protección del Patrimonio Histórico”.
