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martes, 3 de septiembre de 2013

Tenerife. 41 inmuebles municipales tienen que pasar la ITE en un año

La Gerencia de Urbanismo calculó que existían 1.400 edificios en Santa Cruz construidos con una antigüedad superior a los 50 años que tenían que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). De ellos, al menos 41 son propiedad del propiedad del ayuntamiento, según informó Alberto Bernabé, concejal de Patrimonio.

Entre estas propiedades municipales, se encuentran edificios tan emblemáticos como la propia sede del Ayuntamiento o La Recova.

Bernabé explicó que "se destinaría una cantidad, aunque fuera estimativa, a acometer reformas", en algunos de los edificios en el presupuesto de 2014.

No obstante, el concejal de Patrimonio avanzó que el consistorio ya había realizado algunas obras en los inmuebles de Cruz Verde y La Noria para "mejorar sus condiciones de seguridad".

La Inspección Técnica de Edificios puede salir positiva o negativa. En el segundo caso, el propietario (en este caso el ayuntamiento) tendría que realizar unas obras para poder volver a intentar pasar la ITE. Éstas, avanzó Bernabé, se sacarían a concurso, dijo.

La complejidad tal vez se encuentre con que no es lo mismo pasar la ITE de un edificio que la de un cementerio, y los tres que tiene la capital (Santa Lastenia, San Rafael y San Roque y el de Las Teresitas) tienen que pasar esta especie de ITV para los inmuebles que ya ha comenzado a rodar.

lunes, 15 de julio de 2013

Noticias ITE Santa Cruz de Tenerife

Se pone en marcha la ITE y somete a inspección a 1.400 edificios.
Los propietarios de 1.400 edificios con una antigüedad superior a 50 años tienen 12 meses para someter los inmuebles a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), ordenanza que entró en vigor el pasado mes de marzo y que ya cuenta con el mapa de viviendas que está bajo la influencia de esta normativa que valorará si el estado de conservación de los inmuebles es el adecuado. De esta forma, y según explicó ayer en rueda de prensa el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, se ha “elaborado un censo con los edificios que son susceptibles de pasar esta inspección y en él se han registrado unos 4.855 edificios, de los que se ha concluido que 1.400 tienen que someterse a la ITE”.

Según informó Martín, cada uno de los dueños será notificado individualmente a la vez que se publicitará en distintos medios el listado completo de edificaciones. En cuanto al coste de esta certificación, han estimado desde Urbanismo que rondará los 50 euros por vivienda por lo que “en una construcción con cinco viviendas se tendrá que pagar unos 250 euros”, ejemplificó el primer teniente de alcalde.

En caso de que la revisión realizada por los técnicos (aparejadores, ingenieros o arquitectos) diera como resultado la necesidad de acometer reformas, recordó el edil de Urbanismo que “tienen tres meses para llevar a cabo las indicaciones de los técnicos”. Actuaciones que de no realizarse llevan aparejadas una multa que puede ir desde los 1.000 euros y hasta los 3.000. En este punto, Martín señaló que dentro de la ordenanza se recoge la posibilidad de que aquellos vecinos que no cuenten con medios económicos suficientes para acometer las obras, en caso de que fuera necesario, pueden solicitar una subvención para hacer frente a las reformas, e incluso, añadió “puede hacerlas el Ayuntamiento de forma subsidiaria si entendemos que el propietario no tiene medios”.

El 80% en Centro-Ifara
El edil detalló que de los 1.400 edificios que deben someterse a la ITE, más del 80% (1.120) se encuentran en el Distrito Centro-Ifara. Martín justificó este alto número en que “en este distrito se concentran los cuatro conjuntos históricos con los que cuenta el municipio”. El resto de edificios se reparte entre el Distrito de La Salud (200), Ofra (30) y Anaga (9). En el Suroeste no existe ninguna construcción que supere los 50 años. La ITE regulará el estado en el que se encuentran las edificaciones y otorgará un certificado que deberá ser renovado cada 10 años, una vez que se haya superado la primera inspección.

De esta forma, las primeras construcciones que han de pasar la ITE serán las que estén fechadas antes de 1952 para, posteriormente, iniciar la ronda de inspecciones con las edificadas entre esa fecha y el año 1963 hasta adecuarse al margen temporal necesario para hacer coincidir el medio siglo de construcción con el año natural en curso.

El edil de Urbanismo recordó que, en caso de que no se pueda localizar a los propietarios de las edificaciones sometidas a inspección, después de publicarlo a través de los medios habituales, el Ayuntamiento siempre podrá “actuar de oficio, expropiando el inmueble que pasará a ser un bien más del municipio”.
Sin garantía energética aún

La puesta en marcha de la ITE en Santa Cruz ha pillado a contrapié a la Gerencia de Urbanismo con la norma de certificación energética marcada por el Gobierno central y que obliga a que todas las viviendas que sean vendidas o alquiladas cuenten con esta garantía. Así, explicó Martín, el encaje de esta certificación en la ITE aún está en estudio: “Estamos valorando cómo podemos adaptar esta norma a la ordenanza para simplificar los trámites a los vecinos”. El edil de Urbanismo adelantó que, en todo caso, se trata de que junto con la ITE también se pueda obtener la certificación energética. Lo que no aclaró el edil es si los propietarios tendrán un coste añadido por unir la certificación energética a la de Inspección de Edificios. El primer teniente de alcalde defendió que esta nueva ordenanza no tiene afán recaudatorio sino que se incentiva la actividad económica: “La puesta en marcha de la ordenanza propiciará también la generación de innumerables puestos de trabajo al fomentar el empleo dentro de los sectores asociados a los arquitectos, aparejadores e ingenieros, autorizados para hacer la inspección, y el gremio de la construcción y las reformas en los inmuebles”.

1400 inmuebles obligados a pasar la inspección el próximo año.

1400 inmuebles deben someterse a la Inspección Técnica de Edificación.
http://www.laopinion.es/

lunes, 11 de marzo de 2013

La Laguna. Urbanismo tramitó 96 inspecciones de edificios.


La Gerencia de Urbanismo tramitó en 2012 un total de 96 certificados de inspecciones técnicas de edificios (ITE) y ya lleva alrededor de una docena en lo que va de 2013. En este sentido, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de La Laguna ha establecido en los últimos años una moratoria de la obligatoriedad prevista para que todos los edificios del municipio de más de 25 años pasen esta inspección que acredite su buen estado de conservación, por lo que existe actualmente un período voluntario para cumplir con este requisito.

viernes, 8 de febrero de 2013

La Laguna. Los edificios de más de 25 años dispondrán de un año más sin estar obligados a pasar la inspección técnica.


Juan Manuel Bethencourt anuncia un ciclo de asambleas informativas por los pueblos y barrios del municipio 

El Ayuntamiento de La Laguna, de acuerdo con el parecer del movimiento vecinal, ha acordado establecer una nueva moratoria durante todo este año 2013 respecto a la obligatoriedad prevista para que todos los edificios del municipio de más de 25 años pasen una inspección técnica que acredite su buen estado de conservación. 

Así lo ha anunciado hoy el concejal lagunero de Urbanismo, Juan Manuel Bethencourt, quien manifestó que, de este modo, “todos los ciudadanos propietarios de edificios que superen esta edad disponen de un año más sin estar obligados a pasar esta Inspección Técnica, si bien sí pueden hacerlo de manera voluntaria”. 

Bethencourt indicó que “el Ayuntamiento toma esta decisión de aplazar la obligatoriedad de la medida en consonancia con las directrices dadas por el alcalde Fernando Clavijo, y debido a la difícil situación económica que vive nuestra sociedad, que presumiblemente provocaría que muchos ciudadanos tuviesen dificultades para realizar en estos momentos las posibles obras necesarias para garantizar la seguridad constructiva, salubridad y ornato público de los inmuebles”.

Asambleas contra falsos rumores
Dicha moratoria en la aplicación obligatoria de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) fue analizada en una reciente reunión del propio concejal de Urbanismo con la Federación de Asociaciones de Vecinos-FAV Aguere, encabezada por su presidente Francisco Haro. 

En dicho encuentro se acordó, asimismo, “realizar durante este año un ciclo de asambleas informativas abiertas a toda la ciudadanía por los pueblos y barrios de La Laguna para explicar en detalle la medida, facilitando información de primera mano sobre sus plazos, objetivos y requisitos a todos los interesados y evitando rumores falsos o publicidad engañosa”, manifestó Bethencourt, quien señaló que “la propia FAV Aguere ya ha realizados dos reuniones de este tipo con muy buen resultado en los barrios de San Matías y el Camino del Tornero”.

Al respecto, ambas partes establecerán un calendario de asambleas por todo el municipio sobre la ITE, en la que estarán presentes representantes y técnicos municipales, los propios portavoces de la federación vecinal y profesionales de esta rama urbanística.

Los inmuebles protegidos, obligados
Es preciso aclarar que esta moratoria no se aplica a los inmuebles incluidos en catálogos de protección (debido a normativa urbanística y de protección del patrimonio histórico-artístico vigente) ni a los que se hallan dentro del perímetro del centro histórico lagunero declarado Patrimonio de la Humanidad (en virtud de legislación autonómica sobre ordenación del territorio y espacios naturales), todos los cuales sí que están obligados a pasar una inspección técnica.

La ITE tiene como objetivo que los inmuebles de más de 25 años dispongan de un certificado técnico obtenido por su propietario, suscrito por profesionales titulados (arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores, etc.) y visado por el correspondiente colegio profesional, que acredite su buen estado de conservación.

Una vez se disponga de dicho certificado técnico favorable, éste debe comunicarse a la Gerencia de Urbanismo para la inclusión del inmueble en cuestión en el Registro de Inspección Técnica de la Edificación.

Esta medida no sólo garantiza la seguridad para los propietarios y moradores de los inmuebles, sino también para los viandantes ante eventuales riesgos para las vías públicas colindantes. Además, el haber superado esta inspección técnica otorga una mayor seguridad a posibles compradores de los inmuebles.

viernes, 1 de febrero de 2013

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aborda la ordenanza sobre conservación, restauración, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones


El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abordará mañana la aprobación de la nueva ordenanza sobre Conservación, Restauración, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. El documento, elaborado por los técnicos municipales adscritos a la sección de Inspección Urbanística y Actividades, define que a los propietarios de los inmuebles les corresponde el deber de conservación y rehabilitación de los inmuebles, por lo que establece, de forma sistemática y ordenada, todas aquellas medidas necesarias que controlen su cumplimiento. De igual manera, también hace referencia a las que sea necesario adoptar, en su caso, cuando no concurran las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro en las edificaciones.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, explica que la aprobación de esta normativa "afectará a todos los edificios y construcciones en el que se inscriban los inmuebles que cuenten con una antigüedad superior a los 30 años", salvo en las excepciones previstas en el artículo 21 del Real Decreto 8/2011. El documento se estructura en seis títulos, con 86 artículos, dos disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final.

Uno de los aspectos más novedosos de la ordenanza estriba en que pretende "posibilitar la elección de la medida más adecuada en cada momento, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Así, con la resolución del procedimiento en el que se aprecie un incumplimiento injustificado de los deberes del régimen de propiedad del suelo, se elegirá la ejecución subsidiaria a costa del propietario en caso de que los trabajos y obras a realizar no superen el 50 % del valor de sustitución del edificio". Del mismo modo, la ordenanza también prevé la posibilidad "de acordar la expropiación forzosa por incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación cuando confluyan motivos de interés general y, en su caso, cuando los trabajos y obras a realizar rebasen el límite del contenido normal del deber de conservar y no sea efectiva la ejecución subsidiaria".

Una de las disposiciones adicionales también establece crear, en el plazo de un año, desde la aprobación de la ordenanza, un registro con el estado de los edificios y construcciones existentes en el municipio. La segunda, en cambio, regula las actualizaciones de las multas coercitivas remitiéndose, para tal fin, al Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística o al índice oficial que lo sustituya.

Del mismo modo, el texto se ha enriquecido con las alegaciones presentadas durante su periodo de exposición pública por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, la Asociación Barrio de El Toscal de Las Tribulaciones y el grupo municipal Popular.

La Laguna. Los edificios de más de 25 años dispondrán de un año más sin estar obligados a pasar la inspección técnica.


Juan Manuel Bethencourt anuncia un ciclo de asambleas informativas por los pueblos y barrios del municipio 

El Ayuntamiento de La Laguna, de acuerdo con el parecer del movimiento vecinal, ha acordado establecer una nueva moratoria durante todo este año 2013 respecto a la obligatoriedad prevista para que todos los edificios del municipio de más de 25 años pasen una inspección técnica que acredite su buen estado de conservación.
 

Así lo ha anunciado hoy el concejal lagunero de Urbanismo, Juan Manuel Bethencourt, quien manifestó que, de este modo, “todos los ciudadanos propietarios de edificios que superen esta edad disponen de un año más sin estar obligados a pasar esta Inspección Técnica, si bien sí pueden hacerlo de manera voluntaria”.
 

Bethencourt indicó que “el Ayuntamiento toma esta decisión de aplazar la obligatoriedad de la medida en consonancia con las directrices dadas por el alcalde Fernando Clavijo, y debido a la difícil situación económica que vive nuestra sociedad, que presumiblemente provocaría que muchos ciudadanos tuviesen dificultades para realizar en estos momentos las posibles obras necesarias para garantizar la seguridad constructiva, salubridad y ornato público de los inmuebles”.

Asambleas contra falsos rumores
Dicha moratoria en la aplicación obligatoria de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) fue analizada en una reciente reunión del propio concejal de Urbanismo con la Federación de Asociaciones de Vecinos-FAV Aguere, encabezada por su presidente Francisco Haro. 

En dicho encuentro se acordó, asimismo, “realizar durante este año un ciclo de asambleas informativas abiertas a toda la ciudadanía por los pueblos y barrios de La Laguna para explicar en detalle la medida, facilitando información de primera mano sobre sus plazos, objetivos y requisitos a todos los interesados y evitando rumores falsos o publicidad engañosa”, manifestó Bethencourt, quien señaló que “la propia FAV Aguere ya ha realizados dos reuniones de este tipo con muy buen resultado en los barrios de San Matías y el Camino del Tornero”.

Al respecto, ambas partes establecerán un calendario de asambleas por todo el municipio sobre la ITE, en la que estarán presentes representantes y técnicos municipales, los propios portavoces de la federación vecinal y profesionales de esta rama urbanística.

Los inmuebles protegidos, obligados
Es preciso aclarar que esta moratoria no se aplica a los inmuebles incluidos en catálogos de protección (debido a normativa urbanística y de protección del patrimonio histórico-artístico vigente) ni a los que se hallan dentro del perímetro del centro histórico lagunero declarado Patrimonio de la Humanidad (en virtud de legislación autonómica sobre ordenación del territorio y espacios naturales), todos los cuales sí que están obligados a pasar una inspección técnica.

La ITE tiene como objetivo que los inmuebles de más de 25 años dispongan de un certificado técnico obtenido por su propietario, suscrito por profesionales titulados (arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores, etc.) y visado por el correspondiente colegio profesional, que acredite su buen estado de conservación.
 

Una vez se disponga de dicho certificado técnico favorable, éste debe comunicarse a la Gerencia de Urbanismo para la inclusión del inmueble en cuestión en el Registro de Inspección Técnica de la Edificación.

Esta medida no sólo garantiza la seguridad para los propietarios y moradores de los inmuebles, sino también para los viandantes ante eventuales riesgos para las vías públicas colindantes. Además, el haber superado esta inspección técnica otorga una mayor seguridad a posibles compradores de los inmuebles.

viernes, 14 de diciembre de 2012

El Estado paraliza la rehabilitación de 3.000 viviendas sociales. Tenerife


La rehabilitación y reposición de 3.000 viviendas sociales de Tenerife parece no estar entre las prioridades del Gobierno central. El Estado ha decidido destinar para la recuperación de estos inmuebles –incluidos en 24 proyectos– unos 500.000 euros el año que viene, una cantidad que ni siquiera daría para sufragar los gastos de los 16 convenios en los que participa el Cabildo.

La Corporación insular colabora en el arreglo de 480 casas de promoción pública a pesar de que este tipo de actuaciones no son de su competencia. Para terminar los 16 proyectos en los que participa la institución, se necesitan 42 millones de euros –sin contar el gasto que supone la mejora del resto de hogares sociales de la Isla (2.519) –.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por el contrario, es la administración pública con más obligaciones en este ámbito, ya que es el organismo con una mayor participación en las políticas de rehabilitación al tener que financiar el 50% del coste de las obras de recuperación. "Evidentemente, los 500.000 euros que aporta a Tenerife van a suponer un parón en el ritmo de los trabajos que se desarrollan en la Isla", denunció el consejero insular de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, José Antonio Valbuena.

"Si el Estado ingresa medio millón al año, para completar los 21 que le corresponden en los proyectos del Cabildo, vamos a tardar 42 años para las rehabilitar las casas", y esto es "insostenible", advirtió el responsable de este área .

La Corporación insular colabora actualmente con los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna, Candelaria y Adeje. El presupuesto para desarrollar estos 16 convenios en los barrios de los cuatro municipios alcanza los 42 millones de euros, una cuantía que está pendiente de ejecutar. El Estado, sin embargo, va a destinar 1,65 millones para la rehabilitación y reposición de las casas sociales de toda Canarias.

Con los 500.000 euros que le tocarían a Tenerife, según los cálculos realizados por el consejero insular, es imposible atender las necesidades. Ante este panorama, lamentó que, "si no existe un compromiso mayor por parte del Estado, con este dinero no es posible desarrollar una política activa de viviendas".

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El Archipiélago contó en 2011 con 11,68 millones de euros para la recuperación. El Gobierno central, sin embargo, dejó la partida para este año en 9,82 millones. La previsión para 2013 tampoco es alentadora. Según recoge el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado, el tijeretazo en el Plan de Vivienda de Canarias baja la cuantía a 1,65 millones, lo que no llega ni a representar el 10% del dinero concedido para 2011.

El problema en vivienda "es importante desde el punto de vista financiero", reconoció el consejero insular. Esta disminución significa "que hay que cerrar las puertas" a las políticas de rehabilitación. Valbuena subrayó que el peso del gasto que suponen estas actuaciones no puede ser soportado por las administraciones locales sin la ayuda del Gobierno central. Es por estas circunstancias por lo que el grupo de gobierno del Cabildo demanda al Estado "una mayor sensibilidad", reclamó.

La mayoría de las obras en las que participa la institución de Tenerife para la rehabilitación de las 480 viviendas se están ejecutando. El responsable del área explicó que el municipio donde hay más trabajos parados es en la capital tinerfeña por los desacuerdos entre los inquilinos y sus ayuntamientos y porque en varios municipios están a la espera de la aprobación de sus planes generales de ordenación.

Los afectados por el mal estado de sus hogares de promoción pública deben acarrear con el 5% del coste de las obras, aunque este porcentaje varía. Además de los residentes, también colaboran en el coste de los trabajos de recuperación de los inmuebles el Estado (con el 50%), el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, aportan el resto.

Valbuena explicó que las actuaciones del Cabildo se centraban hace 15 años en ayudar a los jóvenes a adquirir una casa. Con la crisis, a lo largo de los últimos cuatro años, "no ha habido una preocupación por parte de la Corporación insular para reorientar estas actuaciones". "Viene la crisis y las administraciones públicas, menos el Cabildo, adaptan sus políticas", criticó el consejero insular, en el cargo desde hace un año.

Según indicó, el grupo de gobierno actual ha recuperado estos trabajos y ha tramitado los 16 convenios de rehabilitación con los que se comprometió en el pasado.

El rescate de las inspecciones
Las competencias del Cabildo de Tenerife "van a ser muy limitadas" con vistas a las políticas de vivienda social del próximo año. Según el consejero insular del área, José Antonio Valbuena, la Corporación insular "no va a participar en la rehabilitación", sino que colaborará con la inspección de los edificios, que es su auténtica responsabilidad. Explicó que la selección para repartir los 500.000 euros que da el Estado para la recuperación de estos inmuebles en la Isla la hace el Gobierno de Canarias. A la hora de distribuir "migajas entre algo que es mucho más que migajas, yo no le puedo decir al Ejecutivo cómo lo tiene que hacer porque, entre otras cosas, no sé cómo lo haría", apuntó. 

Detalló que la competencia del Cabildo en relación a vivienda es funcionar como policía, por lo que la Corporación insular realizará un estudio a partir del año que viene de todo el parque público. Saber en qué condiciones están las casas será el objetivo. 

Valbuena reconoció que "las políticas de vivienda no han estado en las prioridades del Cabildo hasta la fecha", pero considera que la situación de los hogares de promoción pública "tiene que ser una preocupación de todas las administraciones". Agregó que la finalidad de las inspecciones será evitar reposiciones.

viernes, 16 de noviembre de 2012

Ordenanza Local de la Inspección Técnica de la Edificación. San Cristobal de La Laguna (Tenerife)


BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 41, del 26 de marzo de 2012.

Exposición de motivos.
Dentro del marco del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, así como el Plan General de Ordenación de La Laguna, se hace preciso completar el mapa urbanístico del planeamiento, de la gestión urbanística, de la intervención, de la disciplina con la conservación de la edificación, mediante la técnica de rehabilitación preventiva, de este modo los ciudadanos participen en la conservación de la edificación.

Así con la obligación formal de obtener el certificado de Inspección Técnica de la Edificación se persigue concienciar, con la colaboración de los técnicos competentes, a los ciudadanos que deben de realizar controles técnicos periódicos del estado de la edificación al objeto de conocer las patologías, de la cual se derivarán actuaciones inmediatas para evitar que su demora incremente el coste de reparación, lo que redunda en una mejor conservación general de la edificación, y desde una perspectiva global un mayor conocimiento y control del estado de conservación de la edificación de toda la ciudad.

Para el buen funcionamiento y cumplimiento de este régimen de inspección de edificación, es indispensable la colaboración y participación directa de los distintos agentes sociales, y en particular los colegios profesionales, ya que ellos, a través de sus técnicos y previa petición del propietario del edificio, van a ser quienes lleven a la práctica la inspección de la edificación y el control del estado de las mismas. El informe técnico emitido va a permitir el conocimiento del estado de la edificación de forma puntual y la corrección de cuantas deficiencias afecten al deber de conservación, subsanándose éstas de forma periódica y continuada y evitando con ello, en un momento determinado, la situación ruinosa de la edificación.

Otro de los aspectos esenciales, es el nacimiento del Registro de Certificaciones de Inspección Técnica de la Edificación, de carácter público, que va a contribuir decididamente a dotar de mayor seguridad jurídica y técnica a los usuarios del mercado inmobiliario de viviendas de cierta antigüedad o catalogados, localizadas estas últimas en gran parte en el ámbito del Conjunto Histórico, al fomentar la calidad y mejor control de las edificaciones en el citado
mercado, y consecuentemente un mayor conocimiento de su situación real urbanística, al tiempo que se regula el modo de cumplimentar la obligación establecida en el vigente artículo 154 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

Articulado.
Artículo 1. Fundamento, objeto y contenido de la ordenanza.
1.1. Se establece mediante esta Ordenanza la obligación formal de los propietarios de edificaciones, radicadas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, de acreditar el cumplimiento del deber de conservación impuesto en la normativa urba nística mediante la obligatoriedad de realizar una inspección técnica que acredite el estado de sus condiciones de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructurales, así como las de habitabilidad, en función del destino propio de la construcción o edificación de acuerdo con lo establecido en la normativa urbanística aplicable y en la presente ordenanza municipal.

1.2. Tendrá la consideración de edificación a efectos de esta Ordenanza toda clase construcción permanente concebida y construida para atender a necesidades de duración indefinida, para ser utilizada como vivienda, fines agrarios, industriales, prestación de servicios o en general para desarrollar cualquier actividad.

1.3. El contenido del deber de conservación, cuyo cumplimiento habrá de acreditarse en los términos de esta Ordenanza, se refiere al mantenimiento en las adecuadas condiciones de seguridad constructiva, salubridad y ornato público de la edificación en su conjunto.

En el supuesto de edificaciones sujetas al régimen de división horizontal de fincas, con independencia de la constitución formal de la comunidad de propietarios y el otorgamiento de Estatutos, el cumplimiento del deber de acreditación del estado de conservación deberá referirse al inmueble en su conjunto no pudiendo acreditarse para cada una de las fincas independientes.

Artículo 2. Obligación formal: Certificado de Inspección Técnica de la Edificación.
La obligación formal de acreditar el cumplimiento del deber de conservación de la edificación se verificará mediante la obtención por cuenta y cargo del propietario de certificado favorable expedido por técnico competente visado por el Colegio Oficial correspondiente, en la forma y plazos que se establecen en la presente Ordenanza, y su posterior presentación en el Registro de Inspección Técnica de la Edificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Artículo 3. Contenido del Certificado de Inspección Técnica de la Edificación.
3.1. El Certificado de Inspección Técnica de la Edificación deberá presentarse en el Registro de Inspección Técnica de la Edificación de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, visado por el Colegio oficial correspondiente según el técnico redactor.

El mismo se presentará conforme al modelo que se apruebe por el Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo debidamente cumplimentado, rubricado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, adjuntándose al mismo la solicitud Alta de la Edificación en el correspondiente registro.

El propietario que lo desee podrá cumplir dicho obligación dentro del marco establecido al efecto en los convenios que la Gerencia de Urbanismo pudiera suscribir con los diferentes Colegios Profesionales.

No se admitirán a trámite, aquellos informes que no contengan resultados favorable, no entendiéndose en consecuencia pasada la Inspección a los efectos y términos no contemplados en esta ordenanza.

3.2. El Certificado de Inspección Técnica de la Edificación señalará que la misma reúne las condiciones de seguridad constructiva y salubridad establecidas en el planeamiento urbanístico vigente a la fecha de su emisión, especialmente en lo relativo a elementos de fachadas, tanto exteriores como interiores así como medianeras, estabilidad estructural, impermeabilización de cubiertas e instalaciones primarias.

Las condiciones relativas a la seguridad constructiva y la debida conservación son las siguientes:
1. Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales, de tal forma que no se produzcan en el edificio o partes del mismo daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad y estabilidad en sus elementos constructivos cuyo deficiente estado suponga un riesgo para la seguridad de las personas, tales como chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas, aplacados y elementos ornamentales o de acabado, en particular si pueden caer a la vía pública.

3. Estanqueidad frente al agua, evitando filtraciones a través de las fachadas interiores y exteriores, cubierta o del terreno, en particular si éstas afectan a la habitabilidad o uso del edificio o puedan ser causa de falta de seguridad descrita en los dos primeros apartados.

4. Seguridad, y buen estado de conservación de las instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad del edificio.

Se ha de efectuar una inspección visual de la que debe deducirse el estado general de conservación de los elementos estructurales, los recubrimientos, los
revestimientos y los elementos voladizos de las fachadas, sin perjuicio de la necesidad de realizar calas, catas o pruebas de carga a criterio del técnico.

El cumplimiento de las condiciones establecidas en los puntos anteriores supondrá que el edificio reúne los requisitos de habitabilidad y uso exigibles a
efectos de esta inspección técnica, emitiéndose por esta Administración un distintivo que se facilitará al propietario y procediéndose a su inclusión en el correspondiente registro.

3.3. Si con anterioridad al vencimiento del plazo de presentación del Certificado de Inspección Técnica de la Edificación resultare necesario la realización de obras, el titular del inmueble deberá tramitar y obtener la preceptiva licencia y acometer las mismas, quedando interrumpido el plazo para la inspección técnica desde el momento de la solicitud de licencia hasta su obtención.

Artículo 4. Plazo de presentación del Certificado de Inspección Técnica de la Edificación.
4.1. El primer Certificado de Inspección Técnica de la Edificación deberá presentarse dentro del año siguiente a aquél en que la edificación cumpla veinticinco años de antigüedad o dentro del plazo específico señalado al propietario de la edificación en el requerimiento que se efectúe de forma expresa y motivada por la Gerencia de Urbanismo.

4.2. El Certificado de Inspección Técnica de la Edificación deberá renovarse periódicamente dentro del año siguiente a aquél en que hayan transcurrido 10
años desde la fecha en el que se presentó el anterior.

4.3. A los efectos de esta Ordenanza, se entiende como edad de la edificación el tiempo transcurrido desde la fecha de terminación total de su construcción. No obstante, en el caso de obtención de licencia de primera ocupación por la ejecución de obras de rehabilitación integral, el plazo de presentación del Certificado de Inspección Técnica de la Edificación para su inclusión en el correspondiente registro comenzará a partir de la fecha de terminación de las
referidas obras.

La edad de la edificación se acreditará documentalmente mediante certificado final de obras visado por el Colegio Oficial correspondiente, y por la licencia de ocupación o cédula de habitabilidad. En su defecto, de cualquier medio de prueba admisible en derecho. Sin perjuicio de lo anterior, la Gerencia de Urbanismo podrá colaborar con los interesados facilitándoles los datos y antecedentes de la edificación que obren en sus archivos.

Artículo 5. Registro de Inspección Técnica de la Edificación.
A los efectos previstos en esta Ordenanza se constituirá un Registro de Inspección Técnica de la Edificación en la Gerencia de Urbanismo que será pú-
blico y en el que quedará constancia de la fecha de presentación y del contenido de cada uno de los Certificados de Inspección Técnica de la Edificación que se presenten.

Las copias acreditativas de la presentación del primer y sucesivos Certificados de Inspección Técnica de la Edificación se unirán al Libro del Edificio o, en su defecto, a la documentación técnica del mismo, y deberán ser conservadas por los propietarios y entregadas, en caso de transmisión de la Edificación por cualquier título, a sus nuevos titulares, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y las disposiciones de desarrollo de la misma.

Artículo 6. Consecuencias del incumplimiento de la presentación en plazo del Certificado de Inspección Técnica de la Edificación.
6.1 Si transcurrido el plazo para presentar el Certificado de Inspección Técnica de Edificación el propietario no la hubiera presentado, la Gerencia de Urbanismo le requerirá para que en el plazo de un mes lo presente, advirtiéndole al efecto su ejecución subsidiaria a cargo del propietario.

6.2.- Infracciones y sanciones:
a) El incumplimiento del propietario de su obligación de presentar el primer y sucesivos certificados de Inspección Técnica de Edificación en el tiempo y en la forma establecida en esta Ordenanza, constituye infracción muy grave si la edificación se encuentra:
- Dentro del ámbito del Conjunto Histórico de la Laguna.
- Incluida en el catálogo de protección.
- Declarada Bien Interés Cultural (BIC).
- En trámite para su inclusión en el Catálogo o como BIC.

Dicha infracción muy grave que será sancionable con una multa de 1.501 euros a 3.000 euros, salvo que se subsane con el primer requerimiento, en cuyo caso se califica la infracción como leve que será sancionada con una multa de 60 euros a 599 euros.

b) El incumplimiento del propietario de su obligación de presentar el primer y sucesivos certificados de Inspección Técnica de Edificación en el tiempo y en la forma establecida en esta Ordenanza, constituye una infracción grave que será sancionable con una multa de 600 euros a 1.500 euros, salvo que se subsane con el primer requerimiento, en cuyo caso se califica la infracción como leve que será sancionada con una multa de 60 euros a 599 euros.

6.3.- La infracción leve prescribe al año, las graves prescribe a los dos años y las muy graves a los cuatro años a contar desde que presente dicho Certificado en la Gerencia.

La sanción leve prescribe al año, las graves a los dos años y las muy graves a los cuatro años, a contar desde que el día siguiente en que adquiere firmeza, en vía administrativa o judicial, la resolución por la que se imponga.

6.4.- El procedimiento para la imposición de la sanción será el regulado por las normas del procedimiento administrativo común.

Artículo 7. Régimen General del deber de conservación.
El cumplimiento de la obligación formal establecida en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio del régimen jurídico ordinario del deber de conservación
establecido en la legislación urbanística vigente y de las facultades de inspección urbanística de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Disposición transitoria primera.
Los preceptos de esta Ordenanza serán aplicables a los inmuebles en función de su fecha de construcción y de su nivel de protección, debiendo someterse a la primera inspección en las siguientes fechas:
1) Los inmuebles incluidos en los catálogos de protección conforme a la normativa vigente en materia urbanística y de protección del patrimonio histórico artístico así como aquellos que se encuentren dentro del perímetro del Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna, deberán someterse a la primera inspección una vez entre en vigor la presente ordenanza, de conformidad con lo dispuesto por el vigente Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias en su artículo 154.

2) El resto de edificaciones del término municipal deberán someterse a la primera inspección con anterioridad al 1 de enero de 2013, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ordenanza.

Disposición transitoria segunda.
Las Disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a los nuevos certificados de inspección de edificaciones presentados a partir de su entrada en vigor.

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las normas de igual y menor rango que se opongan a lo establecido por la presente Ordenanza.
La Laguna, a 9 de marzo de 2012.
El Consejero Director, Juan Manuel Bethencourt Padrón.

jueves, 18 de octubre de 2012

La ciudad requiere a los dueños de 107 casas del Puerto por su estado ruinoso. Las Palmas de Gran Canaria


El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto expediente a los propietarios de 107 casas y edificios de la zona Puerto y Guanarteme por presentar un estado ruinoso o degradado en sus fachadas. De ese centenar de informes realizado por el Servicio de Protección del Paisaje de la Concejalía de Urbanismo, se han detectado 21 inmuebles donde el estado de deterioro es tal que necesitan de una actuación urgente por riesgo, entre otros peligros, a la caída de cascotes o andamios.

El Servicio de Protección del Paisaje del Ayuntamiento emprendió el pasado mes de mayo una campaña para detectar estas anomalías en la zona eminentemente turística de la ciudad a iniciativa del propio alcalde, Juan José Cardona, para evitar el impacto negativo de los edificios en mal estado en el paisaje urbano. Los técnicos de Urbanismo han realizado batidas periódicas por las calles de la trasera de Las Canteras y en un área que va desde La Isleta y llega hasta Guanarteme y que se ha dividido en tres cuadrículas. La intención en un futuro cercano es alargar estas inspecciones hasta la zona de Santa Catalina y Mesa y López.

Imagen de la noticia
En estas inspecciones a pie de calle se comprueba el estado de conservación de los inmuebles incidiendo en detectar posibles construcciones ilegales, fachadas en mal estado y cartelería o publicidad obsoleta o ilegal. Tras identificar los posibles deterioros, el Ayuntamiento instruye los expedientes para requerir a sus propietario y que estos acometan las medidas necesarias para devolver a las edificaciones "las debidas condiciones" de decoro y ornato. Como resultado de la primera fase de inspección, se identificaron más de 300 inmuebles con desperfectos, aunque sólo 107 de ellos tienen deficiencias graves y a cuyos dueños se ha requerido para que los arreglen. De esta inspección se desprende también que hay que intervenir de forma prioritaria en 21 casas.

Modificar
Las causas de estas actuaciones urgentes se resumen en modificar el desvío provisional de cables o instalaciones en fachada (que afecta a dos inmuebles); retirar vallas publicitarias y pantallas led de publicidad ilegal y de fuerte impacto (cuatro inmuebles); arreglo de fachadas en mal estado (11); y reforzar los andamios y las redes de protección en mal estado en obras inacabadas (cuatro). Por medio de los requerimientos el Ayuntamiento insta a los propietarios a arreglar de forma voluntaria sus inmuebles. En el caso de no atender a estos requerimientos es el Ayuntamiento quien realiza la reparación y se la cobra luego.
La Provincia

lunes, 1 de octubre de 2012

Urbanismo en SCTF podrá expropiar edificios en estado de abandono. Tenerife.


La nueva ordenanza sobre conservación, restauración, rehabilitación y estado ruinoso de los edificios que permanecerá desde el miércoles en información pública para recibir alegaciones durante el plazo de un mes incluye entre una de sus más llamativas cláusulas la posibilidad de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda expropiar aquellas viviendas que se encuentran en estado de abandono y no pueden ser conservadas por sus propietarios. Esta medida que según se reconoce en el mismo texto es "extraordinaria y alternativa" se aplicará "cuando confluyan motivos de interés general, y en su caso, cuando los trabajos y obras a realizar rebasen el límite del contenido normal del deber de conservar y no sea efectiva la ejecución subsidiaria" por parte del Ayuntamiento.

A partir de la aprobación definitiva del texto y dentro del plazo de doce meses se creará un registro de edificios y construcciones cuya antigüedad supere los treinta años. El deber de conservación abarca hasta la mitad del valor del inmueble y en caso de que el Ayuntamiento obligue a aumentar la inversión, ésta correrá a cargo de la propia Corporación local cuando se trate de inmuebles catalogados o por el interés general. La ordenanza tendrá una especial aplicación en ámbitos protegidos con la catalogación de Bienes de Interés Cultural (BIC) como ocurre en El Toscal donde alrededor de un centenar de inmuebles se encuentran en estado de ruina o abandono. Los dueños de las casas que sean expropiadas recibirán un justiprecio y si se trata de su residencia habitual el Ayuntamiento tendrá que garantizarles el realojo, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o alquiler en régimen de protección pública.

En este caso se impone al propietario la obligación de proceder a la rehabilitación de las edificaciones catalogadas y el Ayuntamiento se compromete a asumir el exceso del precio que supere la mitad del valor del edificio. Además, en ámbitos como El Toscal sería de aplicación la posibilidad de recurrir a la ocupación de las casas dado que muchas de ellas se encuentran en situación de abandono, sus dueños no pueden costear los arreglos o simplemente se encuentran en paradero desconocido. Las inspecciones técnicas deberán llevarlas a cabo los propietarios cada diez años a través de un informe elaborado por n técnico homologado. La declaración de ruina se llevará a cabo cuando el arreglo del inmueble suponga la mitad del precio que implicaría construir otro nuevo de características similares. Para los edificios que estén en ámbitos protegidos será necesario contar con el informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico y se advierte que en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el arreglo, el Ayuntamiento podrá proceder a su expropiación forzosa.

jueves, 2 de agosto de 2012

El Ayuntamiento se quedará con los edificios que no se reparen. Santa Cruz de Tenerife.


Todos los propietarios de edificios, solares y construcciones están obligados a partir de mañana a mantenerlos para garantizar su seguridad, limpieza, accesibilidad y decoro, así como tenerlos en unas buenas condiciones estéticas. Si no tendrán que pagar a la Gerencia de Urbanismo multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros, cantidades que incluso podrían ser superiores dependiendo de la gravedad de la infracción. Además el Ayuntamiento podrá acordar la expropiación forzosa del inmueble si supone un peligro para la seguridad de los ciudadanos y de otros bienes y sus dueños se niegan a rehabilitarlos.

Lo establece la nueva ordenanza municipal sobre Conservación, Restauración, Rehabilitación y Estado Ruinoso de los Inmuebles de la ciudad que la Gerencia de Urbanismo aprobará de forma inicial mañana, y con la que se regulará la obligatoriedad de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE) en aquellas construcciones que tengan más de 30 años. Precisamente, la ordenanza obliga a los propietarios a presentar en el Ayuntamiento un acta de inspección que ellos mismos tendrán que costear, y que tendrá que realizar un técnico facultativo competente o una entidad de inspección técnica homologada, en la que se refleje el estado del edificio.

Los primeros que tendrán que cumplir con este requisito, y deberán hacerlo este mismo año, son los dueños de los edificios construidos o reestructurados en 1962, así como aquellos construidos antes de 1940. En 2013 les tocará el turno a los inmuebles levantados en 1963 y a los construidos entre 1940 y 1952; en 2014 deberán presentar la inspección técnica los propietarios de las edificaciones de 1964 y de las que se llevaron a cabo entre 1953 y 1958, y en 2015 les tocará a los inmuebles de 1965, a los construidos entre 1959 y 1961 y a los que pertenezcan a personas jurídicas públicas, incluidos en el catálogo de edificios protegidos.

En 2016 tendrán que garantizar el buen estado de la construcción los dueños de los inmuebles de 1966 y aquellas personas jurídico públicas con construcciones no catalogadas incluidas en el centro histórico y en los cascos históricos; en 2017 les tocará el turno a los inmuebles levantados en 1967 y a los edificios propiedad de personas jurídico públicas con construcciones ejecutadas antes de 1975; en 2018, los edificios de 1968 y los construidos entre 1970 y 1974, y en 2019 los de 1969 y los que se llevaron a cabo entre 1975 y 1978. A partir de 2020 se establece la obligación de realizar una inspección técnica periódica cada diez años.

Si las inspecciones técnicas son desfavorables, los propietarios tendrán que llevar a cabo las actuaciones y obras necesarias. En el caso de que no se realice la inspección o que no se ejecuten los trabajos requeridos, el Ayuntamiento podrá imponer hasta tres multas coercitivas y si aún así los dueños no hacen nada, la Gerencia de Urbanismo procederá a la ejecución subsidiaria. Esto quiere decir que la propia corporación local acometerá las obras, que después el Consorcio de Tributos pasará a cobrar a los propietarios, y si no pagan se les embargará los bienes.

El Ayuntamiento también podrá dictar órdenes de ejecución sin necesidad de esperar a que se presenten las actas de inspección técnicas de los edificios, en el caso de que se produzcan denuncias y de que los técnicos municipales detecten que un inmueble se encuentra en mal estado. Y los propietarios también tendrán que pagar multas en el caso de que no cumplan con las órdenes dadas por el Consistorio, que pueden estar relacionadas con obras de conservación o rehabilitación y con la adaptación al ambiente, entre otras actuaciones.

La Gerencia de Urbanismo de la capital podrá declarar el estado de ruina de un edificio y exigir las actuaciones que sean necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, la declaración administrativa de la situación legal de ruina urbanística o la adopción de medidas de urgencia adoptadas por el Ayuntamiento no eximirá a los propietarios de las responsabilidades "de todo orden" en que hubiesen podido incurrir o les pudieran ser exigidas por negligencia o incumplimiento del deber de conservación que les correspondan.

"Con la riada de 2002 nos dimos cuenta de que en Santa Cruz son demasiados los edificios que se encuentran en mal estado y por eso es tan necesaria la obligatoriedad de la inspección", comentan los técnicos que han elaborado la ordenanza. Precisamente, y según esta normativa, el Ayuntamiento tendrá que realizar en el plazo de 24 meses el Registro de Edificaciones y Construcciones de la ciudad, que ahora no existe.

Por otra parte, los técnicos municipales aclaran que la obligación de que los edificios estén insonorizados para poder garantizar la animación de las calles se incluirá en el futuro, porque ahora, y según reconocen, la población no dispone de demasiado dinero para acometer tantas obras. 

La primera ordenanza local de edificios protegerá inmuebles de más de 30 años. Santa Cruz de Tenerife.


La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz acaba de completar y pulir la primera ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Un documento con el que se pretende dar mayores garantías de protección y conservación a los inmuebles del municipio de más de 30 años, evitando los casos de demoliciones totales, derribos parciales y otras afecciones en el patrimonio local, tanto histórico como urbano, que se han dado en los últimos años y que cada vez son más frecuentes.

Los técnicos locales incluyeron a última hora los edificios de 30 años en adelante, ya que lo habitual era limitarlo a los de medio siglo de historia o más. Tras la aprobada y desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria, se trata de la segunda ordenanza de este tipo en el Archipiélago. El edil del área, José Ángel Martín, asegura, incluso, que la experiencia en la capital grancanaria les ha permitido mejorar el texto y elaborar una normativa más completa.

La ordenanza será entregada ahora a los distintos partidos políticos y será llevada a pleno, presumiblemente el 20 de este mes o ya en septiembre, ya que en agosto no está prevista ninguna sesión plenaria.

No obstante, la petición de una ordenanza de este tipo volvió a ser reiterada en el último pleno con una moción de la concejal del PP Ana Zurita. La edil insistió en la imperiosa necesidad de redactar y aprobar este documento y, aunque le constaba que los técnicos locales estaban trabajando en ello, lamentó que haya pasado un año sin que se llevara a pleno.

En esa ocasión, Martín ya le anunció que la ordenanza estaría terminada durante este mes y, tras aceptar la propuesta del gobierno de limitar la moción a que su redacción y conclusión fuera urgente, la iniciativa contó con el respaldo de todos los partidos.

Los grupos son conscientes de que la carencia de la ITE ha abocado a muchos edificios y propietarios a una evidente inseguridad jurídica, así como "física" para los inmuebles y las propias personas. De hecho, Zurita recuerda que, hace un mes y medio, un edificio de la calle Emilio Calzadilla se vio afectado por una demolición parcial.

A su juicio, resulta clave aplicar la ITE, por lo menos en las edificaciones en estado de ruina o con riesgos aparentes, sin que esto se conciba como un costo añadido para los dueños, sino como una cuestión de seguridad y protección y conservación del patrimonio.

miércoles, 4 de julio de 2012

Urbanismo obligará a insonorizar los edificios para animar las calles. Santa Cruz de Tenerife.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz pretende obligar a las comunidades y propietarios de los inmuebles a insonorizarlos, a través de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE), para poder dinamizar la ciudad y convertirla en un lugar atractivo sin que el ruido moleste a los vecinos.

Para el jefe de Disciplina Urbanística de la capital, Juan Pedro Valdés, encargado de redactar la ordenanza que regulará la puesta en marcha de la ITE en Santa Cruz a partir de este año, esta sería la solución para poner fin a las denuncias contra el ruido en la ciudad y para que se puedan celebrar actividades en la calle y garantizar el ocio en el municipio.

Y es que, aunque el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, también haya planteado la modificación de la Ley del Ruidos, Valdés reconoce que esta alternativa es muy complicada porque se trata de una normativa estatal y europea.

"Los decibelios son los que son, por lo que la propuesta más viable en estos momentos y con la que se acabarían los problemas es la de obligar a la insonorización de los inmuebles del municipio a través de la Inspección Técnica, tanto de los actuales como de los que ya existen, al igual que se obligará a los propietarios a adaptar sus edificios para las personas con escasa movilidad. Además, la insonorización también supone un ahorro energético, pues en verano no haría falta utilizar aires acondicionados y en invierno no sería necesaria la calefacción", explica el jefe de Disciplina Urbanística.

En la actualidad la Gerencia de Urbanismo ya tiene listo el borrador de la ordenanza para la ITE, que ya solo tienen que ver los abogados del Ayuntamiento. Precisamente, el jefe de Disciplina Urbanística está esperando a conocer la opinión de los abogados sobre la inclusión en el documento de la obligatoriedad de la insonorización, aunque Juan Pedro Valdés informa de que, según los contactos que ya ha mantenido, será totalmente viable y se podrá aplicar en Santa Cruz.

Con la Inspección Técnica de los Edificios, el Ayuntamiento de la capital realizará un estudio sobre el estado de todos los inmuebles construidos en el municipio y sus propietarios tendrán que ejecutar todas las correcciones que Urbanismo considere necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las condiciones adecuadas de la vivienda, incluso se podría ordenar el derribo y la nueva construcción del edificio dependiendo del grado de deterioro.

Urbanismo comenzará este año a revisar los inmuebles anteriores a 1940 y los que se construyeron en 1962. Las obras para corregir los desperfectos que se detecten en los edificios tendrán que ser costeadas y realizadas por los propietarios y en el caso de que se nieguen, entonces el Ayuntamiento mediante la orden de ejecución subsidiaria podrá llevarlas a cabo a través de una empresa. El Consorcio de Tributos se encargará de cobrar el coste de los trabajos a los dueños de los inmuebles, a los que se les embargarán los bienes si no pagan.

Precisamente, la insonorización podría ser uno de lo criterios que establecerá Urbanismo para que los inmuebles pasen la Inspección Técnica. El jefe de Disciplina Urbanística insiste en que esta sería la mejor fórmula para que Santa Cruz pueda ser una ciudad atractiva sin molestar a los vecinos.

Y es que en solo un año la Gerencia de Urbanismo, a través del servicio de Disciplina, ha resuelto 80 denuncias relacionadas con el ruido, tanto por locales de ocio y terrazas como por actividades en la calle, todas ellas puestas por vecinos de la capital. De todas formas, Juan Pedro Valdés asegura que los propietarios de los locales y los organizadores de las actividades están "haciendo más caso" a Urbanismo porque ahora las multas las pone la Gerencia y no Medio Ambiente, por lo que han pasado de pagar solo 100 euros a entre 18.000 y 20.000 euros. "Solo hay que ver La Noria, que está bastante más tranquila ahora", añade.

La Noria
Las zonas en las que se producen más denuncias por las molestias producidas por el ruido porque se superan los decibelios establecidos en la Ley, sobre todo debido al volumen de la música, son la calle de La Noria, Cruz Verde, la Avenida de Anaga, El Toscal y la playa de Las Teresitas. En este último caso, y según comentan los técnicos, los vecinos del barrio de San Andrés se quejan de las fiestas que se organizan en la playa por la noche, por lo que Urbanismo ha tenido que actuar.

Con respecto a los locales de ocio, el jefe de Disciplina Urbanística informa de que en algunos casos ni siquiera tienen licencia, por lo que están realizan actividades clandestinas. Por denuncias debido al ruido este año Urbanismo ha cerrado ya varios locales. Estos se encuentran en la calle San Martín, en Cruz Verde, en el barrio de La Salud y en Salamanca.

Juan Pedro Valdés también aprovecha para manifestar que existen otras quejas por el ruido relacionadas con la actividad que se produce en las terrazas de los negocios o por las molestias que generan aquellos que salen de los locales y siguen con la fiesta en la calle. "Contra esto ahora prácticamente no se puede hacer nada, sino pedir a los ciudadanos que se conciencien de que están molestando a las personas que residen en las viviendas de la zona. Ya es más una cuestión de la Policía y de civismo. Pero, repito, con la insonorización de los edificios esto se podría resolver", matiza el jefe de Disciplina Urbanística.
La Opinión

lunes, 2 de julio de 2012

El Colegio de Arquitectos de Canarias planea un “turno de oficio” para ITE.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC) propone al Gobierno de Canarias y a los municipios que se encuentran inmersos en la preparación de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que colaboren en la puesta en marcha de un 'turno de oficio' de arquitectos para realizar las evaluaciones a los edificios cuyos propietarios puedan demostrar que no tienen recursos para pagar los honorarios a uno de estos profesionales. El COAC quiere seguir el ejemplo de los abogados que prestan sus servicios a los ciudadanos sin recursos de manera gratuita pero que cobran luego de la administración regional de cara a la ITE, que sólo en la capital afectará a 17.000 viviendas de más de 50 años.

La decana del COAC a nivel regional, Lola Cabrera, y el presidente de la demarcación de Gran Canaria, Francisco Javier Cabrera, aplauden la puesta en marcha de la ITE en municipios como el de Las Palmas de Gran Canaria por la oportunidad de trabajo que supone para una profesión que atraviesa horas bajas al estar asociada, sobre todo, al sector de la construcción. "Desde 2006 a 2011 la facturación de los arquitectos colegiados en toda Canarias ha bajado un 90%", aseguró Lola Cabrera, "las inspecciones y las reformas son una gran oportunidad para muchos profesionales, no sólo los arquitectos, que están sin trabajo, como los constructores, e incluso para los ayuntamientos, que ingresarán dinero por las licencias de obra que se van a pedir". Por su parte, Francisco Javier Cabrera aseguró que del millar de arquitectos colegiados en Gran Canaria sólo la mitad presentó algún proyecto el año pasado y que éste puede ser peor. "Ésta es una tendencia a nivel mundial, porque en Madrid el 50% de los colegiados viven de la ITE y en Londres llega al 70%", señaló el presidente. "Tenemos la absoluta convicción de que se acabó la vivienda nueva y que vamos a tener diez años por delante para hacer inspecciones y reformas".

Tasas
Desde el COAC no se quiere fijar una tasa estándar para realizar las ITE, porque, aseguran, el Tribunal de la Competencia no se lo permite, al ser una profesión liberal en la que cada uno fija sus honorarios. Sin embargo, para el previsto 'turno de oficio' sí se negociarían unas tasas preestablecidas que habría que negociar con las administraciones públicas. Según el COAC, los arquitectos de este 'turno de oficio' podrían ofrecer una rebaja en sus honorarios del 30%, y el otro 70% debería ser asumido por las administraciones, como ocurre con los abogados. "El Gobierno canario siempre ha dado subvenciones a los que adquieren viviendas protegidas, pues como ya no se construye nada nuevo, lo que puede hacer es destinar ese dinero para subvencionar la ITE a los que menos tienen para que les salga gratis", señaló Francisco Javier Cabrera. Los arquitectos también proponen que se concedan beneficios fiscales en el IBI o la declaración del IRPF a los propietarios para incentivar las reformas en las viviendas.

Los propietarios que sí pueden costearse un arquitecto tienen libertad de elegir al profesional que quieran siempre que esté colegiado. Además, el COAC también creará una lista con aquellos arquitectos que menos trabajo tienen para ofrecérselos a los propietarios.

En este sentido, el COAC propone también que las ITE no se queden sólo en la evaluación de la seguridad de los cimientos y las fachadas de los edificios, sino que se diagnostique también la habitabilidad, la accesibilidad, la salubridad y la sostenibilidad medioambiental de las edificaciones. "La ITE debe recoger unas especificaciones obligatorias y otras deseables, lo ideal es que se aconseje al propietario una serie de mejoras para hacer más habitable su casa, aunque no fueran de obligado cumplimiento", explicó Cabrera.

Contratistas
En este sentido, tanto la decana del COAC como el presidente de la demarcación insular no ocultaron sus recelos con la oferta lanzada desde la patronal de la construcción (AECP), que propone realizar las ITE de manera gratuita siempre que se contrate a uno de sus asociados la reforma posterior. "Creo que en la AECP no conocen muy bien lo que es la ITE", manifestó Lola Cabrera, "esas inspecciones tienen que hacerlas técnicos independientes y yo, desde luego, no recomendaría a ningún propietario que contrate para su inspección a un arquitecto que trabaje para un contratista, porque le resta credibilidad".

Los dirigentes del COAC aseguraron que no prevén ningún proyecto de convenio con la AECP para este fin y señalaron que sólo se va a conveniar con el Ayuntamiento capitalino para aclarar los aspectos técnicos de la ITE.
La Provincia