Desde hace unos meses unas vallas
azules circundan algunos edificios del centro de la ciudad. Protegen a los
viandantes de posibles desprendimientos de los ornatos o voladizos de las
fachadas. De hecho, la Policía
Local las instaló tras algún desprendimiento, que en el caso de un inmueble en
la calle Muñoz Degraín dejó a una mujer de 65 años herida con un traumatismo en
la cabeza tras recibir el impacto de unos azulejos que cayeron de la fachada. Se abría así un viejo debate: ¿nadie controla a los
propietarios para que mantengan los edificios en correcto estado?
El concejal de Urbanismo, José Ramón Pando, asegura que
existe un departamento dentro de la Policía municipal que «tramita expedientes
y realiza inspecciones
de fachadas». Por eso no considera necesaria una nueva ordenanza que regule la
inspección de edificios, como ocurre en otras ciudades (Madrid, Barcelona,
Bilbao y León, entre otras). Al menos, no de momento; porque dentro de poco
será obligatorio.
El año pasado se aprobó un Decreto-Ley que regula la
Inspección Técnica de los Edificios (ITE). Su artículo 21, el que obliga a los
propietarios a realizar la inspección y a las autoridades locales a su control,
entrará en vigor el próximo 7 de julio. Sin embargo,
la ciudad aguarda un documento regional. Porque las comunidades autónomas
tienen potestad para decir plazos y años de antigüedad de las construcciones.
Parten de un mínimo: los edificios de más de 50 años en ciudades de más de
25.000 habitantes no se
librarán de ningún modo.
«El Principado ya tiene un borrador. Se habló de edificios
con 35 años de antigüedad, pero estamos pendientes porque según está el
Gobierno regional el tema está paralizado», explicó Pando. Dice que «no vamos a
redactar una ordenanza,
para que luego el Principado diga lo contrario y tengamos que volver a
hacerlo». Además, tienen de plazo «hasta 2015». A finales de ese año, todos los
edificios de más de 50 años deberán tener aprobado su informe técnico en que se
determinarán las obras
que sean convenientes realizar o se informará favorablemente si fuera el caso.
El problema radica en que, según los datos del Partido
Socialista, la ciudad suma más de 22.000 viviendas construidas entre 1941 y
1970. Si tarda mucho en aplicarse el
decreto-ley, el tiempo podría echarse encima y «podría haber más derrumbes
porque tras la guerra civil se construyó muy rápido y con bajas calidades»,
razonó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfredo Carreño. Siguiendo
su argumentación han solicitado la
redacción de una ordenanza, «algo que no es nuevo pues ya lo habíamos pedido en
2010». Fue tras la caída de tres toneladas de escombro de un voladizo de un
inmueble de la calle Tenderina.
¿Quién realizará la ITE?
Los propietarios son quienes están obligados a realizar la
ITE a sus edificios. Queda por concretar quienes son los profesionales
capacitados para ello. Lo más lógico es que fueran arquitectos o arquitectos
técnicos. «Así lo creo, aunque será como dicte la normativa que muchas veces señalan que las harán
técnicos competentes», apunto José Antonio Laborda, miembro de la Junta
Directiva del Colegio de Aparejadores del Principado.
En su opinión, las inspecciones «son necesarias. No podemos
circular por las calles a expensas de
lo que pueda pasar por la falta de mantenimiento de los edificios. Además, no
es nada nuevo», incide. Porque ya en la Ley del Suelo se recoge la
obligatoriedad de los propietarios de mantener los edificios en correctas
condiciones de seguridad, salubridad,
accesibilidad y ornato. «La realidad es que no se viene haciendo o al menos no
de forma específica», comenta Laborda.
De la misma opinión es el portavoz de Izquierda Unida,
Roberto Sánchez Ramos. «La Ley de Suelo y el Plan General de 2006 ya recoge esta obligatoriedad. Hemos notado que
de forma sistemática hay un abandono y lo que debe hacer el Ayuntamiento es
exigir la conservación a los propietarios», recrimina. No cree Sánchez Ramos
que sea necesaria una nueva ordenanza: «El Ayuntamiento está obligado a defender el patrimonio, pero no
hay voluntad para hacerlo».
Recuerda el edil de IU el frustrado intento de «recreación de
fachadas». «Querían abrir la puerta para tirar los edificios, construir
aparcamientos subterráneos y volver a recrearlos. Eso no funcionó, así que deben restaurarse», afirma.
Ayudas y beneficios
El portavoz de IU recrimina que muchos propietarios hayan
dejado en el abandono sus edificios hasta declararlos en ruina técnica y
económica, como el de Uría, 16 o el que la entidad Cajastur tiene en la calle San Francisco, 4,
que hace un par de semanas sufrió nuevos
desprendimientos y en el que ya trabajan para subsanar los desperfectos.
«En algunos de estos edificios se dejó llegar a la ruina para
echar a los vecinos y establecimientos
comerciales. Se pierde empleo y siempre sale perdiendo la gente de rentas
bajas», recrimina Sánchez Ramos.
El inmueble de Uría, 16 se encuentra «en ruina técnica, no
económica», ya que el coste de su rehabilitación no supera el 50% del edificio.
La farmacia y la tienda de ropa que trabajaban en
sus bajos tuvieron que mudarse y ahora han colocado andamios en su interior
para evitar un derrumbe del edificio que comenzó a construirse en 1889. Lo
diseñó el arquitecto Juan Miguel de la Guardia, también autor de los palacetes de Villa Magdalena o La
Lila. Sus deficiencias ya habían sido detectadas por los autores del Catálogo
de Edificios y Elementos de Interés, elaborado en 2005.
Las dos últimas vecinas del edificio de San Francisco número
4 hicieron sus maletas en 2007.
Habían presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, porque la Audiencia
Provincial había declarado la ruina económica del edificio. Ellas alegaban que
en 2003, el Ayuntamiento declaró la no ruina económica y ordenó la ejecución de
unas obras que no se hicieron. Desde entonces, el
edificio permanece cerrado y ahora vallado.
«Nadie tiene excusa para dejar morir los edificios. El
Gobierno regional concede unas subvenciones para ello», recuerda Sánchez Ramos.
Cuando las ITE comiencen a ser obligatorias
«haremos algo para ayudar a los propietarios», garantizó Pando. Por ejemplo el
PSOE propone que se «ejecute un plan social de ayudas por si los propietarios
carecen de recursos y que se construyan viviendas de protección social, en el
caso de que haya
realojos», avanzó Carreño.
En todo caso, las inspecciones también tienen una lectura
positiva «que se olvida». «Los técnicos propondrían mejoras y podrían salir muy
beneficiados de todo el asunto de eficiencia energética. No tiene porque ser
malo y además el coste
no tiene que ser muy elevado», insistió el aparejador, José Antonio Laborda.
De momento lo urgente es la normativa regional «que creo
debería realizarse en todas las localidades no solo en las de más de 25.000
habitantes. El riesgo de los edificios es el
mismo», concluye. Habrá que esperar a que el Principado se pronuncie.
