miércoles, 30 de enero de 2013

Almería. urbanismo se "arma" para echar abajo edificios en ruina.


La Gerencia de Urbanismo ha iniciado los trámites para la contratación de una empresa que se encargue de la demolición de viviendas que se encuentran en estado ruinoso y cuyos propietarios, a pesar de las órdenes emitidas por el Ayuntamiento de la capital, no han subsanado las deficiencias detectadas por los técnicos municipales, que en muchos casos alertan del peligro de desplome de los inmuebles sobre la vía pública. 

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Los pliegos de condiciones del contrato, por un importe de 70.000 euros, no incluyen una relación sobre los inmuebles en los que el Ayuntamiento pretende actuar de forma subsidiaria. Esto es, derriba y luego pasa la factura del coste de los trabajos a la propiedad, que también ha de hacer frente a las pertinentes sanciones económicas. Tampoco incorpora el pliego el número de casas a demoler. Pero trabajo, desde luego, no le faltará a la futura adjudicataria que, a tenor de las cifras que desprende el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

El PGOU cifra en casi 10.000 las viviendas en Almería capital que no reúnen suficientes garantías al presentar un "estado deficiente, ruinoso o malo", lo que significa un 12% de las 78.620 existentes en el término municipal. El casco antiguo concentra un buen número de ellas, acaparando 354 edificaciones ruinosas, algunas de ellas protegidas en grado uno por su valor arquitectónico e histórico. 

Son estos últimos datos relativos a la zona antigua de la ciudad los que facilitó el Ayuntamiento de Almería en mayo de 2010, cuando Urbanismo emprendió la creación del Registro Municipal de Edificios y Solares Ruinosos, que iba a permitir al Consistorio sacar a subasta pública aquellas propiedades abandonas con la intención de frenar, con una medida muy intervencionista, el deterioro progresivo del casco viejo y erradicar la picaresca de dejar morir la vivienda para poder luego proceder a la venta del solar. 

La idea era comenzar a intervenir en 2013, si bien el Registro se encuentra paralizado hasta que Urbanismo conjugue el mismo con las inspecciones técnicas de edificios (que arrancan este año), y con el nuevo toque que el actual responsable de la Gerencia, Pablo Venzal, quiere imprimirle a la ordenanza que regula la concesión de ayudas a la rehabilitación privada, que podría ir más allá del subvención de proyectos que solo mejoran las fachadas. 

Mientras que Urbanismo aclara estas tres armas de actuación, la empresa a contratar por un año estará centrada en ejecutar aquellos expedientes abiertos a edificaciones que presentan síntomas de riesgo de desplome. La Gerencia no ha facilitado datos al respecto, pero es muy frecuente encontrar en el tablón de edictos órdenes emanadas por el Ayuntamiento al respecto. El pasado mes de octubre, por ejemplo, hubo gorgoteo de órdenes de derribo sobre 14 viviendas. 

Estos inmuebles se encuentran en distintos puntos de la capital como las calles Gran Capitán, Pendiente o Silencio y han sido motivo de apertura de expediente por el resultado de las inspecciones que efectúan tanto los técnicos que el Ayuntamiento dispone para tal fin como por denuncias de la Policía. 

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En el caso de estas viviendas los informes alertan de la presencia de grietas en la fachada y de un inadecuado estado estructural con un potencial riegos de desplome sobre la vía pública, por lo que el concejal de Urbanismo firmó sendas órdenes de derribo urgente, después de haber declarado los inmuebles en situación legal de ruina urbanística al superar el coste de las reparaciones necesarias el límite del deber normal de conservación. 

Además de la demolición y posterior limpieza de escombros, los propietarios deben vallar el solar, así como enfoscar y pintar medianerías para evitar humedades en casas colindantes. De no acometer las obras, lo hará la empresa contratada con factura a cargo de la propiedad.

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