La Ley de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid continuará su tramitación en la Asamblea de Madrid después
de que, con los votos en contra del PP, se rechacen hoy las tres enmiendas a la
totalidad presentadas por PSM, IU y UPyD.
La diputada socialista Amparo Valcarce
ha afirmado que toda la oposición está en "desacuerdo" con esta ley
que "desprotege el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid",
por lo que "va a salir adelante con el rodillo de la mayoría absoluta del
PP".
Según Valcarce, es "una ley a
medida" para "la especulación urbanística" y para "aprovecharse
del patrimonio histórico de todos los madrileños".
En este sentido, ha señalado que la
futura norma responde a las necesidades de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
que "está muy interesada en la operación Canajelas", y a las del
magnate estadounidense Sheldon Adelson.
"Es también un traje a medida
para Eurovegas; que aparecen restos arqueológicos en los terrenos que se le
pretende entregar al señor Adelson, ningún problema, no tendrán
protección", ha añadido Valcarce, que ha criticado que la ley instaure lo
que ha denominado como "fachadismo", es decir, la defensa del
exterior de las edificaciones, pero no de su interior.
El diputado de IU Joaquín Sanz ha
coincidido en esta crítica, ya que, a su juicio, la ley busca "mantener
fachadas y tirar todo lo demás".
Para Sanz, en este proyecto,
"prevalece el interés privado sobre el público", además de que
excluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan "promover la
declaración de un bien cultural".
El diputado de UPyD Juan Luis Fabo ha
defendido la enmienda de totalidad de su grupo ante el "retroceso hacia la
desprotección del patrimonio" que, en su opinión, supone el proyecto de
ley.
Según el diputado de UPyD, la futura
norma "opta por disminuir la protección" como mecanismo para
favorecer "una visión más economicista" de los usos del patrimonio
histórico y arqueológico, a diferencia la legislación nacional de 1998.
Por su parte, el diputado del PP
Bartolomé González ha asegurado que es "una ley clara y
transparente", que se adapta a las "necesidades de hoy en día"
del patrimonio histórico.
"Desde el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se han tenido en cuenta muchas de las reivindicaciones
tanto de los colegios profesionales como de las distintas asociaciones",
ha agregado.
González ha apuntado que, tras quince
años en funcionamiento de de la anterior ley, era "necesaria" una
nueva para "recoger algunas de las necesidades que se han ido planteado
por los distintos colectivos durante los últimos años", por lo que, en su
opinión, la ley va salir adelante con "un gran grado de consenso".
El Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid aprobó el 14 de marzo pasado el anteproyecto de Ley de Patrimonio
Histórico, que elimina "trabas administrativas y duplicidades", según
el Ejecutivo.
La nueva ley propone que el proceso
administrativo para declarar un Bien de Interés Cultural se acorte de quince a
nueve meses.
Además, para favorecer las labores de
conservación de los bienes protegidos por parte de sus propietarios, la
Comunidad de Madrid deberá contestar en un máximo de dos meses a las
solicitudes de intervención en cualquier Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien
de Interés Patrimonial (BIP) -hasta ahora no había plazos-.
Si no hay respuesta, el silencio
administrativo será negativo para los BIC y positivo para los BIP
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