La sección séptima de la sala de lo
contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha avalado la Orden del
Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la
suspensión de los derribos en la zona afectada, según han confirmado fuentes
conocedoras de la resolución a Europa Press.
De esta manera, la Audiencia ha
desestimado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat
valenciana contra esta Orden del Gobierno anterior -PSOE-, que ya fue avalada
hace unos meses por el Tribunal Supremo (TS).
El origen de los hechos se remonta al
29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la
que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del
Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto
histórico y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y
garantizara la protección de los valores de este conjunto. Esta Orden supone la
paralización de los derribos en El Cabanyal para acometer la prolongación de la
Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
El tribunal, tras estudiar el caso, ha
declarado que la orden ministerial es "correcta", en su forma y en su
contenido, en base a algunas consideraciones. Entre ellas, considera que el
Ministerio de Cultura tiene capacidad para emitir la declaración de expolio,
pues "queda claro" que el Estado central es constitucionalmente
competente en materia de protección y conservación general del patrimonio
histórico, y no sólo de las zonas declaradas BIC, según han indicado fuentes de
la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar en un comunicado.
Además, la Audiencia indica que el
ministerio es "respetuoso" y "no invade en modo alguno la
autonomía local", pues la orden ministerial no le dice al Ayuntamiento lo
que tiene que hacer. Sólo le dice que lo previsto en el PEPRI es
"ilegal" por constituir expolio. La alternativa deberá proponerla de
nuevo el Ayuntamiento, modificando el plan para hacerlo compatible con la
protección del patrimonio.
 |
| Imagen de la noticia |
Junto a ello, el tribunal señala --siempre
según la plataforma Salvem-- que no es ilegal que la declaración de expolio sea
declarada por una orden ministerial firmada por la ministra --en vez de por una
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes, como alegaba el
Ayuntamiento--. Es evidente para la Audiencia que el órgano superior puede
hacer lo que se atribuye a un órgano inferior y dependiente.
Con todo, estima que el ministerio no
actuó de forma arbitraria, ni hubo desviación de poder. Bien al contrario, de
la sentencia se deduce la "minuciosidad" y el "respeto" por
las formas que caracterizó al ministerio en cada paso procedimental que dio
lugar a la elaboración de la Orden que declara el expolio, han señalado las
mismas fuentes.
No
hubo indefensión
La Audiencia también indica en la
resolución que no hubo indefensión del Ayuntamiento en el procedimiento que dio
lugar a la declaración de expolio, pues se le dio trámite de audiencia e hizo
llegar su informe favorable al PEPRI.
El tribunal repasa los distintos
informes emitidos por instituciones y organizaciones de defensa del patrimonio,
para concluir que del conjunto de ellos se deduce que la declaración de expolio
está muy bien argumentada.
Ayuntamiento
de Valencia
Los servicios jurídicos del
Ayuntamiento de Valencia están estudiando todas las posibilidades jurídicas que
caben tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de avalar la Orden
del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial
de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la
suspensión de los derribos en la zona afectada, han informado fuentes del
Consistorio a Europa Press.
En estos momentos, los servicios
jurídicos municipales están ya analizando el contenido de la sentencia -que se
ha conocido esta tarde, dictada por la sección séptima de la sala de lo
contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, para sopesar las
posibilidades de recurso y poder hacer público este viernes un pronunciamiento.
La Audiencia ha desestimado los
recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la Generalitat valenciana contra
esta Orden del Gobierno anterior -PSOE-, que ya fue avalada hace unos meses por
el Tribunal Supremo (TS).
El origen de los hechos se remonta al
29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura dictó una Orden en la
que declaraba que el PEPRI suponía la expoliación del conjunto histórico del
Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto
histórico y suspendía de forma inmediata su ejecución hasta que se adaptara y
garantizara la protección de los valores de este conjunto. Esta Orden supone la
paralización de los derribos en El Cabanyal para acometer la prolongación de la
Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
Calabuig
lo considera «otra oportunidad» para el Cabanyal
El portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha valorado que el
fallo de la Audiencia Nacional (AN) como “una gran oportunidad para revitalizar
el Cabanyal” y “un nuevo varapalo judicial” para la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá.
En estos términos se ha pronunciado
sobre la decisión de la AN de desestimar los recursos interpuestos por el
Ayuntamiento y la Generalitat valenciana contra la Orden del Ministerio de
Cultura socialista que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección
y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la suspensión de
los derribos en la zona afectada
Joan Calabuig, que ha considerado que
“no cabe esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) para
empezar a actuar”, ha emplazado a Barberá a “acatar la sentencia cuanto antes y
elaborar un plan alternativo que permita revitalizar el barrio”.
Para lograr este objetivo, ha “tendido
la mano” Barberá para “trabajar desde el consenso, el diálogo y la participación
de todas las fuerzas políticas y los vecinos y vecinas del barrio”. En esta
línea, ha recordado que su formación ya presentó un plan integral para el
Cabanyal a través de una moción en el mes de enero, que fue rechazada por el
Partido Popular.
“La sentencia abre una nueva etapa en
la que el Ayuntamiento debería proceder a anular la suspensión cautelar de las
licencias e informar a los vecinos y vecinas de que se pueden acoger a las
ayudas a la rehabilitación contenidas en el convenio de 2007”, ha explicado.
El portavoz socialista también ha
propuesto que el Ayuntamiento se “coordine con la Generalitat para realizar los
equipamientos educativos, sanitarios y las zonas verdes que necesita el
barrio”, así como que lleve a cabo la “rehabilitación de las más de 400 casas y
solares pagados con dinero público”.
Según ha explicado, con el plan
integral para el Cabanyal que el grupo municipal socialistas presentó en enero,
“se crearían más de 1.000 empleos directos en la ciudad”. Así, ha enfatizado
que las inversiones en el barrio son "clave para reactivar la economía y
generar empleo en el conjunto de Valencia” y ha remarcado que es el momento de
“trabajemos todos juntos para generar actividad económica y superar
enfrentamientos estériles”.
Joan Calabuig ha remarcado que la
sentencia de la Audiencia supone una “gran oportunidad para concentrar
esfuerzos en invertir y excluir la degradación”. “Ahora lo primero es atender a
los vecinos y vecinas que tanto están sufriendo”, ha concluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario