«Si la gente no paga las cuotas de la comunidad de vecinos o, en algunos casos, el alquiler, ¿cómo va a asumir la reforma de una fachada que cuesta mucho dinero?» La reflexión es de Miquel Reverte, presidente de la Associació de Veïns del Barri Fortuny, una de las zonas de Reus con un parque de viviendas más antiguo, ya que la mayoría de sus edificios fueron construidos a principios de los años 60.
El pasado 10 de noviembre, los vecinos de la calle Pi i Margall de este barrio vivían un gran susto, con el hundimiento de un balcón que -de manera milagrosa- no causó ningún herido. Tres semanas después, la acera continúa acordonada por el precinto de la Guàrdia Urbana para que, mientras no se reforman los balcones de los números 14 y 16, nadie pase por debajo. «Está vallado y no han empezado las obras, porque no se sabe quién las pagará», comenta Reverte.
Uno de los grandes problemas con los que se encuentran estas comunidades es la falta de recursos de sus inquilinos para afrontar las reformas necesarias. El presidente de la Associació de Veïns del Barri Fortuny recuerda que «la mayoría son o gente mayor, o con muy pocos recursos económicos. No hay un duro y es imposible que puedan afrontar los gastos de una reforma en la fachada».
En el barrio Fortuny de Reus, los únicos pisos que se han reformado han sido los de Adigsa. El resto, en algunos casos, el estado de los balcones y fachadas es precario, tal y como advirtió el arquitecto municipal cuando visitó las comunidades donde se produjo el hundimiento.Inspección técnicaSe da la circunstancia de que, en febrero de este año, entró en vigor un decreto de inspección técnica de los edificios que tengan 45 o más años de antigüedad. Este decreto, que fue aprobado por el anterior gobierno de la Generalitat, nació como un sistema de control periódico del estado de los edificios, llevando a la práctica el deber que tienen los propietarios de conservar y rehabilitar sus inmuebles.
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Aunque esta inspección técnica de los edificios es obligatoria, a día de hoy, no existe ningún control por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya sobre su cumplimiento, tal y como reconoce el secretario de Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, quien afirma que «aunque es una ley que hay que cumplir, es un tema que no nos preocupa excesivamente. El decreto se publicó en el DOC sólo dos días antes de las elecciones de 28 de noviembre y el anterior gobierno lo sacó deprisa y corriendo y a última hora. Además, tiene muchas deficiencias y carencias».
Sala asegura que «el próximo año veremos si conviene modificarlo o no. También veremos cuántos edificios la han pasado y evaluaremos si habrá que llevar un control sancionador que ahora no existe». Además, el secretario de Habitatge i Millora Urbana considera que «la gente debe verla como una inspección amable, de seguridad».En este sentido, la Generalitat tiene previsto poner en marcha una campaña de concienciación «con el objetivo de que la gente vea que debe mantener su vivienda en buen estado», afirma Sala.
5.000 edificios en la provincia
Según fuentes de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, en la provincia de Tarragona existen unos 5.000 pisos de 45 o más años de antigüedad que estarían obligados a pasar esta inspección técnica. No obstante, no tienen datos de cuántos la han pasado, aunque a tenor del control que hay el número será bajísimo.
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