Los quince municipios de más de 20.000
habitantes de Castilla y León están obligados a la inspección técnica de los
edificios que tengan más de 40 años, mientras que los pueblos de más de 5.000
vecinos la norma sólo afecta a los bloques de pisos. Así lo recoge el decreto
aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que modifica el Reglamento de
Urbanismo en la parte referida a la inspección técnica de edificios,
adaptándolo al marco legal actual definido por la Ley de Vivienda de Castilla y
León y la normativa básica nacional. El decreto establece una evaluación
periódica del estado de conservación de todos los edificios en los municipios
con más de 20.000 habitantes, obligatoria a partir de los 40 años desde su
terminación. En los demás municipios con más de 5.000 habitantes la obligación
se limita a los «edificios colectivos de uso residencial», los bloques de
pisos, según ha referido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el
portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Se atribuye la
obligación de promover la inspección a los propietarios (en los edificios en
régimen de propiedad horizontal será la comunidad de propietarios).
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