El equipo de gobierno de Siero tiene
intención de aplicar la inspección técnica de edificios a los inmuebles con más
de 50 años de antigüedad a partir de 2013, una vez que se clarifique la
normativa regional en la que se habrá de basar la iniciativa, según adelantó la
concejala de Urbanismo, Engracia Valle.
El portavoz de la oposición, Ángel García, «Cepi», había instado al equipo de gobierno a poner en marcha la normativa de inspección de edificios a raíz del desprendimiento de una cornisa en la calle Antonio Machado de Lugones.
También se habían dado casos de
desprendimientos de cascotes del exterior en edificios de las calles Párroco
Fernández Pedrera y Pedro Vigil, de Pola de Siero, que obligaron a precintar
las aceras para evitar daños a los transeúntes.
A raíz de esta solicitud, la concejala aclaró que, a la hora de elaborar el reglamento que regulará la inspección técnica de edificios, el municipio depende de una normativa regional que está pendiente de aprobación y que, casi con toda seguridad, se aprobará a lo largo de este año.
Una vez fijadas definitivamente las directrices regionales, el municipio comenzará a actuar. Además de fijar las bases y las condiciones, una de las labores importantes para impulsar esta medida es realizar un censo de los edificios que tienen al menos cincuenta años. La concejala precisó que el desarrollo de la ordenanza que regulará la inspección implicará a los departamentos de Urbanismo y Estadística.
Hasta que se realice el mencionado censo, Siero no sabrá cuántos edificios estarán afectados por la norma. La edil aclaró que se trata tan solo de edificios residenciales y que estarán incluidos no sólo los de las grandes localidades sino también los de la zona rural. Lo cierto es que Siero cuenta con numerosas edificaciones construidas al menos a mediados del siglo pasado que podrían verse afectadas. Y también están los inmuebles del casco antiguo de Pola de Siero, algunos de los cuales datan de mucho más atrás.
La aplicación de la norma, si se observa de forma rigurosa, podría contribuir a evitar errores del pasado, que llevaron a permitir que muchos edificios quedaran en ruinas y terminasen derribándose, como salta a la vista en los solares que han quedado donde se levantaban.
La iniciativa de la inspección data de 2011. Ese año se aprobó un Real Decreto de ámbito nacional sobre el tema, que obligaba a las comunidades autónomas a desarrollarlo en reglamentos propios. Asturias tiene ya elaborado un documento básico, pendiente de aprobación, que fijaría en 2015 la fecha en la que todas las viviendas de más de medio siglo de los municipios con más de 25.000 habitantes tendrían la obligación de haber pasado la inspección.
Los aspectos básicos que debe controlar la inspección son las condiciones de seguidad, salubridad y ornato, que sería obligatorio mantener, y las mejoras en la accesibilidad, ambientales y energéticas, que estarían sujetas a recomendaciones.
Engracia Valle dijo que hay muchas cuestiones por fijar que no aparecen reconocidas en el documento, como el realojo de aquellas familias que residan en viviendas que tengan daños estructurales y que requieran una intervención inmediata o la financiación en el caso de edificios que requieran obras de gran envergadura que los propietarios tengan dificultad para asumir, si deberá actuar el municipio de forma subsidiaria o habrá ayudas del Principado.
En todo caso, el municipio tiene intención de velar por la seguridad en los edificios y para ello deberá contemplar todos los aspectos de la normativa y procurar un equilibrio entre los intereses de los habitantes de las viviendas y la seguridad de ellos mismos y de los viandantes que pudieran verse afectados.
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