El Ayuntamiento de Burgos ordena el arreglo de 64 propiedades en mal estado

A cada derecho le corresponde un deber. Y aunque la propiedad es sagrada, también lo es la obligación de conservarla. Por ello, el área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos mantiene abiertos, en este momento, hasta 64 expedientes con órdenes de ejecución sobre diferentes edificios o solares de la capital en mal estado. Advertencias serias en las que deja claro a los dueños que si ellos no actúan, será la administración la que intervendrá subsidiariamente y la que, como no puede ser de otra forma, les remitirá la factura que Jovilma (la empresa encargada de estas tareas) le pase por los trabajos realizados.

Para llegar a esta situación, que lo único que pretende es garantizar la seguridad, la salubridad y el ornato público de acuerdo con la normativa estatal y autonómica, ha sido necesario que, previamente, el Consistorio les haya recordado a los dueños sus obligaciones para que, antes de tomar medidas más contundentes, actúen por su cuenta.
Y fruto de esa insistencia, en la que se les dice que el Ayuntamiento será inflexible, se consigue que algunos de estos propietarios entren en razón. Así, de los 64 expedientes abiertos hay 22 en los que, o ya han actuado, o lo están haciendo, o la van a hacer de inmediato. En cualquier caso, y tal y como señala la concejal de Licencias, Dolores Calleja, el expediente no se cierra hasta que «los técnicos municipales comprueban que la ejecución ha subsanado las deficiencias en el inmueble. Ya sea de forma subsidiaria o porque el propio interesado ha decidido actuar. Son las dos únicas formas de terminación de un expediente», afirma tajante.
Precisamente sobre este último supuesto, los dueños de los inmuebles de La Paloma 3, de Cardenal Segura 9 y del solar de Fernán González 39 han iniciado recientemente las obras en sus propiedades de acuerdo con las exigencias municipales y atendiendo al ultimátum municipal. Trabajos que, por otra parte, contribuirán a mejorar la estética del centro histórico de la ciudad.

No obstante, también existen casos en los que, a pesar de la reiteración de avisos municipales, los propietarios se hacen los remolones e intentan burlar sus obligaciones. Y en algunos de ellos, lo hacen hasta su últimas consecuencias. Entonces, y como última medida, se recurre a la ejecución subsidiaria. En estos momentos, Jovilma, la empresa que ejecuta estas tareas, ha actuado, o trabaja aún, en 12 expedientes que continúan abiertos. Y ha habido incluso un caso en el que las tareas se han realizado desde la brigada de obras del Ayuntamiento.

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En total, de todos los expedientes abiertos, 40 se refieren a inmuebles, otros 22 a urbanizaciones o remates y otras dos órdenes han sido para eliminar dos grúas de la vía pública. En una ocasión incluso tuvo que intervenir Medio Ambiente porque había un nido de cigüeña.

En el caso de los edificios, hay casos en los que se obliga a proceder a la ruina del edificio y otros en los que se exige la reparación de algunas de sus partes (cubierta, fachada...). Y aunque las más sonadas son las órdenes de ejecución en el centro histórico, también las hay en otras zonas como Condesa Mencía, Coprasa, Capiscol, Villímar.

Generalmente, y tal y como señala la edil, la actuación municipal se suele producir por «denuncias, por inspecciones municipales, o por avisos de bomberos en los que, ellos mismos, detectan que hace falta una orden de ejecución».

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