Pontevedra.
Los cambios normativos frenan la ITV de edificios.
El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016
ha supuesto un frenazo a la ordenanza que estaba elaborando el Concello de
Pontevedra para regular la Inspección Técnica de Edificios (ITE), según indicó
ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Antón Louro (PSOE). La normativa que
amparaba dicha ITE, que había sido aprobada en el 2011, ha quedado derogada por
el Plan Estatal, que prevé el desarrollo de una nueva legislación actualmente
en trámite parlamentario.
Louro indicó que el Plan Estatal de
Vivienda crea la figura del «informe de evaluación ambiental del edificio».
Esta fórmula establece que «adamáis do estado da estructura e instalacións do
inmueble -que eran las cometencias de la ITE- se analizan as deficiencias en
materia de eaccesibilidade e de certificación enerxética dos edificios». Esta
nueva inspección, en principio más amplia que la que pretendía el Concello con
la ITE, será obligatoria a partir de los 50 años de vida de cualquier inmueble,
y será exigible a partir del año 2019.
Al parecer, el Plan Estatal de
Vivienda prevé la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan acogerse
a líneas de ayudas para llevar a cabo este tipo de inspecciones, hasta un
máximo de 500 euros, según relató Louro.
Los
edificios de más de 50 años deberán ser inspeccionados cada diez años.
Ni 40 ni 45. Finalmente, el
Ayuntamiento exigirá la inspección que contempla la ley a todos los edificios
que cuenten con un mínimo de 50 años, lo que atañe a cerca de 700 viviendas del
centro histórico.
Las revisiones tendrán una
periodicidad de 10 años y no solo se centrarán en aspectos técnicos y de
seguridad, como preveía la ordenanza municipal en tramitación. Las inspecciones
también examinarán con lupa las condiciones de accesibilidad del inmueble y la
certificación energética.
Ambos condicionantes parten del Plan
de Vivienda presentado por el Ministerio de Fomento y de la Ley de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, todavía en trámite
parlamentario.
En base a estos documentos, las
inspecciones técnicas se sustituyen por informes de evaluación del edificio, en
la que se contemplan más requisitos a superar.
Su entrada en vigor ha obligado a la
Concellería de Urbanismo a detener la tramitación de la ordenanza de las
inspecciones técnicas y a proceder a su adaptación al nuevo marco normativo.
Máxime, cuando el Plan de Vivienda ha declarado derogada la normativa de las
inspecciones redactada en 2011.
El concejal de Urbanismo, Antón Louro,
explicó ayer que los técnicos municipales ya se encuentran en la fase de
reestudio de la ordenanza y que, tan pronto como esta esté
"sincronizada" con la norma estatal, se procederá a su tramitación.
En esta etapa los funcionarios estarán
en disposición de cubrir lagunas y ajustar condicionantes, ya que la Ley de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas deberá regularse a través de
normas que impongan los ayuntamientos o, en su defecto, las comunidades autónomas.
Accesibilidad. La previsión del
Ministerio de Fomento es que las inspecciones sean obligatorias a partir de
2019 y que cuenten con un plazo máximo de cinco años desde que los edificios
llegan a los 50 años de antigüedad.
Para lograr los primeros voluntarios e
incentivar las revisiones, el Plan de Vivenda contempla una línea de ayudas
para que las comunidades de vecinos y los propietarios de edificios realicen la
inspección antes de 2016. Su importe alcanzará un máximo de 500 euros.
Respecto a las obras de accesibilidad
y de eficiencia energética, la ley dice que deberán hacerse si se detectan
necesidades y se consideran 'ajustes razonables', es decir, trabajos y obras
"que supongan menos de doce cuotas ordinarias del mantenimiento de un
inmueble", reza la normativa.
Revisión integral. La nueva
ordenanza sustituirá al texto aprobado en 1999, sobre el 'Deber de Conservación
e Mantemento dos Elementos Exteriores das Edificacións', que solo afecta al
mantenimiento exterior de los inmuebles. Las revisiones serán integrales y
actuarán como una herramienta de prevención, ya que permitirá detectar posibles
deficiencias. Serán realizadas por empre
sas especializadas y, probablemente,
contarán con una validez de diez años.
Las revisiones terminarán con la elaboración
de un informe, en el que los técnicos especialistas determinarán qué tipo de
obras de reparación deben realizar la comunidad de vecinos o propietarios del
inmueble. La ordenanza contemplará sanciones para aquellos casos en los que el
inmueble cuente con más de 50 de años y no sea sometido a inspección.
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