La rehabilitación de edificios y
construcción en solares abandonados en Ciutat Vella no avanza, y la crisis no
es la única explicación. Al menos para el grupo municipal socialista, que
denunció este viernes que la “desidia” del Ayuntamiento de Valencia en la
gestión urbanística “está haciendo mucho daño” al centro histórico y a otros
conjuntos protegidos de la ciudad. Según el concejal Vicent Sarrià, el registro
de solares y edificios a rehabilitar, creado hace 15 años, no funciona, lo que
mantiene Ciutat Vella salpicada de solares y edificios cubiertos de mallas
protectoras para evitar la caída de cascotes de las fachadas.
El registro se creó en 1997 para
evitar que los propietarios retuvieran solares sin edificar o inmuebles vacíos
y en mal estado durante años. Una vez avisados oficialmente por el Ayuntamiento
de la obligación de actuar en sus propiedades, los afectados tienen un año para
pedir licencia de obra. En caso de no hacerlo son incluidos forzosamente en el
registro, momento a partir del cual cualquier empresa puede presentar un
proyecto pagando a los propietarios por el suelo o sus viviendas al precio de
una expropiación.
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También puede asumir la actuación
urbanística la empresa municipal Aumsa.
Pero la amenaza de perder el control
de sus solares al entrar en el registro no ha surtido efecto entre sus dueños y
el grupo
socialista lo ha denunciado en numerosas ocasiones. Sarrià aseguró
este viernes que en 15 años “todavía no se ha edificado ningún solar incluido
en el registro ni se ha rehabilitado ningún edificio”. Además, las pocas
actuaciones encargadas a Aumsa en 2007 están paralizadas, como es el caso del
número 2 y 3 de la plaza del Doctor Collado, junto a la Lonja, donde el restado
ruinoso de las fachadas llama la atención. Tampoco se ha movido nada en un
solar de la calle de Torno del Hospital para el que se llegó a aprobar un
programa de actuación aislada en 2005. No se ha construido.
El concejal delegado de Urbanismo,
Jorge Bellver, respondió airado al grupo municipal socialista, al que acusó de
“caradura” y de “ignorancia orgullosa y prepotente” por “atreverse” a criticar
el funcionamiento de un registro “que tan efectivo ha sido para forzar la
petición de licencias de obra”. Según Bellver, la advertencia a los
propietarios de que podían perder el control de sus bienes al entrar en el
registro ha propiciado la petición de licencias para más de 900 viviendas en
toda la ciudad, 325 de ellas en Ciutat Vella, y el resto en Russafa, Natzaret y
Beniferri.
En el caso de Ciutat Vella son apenas
25 más que las que se habían pedido hasta julio de 2009, cuando Bellver
presumió en una comparecencia de prensa del “éxito” del registro, cuya virtud,
a su juicio, era que los propietarios intentaran esquivarlo pidiendo licencias
de obra. Según el concejal, esta vía había propiciado la solicitud
de licencias para unas 300 viviendas en una cincuentena de
solares, y solo siete terrenos figuraban en el registro porque no se había
logrado mover a los dueños a construir. Sin embargo, en muchos de esos solares
no se había puesto un ladrillo en esas fechas.
Fuentes de Urbanismo reconocieron este
viernes que existe un parón en las órdenes de edificación debido a la crisis,
pero insisten en que el registro no es un fracaso, como alega Sarrià. La
concejalía no considera oportuno dictar ahora órdenes de edificación porque
obliga a pedir licencia en el plazo de un año y es un momento complicado para
obtener financiación y la demanda de viviendas ha bajado.
Sarrià insiste: “La Delegación de
Urbanismo, cada vez que se plantea el tema contesta con evasivas, hablando de
las miles de notificaciones que realizan y que el propietario suele con el
tiempo pedir licencia. Pero la cuestión es que el expediente queda atascado en
esa fase y si el propietario no cumple, no se acaba incluyendo en el registro
para que otros actúen”.
Tampoco avanzan las actuaciones que se
han dejado en manos de Aumsa. La empresa municipal lleva la gestión directa de
alrededor de una decena de proyectos en los que el Ayuntamiento ha considerado
que debía intervenir. La concejalía que dirige Bellver alega que “la
tramitación es muy compleja, puesto que existen propietarios que han sido
incluidos en el registro de manera voluntaria y otros de manera forzosa”.
El PSPV destacó que en Valencia hay un
millar de edificios protegidos, de ellos unos 300 en Ciutat Vella, que están
vacíos o tienen una baja ocupación. Y en este contexto achacó al Ayuntamiento
el escaso cumplimiento de la llamada Inspección Periódica de Construcciones,
que exige la revisión de todos los edificios protegidos y aquellos de más de 50
años de antigüedad.
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