En torno al 70% de las inspecciones
técnicas de edificios (ITE) que se realizan en las ciudades españolas con
regulación sobre la materia acaban con un dictamen desfavorable. No obstante,
la mayoría de estos informes negativos, que han de venir acreditados por
arquitectos, ingenieros o aparejadores, son por defectos leves que se subsanan
con licencias de obra menor.
Estos datos los aportan los
arquitectos José María Guitián y Andrés Menéndez, al frente de la delegación
asturiana de la consultora Cité (Calidad e Inspección Técnica de Edificios). Su
estudio de la calle Marqués de San Esteban se ha anticipado al momento en que
estas revisiones pasarán a ser obligatorias por ley en las ciudades asturianas
de más de 25.000 habitantes. Si una norma autonómica o una ordenanza municipal
no regulan su aplicación primero, los edificios gijoneses que superen los 35
años de antigüedad (actualmente 13.368) deberán empezar a someterse a ese
mantenimiento legal preventivo antes de 2015. Así lo establece el Real
Decreto-ley 8/2011, que entró en vigor precisamente el pasado sábado.
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Guitián y Menéndez han estudiado en
profundidad la situación del parque inmobiliario del Principado y la forma en
que se ha implantado la ITV de los edificios en comunidades limítrofes como
Galicia, Castilla y León y Cantabria. Según explican, la repercusión económica
de estos controles técnicos periódicos ronda los 50 euros de media por vecino
cada cinco años. «Los colegios profesionales no pueden marcar tarifas, lo que
facilita las guerras de precios», indican.
Si la inspección sale desfavorable se
informa al ayuntamiento correspondiente y la comunidad de vecinos tiene
entonces un año para ejecutar las reparaciones pertinentes para mantener las
condiciones de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad, aunque
habitualmente se les puede conceder prórrogas. Los municipios no cobran tasas
por la ITE, pero sí se benefician de la expedición de licencias por obras
menores. En Valladolid aumentó un 200% la recaudación por este concepto merced
a la ITE.
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