La demolición de la barroca Casa Grande de Alquerías, ejecutada la semana pasada sin licencia municipal ni autorización de la Consejería de Cultura para mover o trasladar su escudo catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural), que sigue desaparecido, ha desatado un reguero de acusaciones y críticas de asociaciones y grupos políticos hacia las dos administraciones por su impasividad ante la desaparición del patrimonio de Murcia y su huerta. Según la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur), que lleva varios meses actualizando de motu propio el Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico (Pecha), solo en el centro de Murcia habrían desaparecido 23 edificios protegidos entre 1994 y 2010, «siendo sustituidos por falsos históricos que de ninguna forma pueden estar en el Pecha ya que se trata de imitaciones».
En pedanías, el número de elementos protegidos y desaparecidos supera los 20. Según Ángeles Moreno Micol, asesora de Huermur, hay un denominador común en todos los casos: «Solo destruyen aquellos edificios donde se ha podido especular urbanísticamente. No han tirado el Romea ni una iglesia, sino palacetes o casonas que molestaban a ciertos promotores, cuya única obligación, en la mayoría de casos, era conservar las fachadas».
Huermur, que denunció el miércoles los hechos en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, reclamó ayer una intervención urgente para salvar el menguante Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del PGOU, ya que, según Moreno, «resulta evidente que la protección cultural en Murcia es completamente ineficaz y que el Catálogo queda en papel mojado». Además, según Huermur, tampoco se promueven medidas que ayuden a sus propietarios a la rehabilitación de estos edificios, «entrando en la dinámica habitual de abandono, degradación, ruina y, al final, derribo».
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El Católogo contempla 303 inmuebles: 95 en pedanías y 208 en el casco histórico de Murcia. De esos 208, 37 tienen protección con grado 1, en su mayoría declarados BIC, que gozan por tanto de la máxima protección -la mayor parte de iglesias y conventos, junto con algunos palacios y edificios públicos como el Teatro Romea-; 101 están protegidos con grado 2, que obliga a mantener su estructura general -entre ellos se encuentra el Ayuntamiento, la Plaza de Toros, el Mercado de Verónicas y la Facultad de Derecho-; y 70 tienen protección con grado 3, donde es posible actuar, pero conservando la fachada.
En el listado de edificios protegidos y, sin embargo, demolidos figura el Palacete Ponce (grado 3), el Parador del Rey del Puente de los Peligros (grado 3), el Palacio de Meoro de Santa Eulalia (grado 2), el edificio López Briones de Trapería, 14 (grado 2) o el Gobierno Militar (grado 2).
Fuentes de la Concejalía de Urbanismo informaron ayer a 'La Verdad' que, en virtud de la moción presentada por IU-Verdes y aprobada por unanimidad de todos los grupos en el Pleno de febrero de 2011, los técnicos municipales llevan varios meses procediendo a la revisión del Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos con el objetivo de actualizar el inventario y eliminar los elementos desaparecidos, así como excluir aquellos que, a juicio de los técnicos, deben desprotegerse. El Ayuntamiento está procediendo a constatar el estado de cada inmueble y abrir expedientes en el caso de que las actuaciones sobre los edificios no se hayan ejecutado de acuerdo a los procedimientos establecidos, y adoptará medidas sancionadoras en los casos en los que la actuación negligente de los responsables de la protección de los inmuebles hubiera provocado un deterioro o desaparición física irreversible en los mismos. El Ayuntamiento se comprometió a una nueva edición de las fichas del catálogo que permitera su conocimiento, divulgación y acceso a través de medios digitales.
Al respecto, la portavoz de IU-Verdes y defensora de la moción, Esther Herguedas, aclaró ayer que el objeto de esta revisión nunca debe ser eliminar bienes ya protegidos, sino ampliar la protección actual y cumplir con el régimen de sanciones. «El Consistorio -interpreta Herguedas a la vista de los hechos- está haciendo dejación de sus funciones al no utilizar los mecanismos legales para proteger los bienes culturales, que van desde las sanciones hasta la expropiación por interés social cuando los propietarios no los protejan». IU ha realizado diversas denuncias relacionadas con el deterioro del patrimonio catalogado, como el Molino de Aljucer, la casona de La Cierva de Santo Ángel, el entorno arqueológico del Molino del Batán, la destrucción del paisaje junto al Molino del Amor, y el Corralazo en Guadalupe. «Y todo esto, sin que conozcamos que el Ayuntamiento haya impuesto sanciones. Creo que el reciente derribo de la Casa Grande de Alquerías, los entubamientos indiscriminados de acequias y la desprotección de las casas-torre son síntomas de la despreocupación por la conservación del patrimonio civil», critica Herguedas.
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