lunes, 11 de abril de 2011

Abandonados en la miseria. Málaga

Malaga
Las lluvias del pasado viernes en Málaga agravaron un poco más su ya maltrecha situación. Una familia con dos niños pequeños y una señora de 72 años intentan sobrevivir en su vivienda, situada en la calle Rosal Blanco, donde el abandono y la desidia de las administraciones y propietarios han condenado a sus inquilinos a vivir en unas condiciones insalubres y muy peligrosas.

Las filtraciones de agua son numerosas, el yeso del techo se desprende con facilidad y hay habitaciones que son inutilizables por la gran cantidad de chorros de agua que caen al interior y que son recogidos, mal que bien, en cazos. Este es el panorama que se encontró ayer el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, en su visita al número 6 de la calle Rosal Blanco, un edificio que ya fue destacado por su oficina «como un ejemplo clásico del acoso inmobiliario» y que arrastra denuncias por el total abandono de la propiedad desde 1999.

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El abandono continuado del edificio terminó derivando en que Urbanismo aprobara en abril de 2008 la expropiación forzosa del inmueble, expediente que no se ha llegado a completar pese a que han pasado tres años desde que se puso en marcha.
Francisco Gutiérrez se mostró muy crítico por la falta de soluciones a cargo de las administraciones. De hecho, recordó que la Junta de Andalucía tampoco ha actuado para incluir este inmueble dentro del plan de rehabilitación del Centro de Málaga que tiene en marcha.

El Defensor del Ciudadano, tras la visita de ayer a estas viviendas de la calle Rosa Blanco, adelantó que se intentó poner en contacto con la Gerencia Municipal Urbanismo, sin éxito, por lo que continuará hoy con las gestiones para pedir que se acelere la expropiación que permita el realojo de los actuales inquilinos para evitar un accidente.

Expropiación
La Gerencia Municipal de Urbanismo respondió, en referencia a la expropiación del edificio, que llevan más de un año y medio esperando a que la Junta de Andalucía responda al acta de mutuo acuerdo para la adquisición de esta finca que envió a finales de 2009. Además, insistió en que es la administración andaluza quien debe asumir el pago del justiprecio acordado, ya que forma parte de las parcelas expropiadas en el Centro para la construcción de las tecnocasas.

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