Orense
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Alrededor de 5.000 edificios de diferentes zonas del Concello de Ourense, correspondientes a los años anteriores a 1910 así como los catalogados, están sujetos a inspección técnica. Una medida con la que se le da cumplimiento al artículo 24 de la Ordenanza Municipal Reguladora del deber de conservación, de Inspección Técnica de Edificaciones y de Ruina.
Así, el gobierno acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el correspondiente padrón de edificios con un plazo para realizarla de 30 días. Un anuncio que, como se indicó por parte del Concello, tiene la consideración de notificación para los interesados, en este caso los propietarios de los inmuebles, a los que se obliga a realizar la inspección en los plazos señalados. A este respecto, para los edificios anteriores a 1910 y catalogados, el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2011.
Además, la Ordenanza Municipal establece, en la Disposición Transitoria, su aplicación de forma progresiva en función del año de construcción del edificio, y que se concreta su antigüedad en el padrón que aparece publicado, y que puede ser consultado por todos los interesados en el negociado de ITE del Concello de Ourense, ubicado en la calle Padre Feijóo esquina García Mosquera.
Deber de conservación
La mayoría de los edificios afectados, como no podía ser de otra forma, están localizados en el casco histórico de la ciudad, como en las calles Lepanto, Julio Prieto Nespereira o Libertad, y en menor medida en los barrios y periferia de la ciudad, así como en las zonas del rural, aunque algunas de las viviendas unifamiliares fueron construidas antes de 1910.
Lo que deja claro la ordenanza municipal es la referencia al deber de conservación regulado en la legislación vigente y de las facultades de inspección urbanísticas atribuidas a la Concejalía de Urbanismo, y que se ha convertido en una preocupación, sobre todo después de que en el casco histórico se produjese un deterioro importante de muchos edificios que debieron ser apuntalados, ante el inminente riesgo de desplome, ya que su estado había sido declarado de ruina.
Así, el gobierno acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el correspondiente padrón de edificios con un plazo para realizarla de 30 días. Un anuncio que, como se indicó por parte del Concello, tiene la consideración de notificación para los interesados, en este caso los propietarios de los inmuebles, a los que se obliga a realizar la inspección en los plazos señalados. A este respecto, para los edificios anteriores a 1910 y catalogados, el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2011.
Además, la Ordenanza Municipal establece, en la Disposición Transitoria, su aplicación de forma progresiva en función del año de construcción del edificio, y que se concreta su antigüedad en el padrón que aparece publicado, y que puede ser consultado por todos los interesados en el negociado de ITE del Concello de Ourense, ubicado en la calle Padre Feijóo esquina García Mosquera.
Deber de conservación
La mayoría de los edificios afectados, como no podía ser de otra forma, están localizados en el casco histórico de la ciudad, como en las calles Lepanto, Julio Prieto Nespereira o Libertad, y en menor medida en los barrios y periferia de la ciudad, así como en las zonas del rural, aunque algunas de las viviendas unifamiliares fueron construidas antes de 1910.
Lo que deja claro la ordenanza municipal es la referencia al deber de conservación regulado en la legislación vigente y de las facultades de inspección urbanísticas atribuidas a la Concejalía de Urbanismo, y que se ha convertido en una preocupación, sobre todo después de que en el casco histórico se produjese un deterioro importante de muchos edificios que debieron ser apuntalados, ante el inminente riesgo de desplome, ya que su estado había sido declarado de ruina.
Es por eso que, después de constatar una creciente preocupación social por el estado de conservación de las edificaciones, una gran parte incluidas en el padrón que acaba de exponer al público el Concello, y las consecuencias negativas derivadas de los "incumplimientos" por parte de los propietarios de las condiciones de seguridad exigibles, llevó a que el gobierno municipal elaborase la ordenanza y ahora, con su aplicación y cumplimiento, pretende evitar ese tipo de riesgos.
De ahí que en la ordenanza se establece el procedimiento que se sigue para exigir el cumplimiento del deber de conservación se puede iniciar por la actuación de algunos de los servicios municipales, por los informes evacuados por los servicios técnicos en las inspecciones programadas que se realizan, y por denuncia. En estos procedimientos se imputará el coste de la tasa liquidad por la visita de la inspección al propietario del inmueble sobre el que se constata el incumplimiento de conservación.
Iniciado el expediente, en caso de incumplimiento, los servicios técnicos evacuarán diferentes informes sobre el inmueble, los daños y deficiencias que presenta, situación urbanística y las actuaciones necesarias, entre otras cuestiones, que llevarán a la posterior propuesta de resolución, excepto en los supuestos de "urgencia justificada" de actuación ante riesgo de ruina. En caso de incumplimiento de ejecución, el Concello puede imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez.
Faro de Vigo
De ahí que en la ordenanza se establece el procedimiento que se sigue para exigir el cumplimiento del deber de conservación se puede iniciar por la actuación de algunos de los servicios municipales, por los informes evacuados por los servicios técnicos en las inspecciones programadas que se realizan, y por denuncia. En estos procedimientos se imputará el coste de la tasa liquidad por la visita de la inspección al propietario del inmueble sobre el que se constata el incumplimiento de conservación.
Iniciado el expediente, en caso de incumplimiento, los servicios técnicos evacuarán diferentes informes sobre el inmueble, los daños y deficiencias que presenta, situación urbanística y las actuaciones necesarias, entre otras cuestiones, que llevarán a la posterior propuesta de resolución, excepto en los supuestos de "urgencia justificada" de actuación ante riesgo de ruina. En caso de incumplimiento de ejecución, el Concello puede imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez.
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