Galicia
El Ayuntamiento de Ferrol se dispone a expropiar aquellos solares abandonados y ruinosos que afean el casco histórico de la ciudad "hasta las últimas consecuencias". Un paseo por los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello descubre en pocos pasos decenas de edificios en ruinas, inmuebles deshabitados consumidos por la carcoma o viviendas a medio rehabilitar.
Para demostrar que la batalla contra la dejadez urbanística es inminente y decidida, la corporación ferrolana aprobó por unanimidad el Registro Municipal de Solares y Edificaciones, una herramienta administrativa que agiliza los procesos expropiatorios y persigue a los titulares que abandonen terrenos y edificios a su suerte.
La nueva ordenanza del gobierno socialista, un documento de diez páginas, se aprobó en el pleno del pasado 24 de febrero, tras casi tres años atascada en los despachos, y contó con el inusitado respaldo de PP, Izquierda Unida, BNG e Independientes por Ferrol. Los cuatro grupos en la oposición sumaron así sus votos al PSdeG del alcalde, Vicente Irisarri, en minoría, para blindar el centro urbano contra la especulación y el abandono.
Contener la ruina, favorecer la regeneración urbanística y obligar al propietario a cuidar de su patrimonio es el triple objetivo de este reglamento, que reemplaza a una antigua ley de ordenación urbana de 1956, y equipara a Ferrol con otras grandes ciudades gallegas que ya cuentan desde hace años con un reglamento similar. Sin embargo, ningún otro municipio de la comunidad autónoma ha aplicado la norma hasta sus últimas consecuencias.
Desde el gobierno ferrolano garantizan que la voluntad política es "actuar para evitar que se especule con el suelo". Como ejemplo, señalan una parcela que lleva décadas bajo un manto de maleza en un lateral de la céntrica plaza de Amboage, o un edificio a medio terminar en la calle de la Iglesia. Es más que probable que los primeros expedientes expropiatorios revisen con lupa el estado y la titularidad de estas parcelas. En la teoría, el reglamento favorece las expropiaciones si se comprueba que su dueño, aun teniendo posibilidades económicas, ha incumplido reiteradamente su obligación legal de cuidar su patrimonio."No se trata de ponerle a nadie una soga al cuello, pero sí de apremiar a los propietarios que tienen recursos para que se apliquen", asegura el concejal ferrolano de Urbanismo, Ángel Mato. Explica que su departamento analizará "con mucho detalle" las circunstancias de la propiedad, "porque habrá casos de todo tipo, e incluso personas sin recursos ni posibilidades de hacerse cargo".
"La expropiación será la última consecuencia, pero estamos decididos a dar pasos en esa dirección y ejecutarla si es preciso en casos extremos y concretos", apunta Mato, consciente de que esos procesos se pueden atascar varios años en la vía judicial.
El texto de la ordenanza describe el libro de solares y edificios como un "mecanismo rápido y eficaz", que obliga a edificar o reconstruir a fin de evitar una situación "perjudicial para el interés público, y en algunos casos, con fines altamente especulativos". Pauta la edificación o rehabilitación forzosa cuando "se incumpla el deber urbanístico" en los plazos establecidos para intervenir en solares desiertos, casas abandonadas, construcciones paralizadas o edificaciones ilegales, y excluye a los edificios públicos.
De acuerdo con el reglamento, los propietarios disponen de un plazo de dos años para edificar a partir de la declaración de ruina o de la notificación formal que les obliga a rehabilitar. Cumplido ese tiempo, hay otros seis meses para el cruce de las resoluciones que preceden al proceso expropiatorio. Desde ahí, el Ayuntamiento de Ferrol podrá decretar la edificación o rehabilitación forzosa directamente o por medio de un particular que denomina "agente edificador".
Este periodo de dos años y medio puede acortarse si hay riesgo de ruina inminente o en función de la importancia del inmueble a proteger. Si el municipio no edifica antes de 18 meses, el propietario sancionado también puede solicitar que se revierta el proceso y recuperar así su vivienda o solar.
La necesidad de reforzar las competencias del Ayuntamiento en materia urbanística se constató en abril del 2008. Un edificio deshabitado y ruinoso situado en la calle Magdalena, justo enfrente del consistorio, se desplomó a media tarde sobre la vía pública y sepultó un coche bajo un aluvión de piedras y cascotes.
Este primer derrumbe hizo saltar las alarmas vecinales sobre el mal estado de conservación de los edificios. En Ferrol, se da la circunstancia excepcional de que tres personas, dos de ellas conocidos promotores urbanísticos, poseen más de 240 inmuebles en el municipio, prácticamente el 20% de las viviendas históricas, algunos de los siglos XVIII y XIX.
En los cuatro últimos meses se han producido otros dos desplomes parciales de cierta importancia en las calles Cataluña y Real, y el último desprendimiento de cascotes se registró el pasado viernes en un edificio de la calle Lugo.
Urbanismo apura el final del mandato para poner en marcha otra herramienta paralela y complementaria a la ordenanza de solares, el Patrimonio Municipal del Suelo. Se trata de un censo de las propiedades urbanísticas del ayuntamiento, desligado del censo municipal ordinario, que permitirá acelerar la tramitación de los expedientes de sanción y contempla la posibilidad de permutas, explica Ángel Mato, que confía en presentar este inventario en pocas semanas.
El reglamento de las Inspecciones Técnicas en los Edificios y un convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia para supervisar el estado de los inmuebles más antiguos, completan el paquete de medidas puesto en marcha en los últimos meses para atajar la ruina urbanística que consume buena parte del patrimonio de la ciudad.
