La Concejalía de Urbanismo de Castro
Urdiales se ha marcado como uno de sus principales objetivos de la presente
legislatura la restauración de aquellos edificios en ruinas del casco-histórico
de la ciudad. Aunque, oficialmente, hay sólo dos inmuebles con declaración de
ruina, son varios los edificios que requieren de una intervención inmediata.
Para ello, el Ayuntamiento está
confeccionando un listado con el total de viviendas de la zona más antigua del
municipio, que asciende a unas 1.600 y servirá de base para conocer el número
de edificios que se pueden incluir en ese Área de Rehabilitación Integral (ARI)
que se está promoviendo y que, al parecer, contaría con el visto bueno del
Gobierno cántabro, según confirmó el director general de Vivienda, Juan Antonio
González, durante la Bienal de Arquitectura que se ha celebrado esta semana.
«Hay que ir restaurando: es más sencillo y rentable», apunta el edil de
Urbanismo, Aitzol Zuazo (PP).
Mientras el Ayuntamiento avanza en ese
proyecto de ARI, ya está trabajando en dos de los expedientes abiertos por
edificios ruinosos. El primero de ellos, el de la calle San Juan, que obligó a
desalojar a dos familias en 2010, es el más avanzado. El pasado miércoles
comenzaron los trabajos de derribo del inmueble, adjudicados en unos 35.000
euros, que se prolongará por lo menos un mes. Una vez que se termine la
demolición, se colocará una escalera que permitirá a los vecinos volver a sus
casas.
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María Ángeles Lazcano y su familia y
Joxean Ramos han vivido en los últimos dos años un auténtico «calvario» por
estar fuera de su vivienda. María Ángeles está en casa de su madre junto a su
marido y su hijo, ambos en paro, y en varias ocasiones ha amenazado con volver
a su hogar pese al mal estado del edificio anexo al suyo. Por su parte, Joxean
lleva ya dos años alojado en la habitación de un hotel y «no sé quién me va a
pagar todos sus gastos».
La Rúa
El otro edificio del casco-histórico
de Castro que está declarado en ruinas es el que se incendió en 2009 y obligó a
desalojar a cinco familias mientras el tejado del inmueble se desplomaba por
las llamas. Las dos del edificio anexo, que comparten portal con el inmueble
afectado, llevan tres años fuera de sus casas y han solicitado al Ayuntamiento
castreño, en diversas ocasiones, una solución urgente. Lo cierto es que en
junio de este año se publicó la declaración de ruina en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC), y en vista de que los propietarios del inmueble no proceden a
su demolición, todo indica que tendrá que acometerla el Ayuntamiento.
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