Los administradores de fincas proponen
una modificación del decreto-ley que recoge las inspecciones técnicas de los
edificios para que se realicen cada diez años y no a partir de los cincuenta,
como recoge actualmente. Es la propuesta que plantea el recién elegido
presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valencia y
Castellón, José Sales, quien aseguró ayer que de esta forma se garantizaría la
conservación y el mantenimiento de los edificios.
A su juicio, no se hacen porque sea un
procedimiento costoso sino porque en España «no existe una concienciación del
mantenimiento preventivo. Lo habitual es que surja el problema, analizarlo y
arreglarlo, cuando en realidad se debería actuar de forma previa para evitar
patologías». Según Sales, que ha sido elegido con el 65% de los votos, «la
vivienda empieza en el portal de la escalera y ese planteamiento no está
asumido por los vecinos».
El estado de la conservación se
agravará en los próximos años por un problema actual: la morosidad en las
comunidades de vecinos, generada por los propios residentes, las empresas
constructoras o las entidades bancarias. Una deuda que rondaría los 1.606
millones de euros, como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado domingo, y que, según
el presidente colegial, «genera un perjuicio a los vecinos que sí pagan porque
no se hacen las obras necesarias. «En los próximos años nos vamos a encontrar
con parques de edificios muy deteriorados», aseguró.
En Valencia, por ejemplo, el grupo
municipal del PSPV alertó hace unos meses de que sólo el 5% de las 83.000
fincas de más de 50 años habían pasado la inspección técnica obligatoria.
Menos servicios
Para ello, el presidente de estos
profesionales abogó por una reforma de la ley de propiedad horizontal que
permita que las deudas de los últimos cinco años sean asumidas por los nuevos
propietarios o por los bancos.
La crisis inmobiliaria no sólo ha
traído morosidad en las comunidades de propietarios, también ha provocado una
reducción de los servicios que prestan los administradores. Así, por ejemplo,
«donde funcionaban dos ascensores ahora sólo está operativo uno o se han
limitado los horarios de servicios comunes como la piscina».
A ello hay que sumar la competencia
desleal, una de las preocupaciones de Sales. «Hemos observado que mucha gente
en paro está metiéndose en este negocio, que se está convirtiendo en un sector
refugio», comentó. «Los ciudadanos tienen que saber que la colegiación es
obligatoria, lo que es un garante para ellos y para los administradores».
http://www.lasprovincias.es
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