La Comisión de Fomento del Congreso ha
aprobado este miércoles el proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, que introduce nuevas obligaciones en materia de
conservación de los inmuebles y modifica la Inspección Técnica de Edificios
(ITE) para incorporarle criterios de eficiencia energética.
El proyecto de ley, que
ahora pasará a ser tramitado en el Senado antes de su aprobación definitiva, ha
incorporado finalmente la veintena de enmiendas propuestas por el PP, además de
casi medio centenar de propuestas de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y
PNV, la mayoría de las cuales han sido transaccionadas.
El dictamen de la
Comisión ha sido respaldado por el PP, mientras que el PSOE y CiU se han
abstenido, y la Izquierda Plural y el PNV han votado en contra del texto, que
con las nuevas disposiciones adicionales incluidas a propuesta del PP introduce
cambios en una decena de normas que nada tienen que ver con su objetivo original.
PONER FIN A CARENCIAS NORMATIVAS
El portavoz 'popular',
Andrés Ayala, ha destacado que la ley acaba con carencias normativas largamente
vigentes, y se ha defendido de las principales críticas de la oposición negando
que se invadan competencias autonómicas y señalando que "no es muy
consecuente" hacer esa acusación mientras se pide financiación del Estado
para las actuaciones de rehabilitación y regeneración.
En este sentido, ha
recordado que son los Planes de Vivienda los que incluirán las ayudas del
estado para las intervenciones, y que "sólo en ausencia de la intervención
pública o de los propietarios serán otras empresas privadas las que pueden
entrar". "Decir que eso es un negocio y que se beneficia a las
promotoras me parece una crítica bastante fácil y que no responde a la
realidad", ha apostillado.
Además, ha rechazado que
se introduzcan nuevas exigencias de conservación, que "son las que se
fijaban en la Ley del Suelo", y ha asegurado también que "lejos de
reducirse las garantías de realojo, se regulan para toda España" y se
flexibiliza en algunos casos para garantizar los derechos de los ocupantes de
la vivienda.
OPORTUNIDAD PERDIDA
La responsable de
Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, cree que este proyecto de ley es una
"buena iniciativa" cuyos objetivos y necesidad comparte, si bien cree
que la "disposición a negociar" por parte de los 'populares' no se ha
materializado finalmente en acuerdos más amplios, "a pesar de estar todos
de acuerdo en que esta ley es necesaria".
No obstante, ha lamentado
que se quedará "en una oportunidad perdida" ante la negativa del
grupo mayoritario a incluir modificaciones profundas en aspectos como la
financiación, la moratoria de cuatro años en la obligación de reservar suelo
público o el "guirigay" que creará la nueva certificación energética,
que entrará en vigor cuando "la norma aún no esté aprobada en el Senado ni
haya normas para desarrollar la ley".
También ha insistido en
su temor de que algunas familias con "especial vulnerabilidad" puedan
ser "víctimas de un desalojo de sus viviendas" por no tener recursos
para hacer frente a sus nuevas obligaciones de rehabilitación, dando lugar a
una nueva tipología de desahucio.
Por último, la diputada
ha reprochado a los 'populares' que hayan unificado en un mismo proyecto
"un montón de cuestiones que nada tienen que ver" y que supondrán la
modificación de una decena de normas diferentes. "Por eso nos abstendremos
en la votación, sin entrar a valorar el contenido, si es oportuno o no. Traiganlo
por separado y cumplan la norma, porque ésta no es la primera vez que
pasa", ha pedido, apostillando que el PSOE se "reserva la posibilidad
de seguir denunciando y reclamando estas técnicas parlamentarias de abuso y
burla".
INVADE COMPETENCIAS
El portavoz de Fomento de
CiU, Pere Macias, ha dicho que el proyecto de ley es "positivo" y que
comparte "los objetivos y la mayoría de los instrumentos", aunque ha
reclamado que se separe el concepto de rehabilitación de los de regeneración y
renovación urbanas para evitar invasiones competenciales, ya que estos dos
últimos temas están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos
al entrar en el marco del urbanismo.
Además, ha insistido en
la necesidad de que se acompañe el proyecto de "los mecanismos legales
para ayudar a financiar la rehabilitación" porque sin fondos la reforma se
quedará "a mitad del viaje" y ha agradecido al PP su disposición a
pactar con la oposición, invitándole a llegar aún más allá.
ES INSUFICIENTE
Por IU-ICV-CHA, Ascensión
de las Heras ha coincidido con la "importancia y necesidad" de esta
ley como elemento "determinante" en el cambio productivo y en la
reactivación económica, pero rechaza la visión "excesivamente
economicista" de concebir esta materia, que supone "dirigir la mirada
a la rehabilitación como oportunidad de negocio".
Además, ha lamentado la
"inhibición" de lo público en este sector, así como su falta de
financiación. "Se hace descansar en exceso la responsabilidad de la
rehabilitación y su financiación en los particulares, lo que podría crear
problema para las personas con menos recursos", ha avisado, criticando por
último la incorporación de enmiendas sobre "materias totalmente
ajenas" al proyecto y que se "cuelen de rondón" modificaciones
sobre "temas importantes sin debate", como por ejemplo el régimen
sancionador.
Isabel Sánchez Robles,
del PNV, ha reconocido que el proyecto incluye propuestas
"interesantes" y que "la norma es buena", si bien existe
una "cuestión insalvable" para no poder apoyarla, como es la invasión
de competencias autonómicas. "La hubiéramos apoyado gustosamente si no
fuera por eso", ha insistido.
No obstante, los
nacionalistas vascos también creen que las medidas que se regulan en esta
materia "sólo son atractivas con un mercado inmobiliario al alza", y
ha lamentado que no haya medidas de apoyo económico suficiente, "sobre
todo para los colectivos más desfavorecidos" y ha previsto que su
aplicación plantee "dificultades prácticas" para los ayuntamientos.
Finalmente, la diputada
del BNG Rosana Pérez ha coincidido en que el proyecto de ley invade
competencias autonómicas, carece de financiación y no evita la especulación con
el suelo, por lo que es "claramente insuficiente".
EuropaPress
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