Todos los edificios de la ciudad con
cincuenta años o más (construidos por tanto antes de 1964) deberán superar el
próximo año una exhaustiva inspección de todas sus condiciones de seguridad que
incluye los sistemas eléctricos, cubiertas, cimentaciones, fachadas, instalaciones
de agua y demás elementos que inciden en el buen estado de los inmuebles. Así
se detalla en el borrador de la ordenanza de Inspección Técnica de
Edificaciones (ITE) que ultima el Concello y que ayer fue analizado por el
concejal de Urbanismo, Antón Louro, con el Colegio de Arquitectos (COAG).
El gobierno local trabaja desde hace
varios meses en los detalles de esta ordenanza y se ultima su redacción final,
que acaba de incorporar uno de los aspectos clave: la "edad" de los
inmuebles que deben ser sometidos a esta inspección. Cada vez que un edificio
cumpla 50 años sus propietarios deberán contratar un equipo técnico que analice
todos esos aspectos de seguridad y emitir un certificado que determine el
estado real de la edificación y, de ser el caso, establezca qué mejoras
precisa. Esta inspección tendrá que renovarse, además, cada 15 años. Este plazo
de 50 años es el tope que fija la ley y se ha descartado en el Concello
reducirlo a un periodo más corto.
Se calcula que en el primer año de
funcionamiento de la ordenanza, en 2013, podrían resultar afectados unos dos
mil inmuebles. Solo en el casco viejo hay un censo de unos 700. Los datos del
Catastro sobre la antigüedad de los inmuebles en el casco urbano revelan que
hay unos 400 inmuebles anteriores a 1901, medio millar entre 1901 y 1950 y
cerca de mil entre 1951 y 1963, aproximadamente.
Por ello, se aguarda una avalancha de
inspecciones este primer ejercicio, por lo que se plantea la creación de una
página web que facilite la tramitación telemática y agilice el proceso. Esta
plataforma por internet -expertos en informática asistieron a la reunión de
ayer- permitiría "la estandarización de todo tipo de formularios y un
intercambio inmediato de la documentación entre el concello y los colegios
profesionales, lo que se traducirá en una reducción de la carga
administrativa", según informó ayer el concello. La experiencia en otras
ciudades donde existe esta ordenanza demuestra que la tramitación tradicional
ha provocado en algunos casos retrasos de hasta cuatro años en las primeras
inspecciones.
Esta nueva normativa completará la
ordenanza que desde hace década y media existe en Pontevedra, pero que se
limita a exigir la inspección de determinadas fachadas, en especial aquellas
recubiertas de losetas o de aplacados de piedra. Louro admite que este tipo de
certificados supondrá un gasto para los propietarios, pero ha explicado que la
finalidad básica es garantizar la seguridad y "evitar lamentables
accidentes", tanto por la caída de elementos de las fachadas como por
hipotéticos desplomes de inmuebles. El concejal de Urbanismo recuerda que
"en Pontevedra no se han producido accidentes graves, pero basta con que
se produzca la caída, total o parcial, de un solo edificio, para generar una
grave alarma social".
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