Alrededor de 7.800 edificios (4.500 de
la capital, 1.500 de Benavente y 1.800 de Toro), construidos en 1972 y años
anteriores tienen un año para pasar la inspección técnica de edificios que a
partir de ahora es obligatoria, señaló ayer en la Delegación de la Junta en
Zamora el director general de Vivienda, Ángel Marinero, quien mantuvo un
encuentro con responsables de urbanismo de las tres principales localidades de
la provincia, de momento las únicas afectadas por la medida. La Administración
Regional trata de disipar dudas y coordinar las actuaciones de los distintos
ayuntamientos, además de difundir la herramienta creada por el Instituto de la
Construcción de Castilla y León para facilitar y homogeneizar las inspecciones
en toda la región.
Se trata de un chequeo al estado
general de los edificios con el fin de detectar «deficiencias que si se cogen a
tiempo son fáciles de corregir, y ahorran futuras reparaciones mucho más
costosas». Marinero declinó dar una cifra sobre lo que costarán las
inspecciones a los vecinos, ya que los precios de los profesionales que las
realizan «son libres», aunque aseguró que la competencia ha funcionado en
aquellas ciudades donde están más desarrolladas las inspecciones. Y defendió
que la realización de inspecciones es «beneficiosa» para los vecinos.
Aunque no es obligatoria, señaló la
conveniencia de que la capital tenga una ordenanza específica para regular las
inspecciones, de tal forma que se puedan concretar mejor las exigencias por
distintos tipos de inmuebles, mientras que en el resto de localidades no se
hace necesaria. Recalcó que la idea no es «perseguir» o «sancionar» a los
incumplidores, sino llegar a un alto grado de cumplimiento de la obligación
legal por la vía del convencimiento. En este sentido destacó la colaboración de
los administradores de fincas para lograr el objetivo.
Marinero reconoció también que el plan
urbanístico que pretendía desarrollar suelo para un millar de viviendas en la
zona de La Aldehuela se encuentra en estos momentos «parado», aunque señaló que
cuando haya necesidad sobre todo de vivienda social en un futuro será un
instrumento importante para la ciudad.
El director general de Vivienda
aseguró que la Junta de Castilla y León tiene en marcha un plan para atender
las necesidades de familias desahuciadas en especial riesgo de exclusión. Dijo
que este tipo de casos se gestionan a través de la Consejería de Familia, que
busca el recurso más adecuado y reconoció que en pocas ocasiones se recurre al
parque de viviendas de la Junta.
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