Probablemente la investigación
judicial sobre la ruina y derribo del palacio de la Duquesa de Sueca, un
edificio del centro de la capital que goza de la máxima protección
histórico-artística, no conduzca a una emocionante historia de novela negra,
porque nace de la confesión del autor del crimen: el Ayuntamiento de Madrid.
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Tras expropiar el inmueble en 1998, el
gobierno municipal, dirigido por José María Álvarez del Manzano (1991-2003),
Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (los tres, del Partido
Popular), descuidó su obligación legal de conservarlo, tal y como reconoce en
un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS. El total abandono sufrido durante los últimos 15 años llevó
al Área de Urbanismo a decretar en abril su ruina, y a ordenar su inmediato
derribo por el riesgo que supone para viandantes y bloques vecinos, entre
ellos el patio de un colegio.
A partir de la información desvelada
por este diario, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, ha abierto una
investigación cuya primera consecuencia ha sido la paralización del derribo. La
Fiscalía concluye que “existen indicios racionales de que los daños sufridos lo
han sido como consecuencia de una falta de conservación y de mantenimiento
flagrante”.
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15 años de negligencia municipal
El palacio de la Duquesa de Sueca se
alza en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, data del año 1850, tiene
7.200 metros cuadrados de superficie, y fue expropiado en 1998 por el entonces
alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de la
Concejalía de Asuntos Sociales.
Alberto Ruiz-Gallardón (PP) aparcó ese
proyecto tras ganar las elecciones municipales de 2003, y encargó al arquitecto
portugués Álvaro de Siza que rehabilitara el inmueble para albergar 205 pisos
de alquiler para jóvenes. En la planta baja se iba a ubicar una escuela
infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y
concluiría en 2006.
El alto grado de protección del
edificio (el máximo posible) rebajó el proyecto a tan solo 60 viviendas.
Además, el uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje
para convertir esos pisos en “alojamientos municipales”.
En 2007, cuando el proyecto ni
siquiera había comenzado precisamente por los trámites urbanísticos para
cambiar el uso del suelo, un juez dio la razón a la constructora a la que se le
había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que el
Ayuntamiento dijo que lo iba a usar para dotaciones y estaba haciendo pisos.
Ambas partes mantienen ahora un litigio judicial para acordar el precio de reversión.
El Ayuntamiento espera compensar con ese dinero no sólo el coste de la
expropiación (4,4 millones de euros en 1998), sino también el gasto en
vigilancia para evitar okupas (470.000 euros).
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Tras la apertura de la investigación,
la Guardia Civil se hizo con el citado informe de Urbanismo; comprobó los daños
sufridos por el inmueble; tomó declaración a técnicos municipales; y recabó el
testimonio de la directora del instituto público San Isidro, cuyas
instalaciones están amenazadas por el posible derrumbe del palacio, hasta el
punto de que un patio del centro se encuentra vallado para evitar que los niños
puedan resultar heridos.
La Fiscalía comprobó que el
Ayuntamiento tuvo que apuntalar el edificio en 1988, cuando aún era
de propiedad privada. Diez años después, en 1998, se detectó que los daños
se habían agravado, y se adoptaron nuevas medidas de seguridad. Ese mismo año,
el Ayuntamiento expropió el inmueble. Sin embargo, en su inspección de abril,
Urbanismo constató que desde entonces “no se ha acometido ninguna reparación”,
y “la estabilización del edificio corresponde a intervenciones de carácter
provisional con más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde
entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”.
La actuación de Urbanismo se debió a
la denuncia del instituto, que temía que el palacio se le cayera a los niños
encima. Cabe destacar que el abandono no se puede imputar a Urbanismo, sino al
área municipal de Hacienda, de quien depende el edificio.
A partir de estos hechos, la Fiscalía
ha abierto diligencias informativas, y el Ayuntamiento ha paralizado por ahora
el derribo.
El propio Consistorio había admitido
ya su culpa en su informe de abril: “El deterioro y agravamiento de los daños
existentes en la finca son fruto del total abandono en el que se encuentra la
edificación. El incumplimiento del deber de conservación implica, además de los
problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección
del Patrimonio Histórico”.
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Urbanismo recordaba que la Ley
regional del Suelo obliga a los propietarios de un edificio a “mantenerlo en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlo”. Así mismo, la Ley
regional de Protección del Patrimonio dicta: “Los propietarios de bienes
integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos,
mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su
integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.
El portavoz de IU, Ángel Pérez, pidió
explicaciones al PP por este asunto: “¿Cómo se puede llegar a tanta desidia e
irresponsabilidad como para permitir dilapidar de esta manera el patrimonio
histórico de la ciudad?”. “No se hace lo que se promete ni se cuida lo que se
tiene”, añadió, en referencia al compromiso de Gallardón de convertir el
palacio en viviendas de alquiler para jóvenes, y de instalar allí una
biblioteca o una escuela de música. El portavoz de UPyD, David Ortega, se
mostró preocupado por la falta de seguridad que supone el estado actual del
inmueble, llamó la atención sobre el “descuido del patrimonio” e inquirió al
Ayuntamiento por “el coste de este desastre para los madrileños”.
15
años de negligencia municipal
El palacio de la Duquesa de Sueca se
alza en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, data del año 1850, tiene
7.200 metros cuadrados de superficie, y fue expropiado en 1998 por el entonces
alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de la
Concejalía de Asuntos Sociales.
Alberto Ruiz-Gallardón (PP) aparcó ese
proyecto tras ganar las elecciones municipales de 2003, y encargó al arquitecto
portugués Álvaro de Siza que rehabilitara el inmueble para albergar 205 pisos
de alquiler para jóvenes. En la planta baja se iba a ubicar una escuela
infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y
concluiría en 2006.
El alto grado de protección del
edificio (el máximo posible) rebajó el proyecto a tan solo 60 viviendas. Además,
el uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje para
convertir esos pisos en “alojamientos municipales”.
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En 2007, cuando el proyecto ni
siquiera había comenzado precisamente por los trámites urbanísticos para
cambiar el uso del suelo, un juez dio la razón a la constructora a la que se le
había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que el
Ayuntamiento dijo que lo iba a usar para dotaciones y estaba haciendo pisos.
Ambas partes mantienen ahora un litigio judicial para acordar el precio de
reversión. El Ayuntamiento espera compensar con ese dinero no sólo el coste de
la expropiación (4,4 millones de euros en 1998), sino también el gasto en
vigilancia para evitar okupas (470.000 euros).
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