El derrumbe de la alquería Ponsa, en
el barrio de Nou Moles, ocurrido el lunes como consecuencia de las intensas
lluvias ha hecho saltar de nuevo las alarmas sobre el deterioro de un
patrimonio histórico único seriamente amenazado por la inacción tanto del Ayuntamiento
de Valencia y la Generalitat como de los propietarios privados. En el segundo
caso entraría la alquería Ponsa, que está protegida como Bien de Relevancia
Local, pero tiene asignado aprovechamiento urbanístico.
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Sólo en suelo urbano, integradas en
los barrios consolidados, existen una veintena de alquerías, muchas de ellas
destinadas a dotación pública y por tanto pendientes de expropiación por parte
del consistorio. En suelo rural existen otras 270 alquerías propiedad privada
cuyo estado de conservación tambien deja que desear. Salvo casos excepcionales,
como la alquería de Nelo el Churro, que se vino abajo por completo, y pese al
abandono generalizado de las alquerías, la mayoría son «recuperables», según
apuntó a este diario el arquitecto Miguel del Rey, autor de la revisión del
catálogo municipal de bienes rurales.
Las alquerías de Falcó (Torrefiel), la
Torre y el Moro (en Benicalap), la del Rey (Campanar), la de Volante (Camí
Reial), del Rocatí, de Fonda (Poble Nou) y la de Mantot (Fuente de San Luis)
forman parte de una larga lista de edificios en espera de una rehabilitación y
un uso.
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