Adaptar la normativa municipal a la
legislación vigente y aprovechar la experiencia adquirida para agilizar la
tramitación de las órdenes de ejecución de obras de consolidación de edificios,
además de facilitar la inspección técnica de los inmuebles. Estos son los
objetivos de la reforma de la Ordenanza municipal sobre conservación,
rehabilitación y estado ruinoso. El gobierno local envió ayer el borrador de la
nueva normativa al grupo de la oposición, al PP. Anunció que negocia con
arquitectos y aparejadores una rebaja en el coste de los informes de la ITE en
las inspecciones voluntarias, mientras que las subidiarias bajarán de 300 a 200
euros.
El concejal
delegado del alcalde para Urbanismo, Luis Álvarez, informó ayer de los aspectos
más relevantes de los cambios que el gobierno local pretende introducir en la
citada ordenanza. Entre ellos, figura que en el caso de que un servicio
municipal aprecie la existencia de un peligro grave podrá adoptar las medidas
que estime convenientes, entre ellas desalojos provisionales, clausura de
inmuebles, apuntalamientos, demoliciones etcétera. Todo ello con cargo a los
propietarios.
También hay
cambios en el método de ejecución subsidiaria (obras que corresponden a la
propiedad y que, ante su negativa a ejecutarlas, las efectúa Concello). Tendrá
que ser elaborado un presupuesto previo, que se hará llegar a los propietarios.
El importe «será
liquidado a conta do interesado, e requirido o pago con antelación á
realización das obras, a reserva da liquidación definitiva».
Pretensión
La reforma de
la citada normativa municipal intenta agilizar los trámites. Por ello, si el
desarrollo de las obras ordenadas por el Concello exige la instalación de
plataformas elevadoras o grúas, así como la ocupación de vía pública, el
correspondiente permiso se entenderá unido a la orden. El propietario tendrá
que pagar la correspondiente tasa.
En la reforma
de la ordenanza se justifican los cambios y se señala que se basan en los
problemas técnicos detectados por los servicios municipales desde que la
normativa entró en vigor en el 2003. Igualmente, con la reforma se pretende
complementar el marco normativo en relación con el deber de rehabilitar e
intervenir en los casos de edificios declarados en ruina o que creen
situaciones de riesgo. Igualmente se uniformizan los informes técnicos de la
inspección técnica.
En el borrador
de la nueva ordenanza se señala que desde el 2003, año en que entró en vigor la
actual normativa, se han hecho «máis
de 3.000 (...) correspondéndose máis de 2.000 co período comprendido entre os
anos 2010 e 2011». En el año en curso les corresponde someterse a la ITE a los
edificios construidos entre 1966 y 1982, no incluidos en el ámbito del plan
especial de protección del casco histórico de la capital lucense. En una
disposición transitoria se establece: «Dada a situación económica existente na actualidade,
establécese un réxime especial para as edificacións totalmente deshabitadas, e
que así o acrediten os propietarios mediante declaración xurada, limitándose a
inspección técnica do edificio (ITE ) á comprobación do cumprimento das
condicións de seguridade, salubridade e ornato público».
Las órdenes de
ejecución llevarán aparejado el permiso para grúas y andamios
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