Autor:
José Marcos
Los arqueólogos y demás guardianes del
patrimonio cultural de Madrid no se consideran unos “románticos de las
cavernas”. Los avances tecnológicos no les generan rechazo. Las nuevas
tecnologías, llámense móvil, AVE o ipad, les producen la misma satisfacción que
a cualquier humano. “No estamos en contra del progreso, que a su vez no está en
contra del patrimonio. Solo hay que saber conyugarlos”, expresa Alicia Torija,
de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras
en Arqueología (AMTTA), una de las entidades críticas con el proyecto de
ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que entienden
se mueve “por criterios economicistas y privatizadores”.
“Es un
despropósito, no supone un avance sino una desprotección total de lo que hasta
ahora se ha salvaguardado. ¡Es peor que la actual! El patrimonio queda en grave
riesgo a merced de especulación económica, que por ejemplo reducirá el número
de edificios protegidos”, agrega Eva Zarco, tesorera de la Junta Directiva de
la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Madrid.
Entre los aspectos que los detractores
de la ley consideran más negativos del texto destacan el abuso de los silencios
administrativos positivos, por lo que se daría el visto bueno a la intervención
sobre bienes protegidos si en el reducido plazo fijado de dos meses no se ha
resuelto sobre el proyecto de actuación. Tampoco les convencen los plazos de 30
días para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes
protegidos, o el mes para los informes de planes urbanísticos. La legislación
que impulsa la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño,
también suprime las comisiones de patrimonio, “eliminando opiniones
cualificadas y consensuadas en las decisiones sobre licencias de obra en
conjuntos históricos y entornos de monumentos”.
La norma
elimina además la realización de Planes Especiales —se orientaban a la gestión
urbanística, a los usos del suelo y a la protección del patrimonio dentro de
los municipios— y suprime el dominio público para el patrimonio arqueológico
inmueble, lo que contraviene la Constitución (artículo 132.3). “Por no hablar
de que también anula la participación ciudadana impidiendo que se puedan
impulsar expedientes de incoación para la declaración de Bienes de Interés
Cultural (BIC), o reduciendo a un día al mes las visitas a determinados bienes
de titularidad privada pese a lo que establece la Ley de Patrimonio Histórico
Español”, se escandaliza Vicente Patón, presidente de Madrid,
Ciudadanía y Patrimonio.
El pasado 10
de abril los tres partidos de la oposición enmendaron a la totalidad la ley,
enmiendas que el Partido Popular rechazó en la votación del pleno de una semana
más tarde (el PP cuenta con 72 diputados, por 36 del PSM, 13 de IU y ocho de
UPyD). El PP añadió a su vez siete enmiendas al documento legislativo, de las
que dos tenían que ver con la actividad económica y la construcción de casinos
y otras dos modificaban las leyes de suelo y urbanismo de la región para la
implantación, sin impedimentos en el ámbito patrimonial, de complejos como el
de los casinos y congresos de Las Vegas Sands Corporation.
“No solo se
están desprotegiendo edificios BIC, en los que se tira todo
salvo la fachada protegida como es el caso de Canalejas. ¡La ley
permitiría arrasar yacimientos arqueológicos para construir Eurovegas!”,
advierte Patón. “La arqueología preventiva en Madrid tenía un modelo bastante
bueno y eso desaparece. Ahora se va a poder construir carreteras o complejos de
casinos sin un trabajo previo que evalúe el impacto que podría tener. Sin duda
está pensada para facilitar el desarrollo de Eurovegas”, añade Torija.
El Distrito
Norte de Alcorcón es el sitio elegido por el empresario de los
casinos Sheldon Adelson para levantar Eurovegas, que ocuparía una extensión de
750 hectáreas, que a primera vista son un secarral. Otra cosa es lo que haya
debajo, si es que lo hay. “Con la nueva normativa esa posibilidad, una sospecha
potencial, no se tendría en cuenta”, enfatiza Zarco.
Torija
denuncia el “fundamentalismo ideológico de una normativa que promueve la
especulación y el ladrillo”. “Tenemos ejemplos de lo que puede hacer el
fundamentalismo religioso en los Budas de Bamiyán, los templos de Angkor, la
Biblioteca de Sarajevo, Tombuctú… No va a hacer falta irse tan lejos. El
patrimonio debe basarse siempre en criterios de sostenibilidad, que garantice
las necesidades futuras, tenemos zonas de reserva arqueológica que van a
desaparecer… ¿Qué les vamos a decir a nuestros nietos de una ley que hizo que
nuestro patrimonio, que muchos de nuestros edificios, cayeran en el olvido?”,
barrunta.
“Nos quejamos
de los expolios que se hicieron del patrimonio español cuando por ejemplo los
americanos compraban monumentos y se los llevaban troceados a Estados Unidos
[William Randolph Hearst expolió en 1925 el Monasterio de Santa María la Real
de Sacramenia, en Segovia, una abadía cisterciense de los siglos XII-XIII
reconstruida en Miami]. No se ha contado con la opinión de los expertos, esta
ley se ha hecho a espaldas de la sociedad. Volvemos a tiempos predemocráticos,
entonamos un réquiem por el patrimonio cultural. Podemos ver su acta de
defunción en la Comunidad de Madrid... La ideología se antepone a los intereses
de todos”, interviene Patón. Este domingo los arqueólogos de Madrid se
manifestarán a las 11.00 en la plaza de Canalejas bajo el eslogan SOS
Patrimonio, No a una ley desprotectora. Ya para más adelante, anuncian que
recurrirán la ley hasta que esta cambie o hayan recorrido todos los peldaños
del sistema judicial.
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