El Ayuntamiento de Valencia deberá
aplicar una edificabilidad tres veces mayor en el pago de las expropiaciones
pendientes del PEPRI del Cabanyal de lo que estaba pagando, en virtud de una
sentencia del Tribunal Supremo que considera erróneos sus cálculos, según el
grupo municipal de EU.
De esta forma, el presupuesto
pendiente para esas expropiaciones -más de 60 % de la superficie total a
expropiar-, que asciende a más de 53 millones de euros, superaría los 804
millones, según ha explicado hoy el portavoz de EU en el Ayuntamiento, Amadeo
Sanchis.
Acompañado del abogado José Luis
Ramos, Sanchis ha dado a conocer hoy una sentencia de la Sala Tercera del TS
que desestima un recurso contencioso-administrativo del Ayuntamiento contra el
artículo 21 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Valoraciones de la Ley de Suelo sobre la fórmula aritmética para determinar la
edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.
"La sentencia dice que la forma
de expropiar no es correcta", ha sentenciado Sanchis, quien ha apuntado
que este fallo hace "inviable la política de expropiaciones municipal y,
especialmente la del PEPRI del Cabanyal" y tiene "consecuencias
directas a la hora de hacer cálculos de las expropiaciones".
"En todo lo que queda por
expropiar del PEPRI, la edificabilidad se debe multiplicar por tres en vez de
por 1,26 metros cuadrados que se estaban pagando", ha apostillado.
Ramos ha explicado que desde que el
Ayuntamiento creó las áreas urbanísticas homogéneas en 2006, los cálculos para
expropiar los hacía dividiendo la edificabilidad entre la superficie total,
entre la que se incluía las zona verdes y dotacionales.
 |
| Imagen de la noticia |
Sin embargo, ha incidido en que el
fallo del TS recuerda que el cálculo de ese coeficiente tiene que hacerse
dividiendo entre la superficie edificable, lo que supone eliminar las zonas
públicas.
Para Ramos esta sentencia supone un
"revés" para el consistorio, y considera que hizo "trampa"
en sus cálculos para "ahorrarse" dinero en el pago de las
expropiaciones, lo que ha su juicio ha llevado al tribunal a imponerle las
costas por un importe de 10.000 euros.
Ha explicado que en el caso del
Cabanyal la superficie delimitada incluye unas veinte unidades con
"grandes avenidas, Serrería y paseo Marítimo" y si dividen la
edificabilidad por "toda esa superficie", el coeficiente de edificabilidad
sale a 1,26 metros cuadrados.
Sin embargo, el Reglamento de 2011,
que desarrollaba la aplicación de la Ley del Suelo, decía en su artículo 21 que
en suelo urbano "se paga la edificabilidad media excluyendo en reparto las
superficies públicas edificables", lo que aumenta ese cálculo, y que por
ello el Ayuntamiento lo recurrió.
El edil de EU ha advertido de que
"la sentencia es global", por lo que afecta todas las expropiaciones
para equipamiento dotacional y zonas verdes que quedan por realizar en la
ciudad, unos 430 solares de 1,7 millones de metros cuadrados. "Las
expropiaciones serían desorbitadas", ha alertado.
Por ello, ha apuntado que estudian
iniciativas políticas para que se modifique el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de 1989 y se debata sobre fórmulas para "compensar" a
los propietarios de terrenos a expropiar con "permutas, convenios o
acuerdos", de forma que las arcas municipales no se vean tan afectadas.
Grao
niega que la sentencia afecte al plan del Cabanyal.
El vicealcalde de Valencia, Alfonso
Grau, ha negado hoy que una reciente sentencia del Supremo, hecha pública hoy
por Esquerra Unida, afecte "en absoluto" al plan urbanístico del
barrio valenciano del Cabanyal.
En un comunicado, Grau ha respondido
al concejal de EU Amadeu Sanchis, quien ha asegurado hoy que, en virtud de la
citada sentencia, el Ayuntamiento de Valencia deberá aplicar una edificabilidad
tres veces mayor en el pago de las expropiaciones pendientes del PEPRI del
Cabanyal, lo que encarecería el proceso hasta más de 800 millones.
Sin embargo, a juicio del vicealcalde
"la sentencia del Supremo no afecta en absoluto al Pepri del Cabanyal ni a
los planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento, sino que afectará a los
planes urbanísticos en el futuro".
"Por tanto lo que afirma EU no es
más que una interpretación interesada y sesgada, porque sabe perfectamente que
no es de aplicación en El Cabanyal", ha subrayado Grau.
"El propósito de EU es inducir a
la gente al error y poner más trabas en el desarrollo del Plan urbanístico de
El Cabanyal -ha destacado Alfonso Grau-, un plan con el que ellos políticamente
están en contra, pero que no tiene nada que ver con la sentencia en
cuestión".
El vicealcalde ha explicado que la
regla para el cálculo de la edificabilidad media de las Áreas Urbanísticamente
Homogéneas, establecida en 2008 y en el reglamento estatal de Valoraciones
(art. 21), es aplicable sólo a los terrenos dotacionales que no tienen asignada
edificabilidad, es decir, a terrenos dotacionales en suelo urbano no incluidos
en ninguna unidad de ejecución y que no forman parte de ningún ámbito de
gestión.
"Este no es el caso del Pepri del
Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está incluido en diversas unidades de
ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento, y del mismo modo
ocurre con todos los planes urbanísticos aprobados", ha añadido.
"Por tanto la sentencia no es
ningún varapalo judicial ni urbanístico para este Ayuntamiento, porque la Ley
del Suelo afecta por igual a todos los municipios de España", ha resaltado
Grau.
Para Alfonso Grau "las trampas
las está haciendo el concejal Sanchis, tratando de inducir a los ciudadanos del
Cabanyal al error con supuestos beneficios que sabe perfectamente que no son de
aplicación, una maniobra más de EU para engañar a la gente, a las que ya nos
tienen habituados".
Un
fallo del Supremo multiplica el coste de expropiación del plan de El Cabanyal
El Tribunal Supremo ha rechazado un
recurso del Ayuntamiento de Valencia, presentado en 2011, contra un artículo
del reglamento de la nueva ley del suelo. El Consistorio acudió al tribunal
para pedir la anulación de uno de sus artículos porque desautorizaba una figura
urbanística que el gobierno local del PP puso en marcha después de 2007 para
rebajar el valor de las expropiaciones en la capital.
"En la práctica, la decisión del
Supremo, que afecta por igual a toda Valencia, multiplica por tres o cuatro el
coste de las expropiaciones delplan de El
Cabanyal", ha explicado este jueves el portavoz del grupo
municipal de EU en el Ayuntamiento, Amadeu Sanchis.
Acompañado del abogado especializado
en urbanismo José Luis Ramos, el edil ha recordado que para llevar a cabo la
prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de fracturar
el barrio marinero falta por expropiar un 60% del suelo. De aplicarse la
sentencia, el coste del suelo pendiente de expropiar pasaría de 32 millones a
480, según los primeros cálculos.
El fallo no tiene carácter retroactivo
pero si puede afectar a las expropiaciones que se realicen a partir de ahora. El
alto tribunal ha condenado al Consistorio al pago de 10.000 euros en costas.
El plan de El Cabanyal, aprobado en el
2001, se encuentra paralizado a la espera de que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre un conflicto de competencias entre el Gobierno y la
Generalitat. El Ministerio de Cultura gobernado por el PSOE aprobó a finales de
2009 una orden para proteger al barrio de las demoliciones que el gobierno
local estaba llevando a cabo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario