Los propietarios de los inmuebles
construidos hace más de cien años contarán con un mayor margen de maniobra para
realizar las Inspecciones Técnicas de Edificios, las conocidas como ITEs,
después de que se aprobase en el pleno de ayer una prórroga de un año, ya que
el plazo finalizaba el próximo 31 de diciembre. La moción que presentó el BNG
planteaba una ampliación en el horizonte del 31 de marzo de 2013, pero los
socialistas presentaron una enmienda, posteriormente aceptada, que lo establece
finalmente el 31 de diciembre de 2013.
Aunque todos los grupos políticos
estaban en la misma sintonía, la de ampliar el plazo, eso no evitó que se
produjese un debate en el que tanto el grupo del Partido Popular como el de
Democracia Ourensana denunciaron la "mala gestión" realizada, sobre
todo en lo que a información se refiere, debido a que a menos de un mes para
finalizar el plazo, tan solo el 15% de los más de 3.500 edificios afectados
habían cumplido la normativa municipal y realizaron la correspondiente
inspección técnica, como recalcó en su iniciativa el portavoz nacionalista,
Xosé Somoza.
La edil de DO, Susana Gómez, dirigió
sus críticas hacia la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, debido a que tanto
PSOE como BNG, por aquel entonces en el bipartito, rechazaron una iniciativa
relativa a que se realizasen las notificaciones certificadas, alegando que
"no había dinero", y sobre todo por afirmar en una jornada sobre las
ITEs la propia responsable de Urbanismo que "es a base de multas
coercitivas como se pondrá en marcha la ordenanza".
En esa misma línea se pronunció la
concejal popular Mónica Mourelo, que cuestionó el argumento de Soto, en el
sentido de que "nos dice que no hay dinero para notificar a los
propietarios que deben realizar la inspección, pero luego sí lo hay para
notificar las multas coercitivas".
La edil de Urbanismo, además de acusar
a Susana Gómez de intentar, con sus críticas, que "todo huela mal", y
a Mónica Mourelo, siguiendo la estrategia del PP, de "chillar" a
falta de argumentos, hizo referencia a que la ley de Galicia es clara, en el
sentido de que los propietarios de todas las viviendas que tienen el deber de
realizar la inspección técnica, asumiendo su coste, y de nuevo dejar la puerta
abierta a la "externalización" del servicio, como sucede en otras
ciudades.
Lo que también se contempla en el
acuerdo es la concesión de ayudas para realizar las inspecciones, en el caso de
aquellas personas afectadas por la crisis, así como a la ejecución de las obras
derivadas de las inspecciones realizadas con resultado desfavorable, como
subrayó Xosé Somoza.
A este respecto, Mourelo critico que
no se aceptase la propuesta alternativa que presentaron los populares, por
entender que es la "más justa, coherente y menos costosa", como es la
de poner a disposición de esas personas los técnicos municipales o convenios de
colaboración con profesionales para realizar los informes. Reprochó a los
nacionalistas que cuando estaban compartiendo el gobierno bipartito con los
socialistas no planteasen ninguna medida, y sí lo hacen ahora, así como de ser
"cómplices" de las negativas de la edil de Urbanismo a las propuestas
de populares y DO, algo que le llevó a calificar de "insólito" la
actuación del BNG.
Estando de acuerdo en las ayudas, y de
indicar a la concejala de Urbanismo que dispone de personal suficiente en su
departamento para prestar ese servicio, plantea que los 60.000 euros que
costaría el director xeral de Rehabilitación, puesto que está vacante desde la
marcha de Somoza y la ruptura del bipartito, se destine a las inspecciones,
como esas ayudas para la ejecución de las obras derivadas de los informes
desfavorables.
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