Los edificios protegidos del Casino
del Americano y la casa señorial del número 7 de la calle Abben al Abbar, ambos
de propiedad municipal, han pasado al limbo administrativo. La Concejalía de
Cultura tenía adscritos ambos inmuebles para destinarlos a sede de la
Universidad Popular de Algirós y Benicalap, respectivamente, pero ante la falta
de dinero en los presupuestos municipales de 2012 para acondicionarlos a tal fin
los han devuelto al servicio de Gestión Patrimonial
La junta local de Gobierno aprobó ayer
la renuncia de la delegación que dirige Mairén Beneyto a la gestión de ambos
inmuebles. Cultura ha encontrado dos inmuebles que «con una inversión mínima»
podrán acoger la Universidad Popular.
El ayuntamiento tiene una lista cada
vez más larga de edificios, muchos de ellos alquerías, adquiridos vía
expropiación que no puede rehabilitar por falta de presupuesto y para los
cuales no encuentra uso. El ayuntamiento apenas puede garantizar el
mantenimiento de algunos de ellos. Es el caso de la alquería del Moro,
declarada Bien de Interés Cultural, que ha tenido que ser derribada
parcialmente —a través de fondos del plan Confianza— por su estado ruinoso.
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El Casino del America, la alquería del
Moro y la alquería de la Torre forman parte de la ampliación del parque de
Benicalap que prevé ganar 80.000 metros cuadrados más para esta zona verde.
El ayuntamiento pagó el pasado año 3,5
millones de euros por la expropiación del Casino del Americano. En el caso del
palacete de Aben al Abbar, que tiene nivel de protección 2, el ayuntamiento
pagó más de un millón de euros.
64 edificios en espera
La ley establece que cuando en un
planeamiento la administración reserva suelo para equipamientos —servicio
público, escolar, deportivo, jardines o viales— que no está incluido en ninguna
unidad de ejecución la vía para obtener el suelo es la expropiación.
Para evitar situaciones de agravio en
caso de que la expropiación se dilate demasiado en el tiempo, la legislación
urbanística establece que si transcurridos cinco años desde la aprobación del
planeamiento sin que la administración correspondiente haya expropiado, el
propietario podrá incoar un proceso para obligar al ayuntamiento a expropiarle.
Por este mecanismo legal, el ayuntamiento de Valencia está enfrentandose a
peticiones millonarias debido a la demora en expropiar los edificios grafiados
como Servicio Público.
El grupo municipal socialista cifró
hace unos años en más de 64 los edificios protegidos destinados a equipamiento
público que el ayuntamiento tiene pendiente de rehabilitar.
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