Un nuevo decreto extenderá la
obligatoriedad a los edificios ya construidos. El coste del proceso de
etiquetado por vivienda por un profesional puede rondar los 350 euros, mil
euros si se trata de todo el inmueble
Las instituciones quieren dar una
nueva vuelta de tuerca a la normativa para conseguir unas viviendas y edificios
con mayor eficiencia energética. Es decir, que consuman cada vez menos, ahorren
energía y tengan menos emisiones de CO2. Y no es una cuestión baladí. El
consumo energético de viviendas e inmuebles públicos suponen el 19% de la
factura total en Euskadi (en Europa, la media es el 40%).
Si hasta ahora, desde 2007 era
obligatorio que todo edificio nuevo y los que sufrieran grandes
rehabilitaciones dispusieran de un certificado de eficiencia energética, a
partir del año que viene la preceptividad se extiende. Todos los pisos nuevos o
de segunda mano, que se vendan o se alquilen, deberán contar con un certificado
de este tipo, para que los nuevos compradores o inquilinos estén informados
sobre las características energéticas de la vivienda en la que van a residir. La
medida, que funciona ya desde hace meses en países como Francia, Italia o
Portugal, en la práctica extiende la obligatoriedad a los edificios ya
construidos. Cada propietario de la vivienda deberá buscar en el libro del
edificio para comprobar si cuenta con un certificado o desembolsar alrededor de
350 euros para que una empresa especializada se ocupe de ello. Si es todo el
inmueble, la factura ronda los mil euros. Además, dicho certificado deberá
renovarse cada diez años.
Así lo recoge el proyecto de Real
Decreto que ultima el Ministerio de Industria y que entrará en vigor el año que
viene (probablemente el mismo 1 de enero de 2013). El texto legal incorpora los
postulados de las últimas directivas europeas y deroga y amplía el anterior
decreto 47/2007 de certificación energética de edificios, que ha estado en
vigor hasta ahora. Este documento ya avanza además que, a partir de 2021, los
edificios que se construyan deberán ser de consumo de energía 'casi nulo', algo
que se exigirá para los inmuebles públicos a partir de 2019.
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