La rehabilitación y reposición de
3.000 viviendas sociales de Tenerife parece no estar entre las prioridades del
Gobierno central. El Estado ha decidido destinar para la recuperación de estos
inmuebles –incluidos en 24 proyectos– unos 500.000 euros el año que viene, una
cantidad que ni siquiera daría para sufragar los gastos de los 16 convenios en
los que participa el Cabildo.
La Corporación insular colabora en el
arreglo de 480 casas de promoción pública a pesar de que este tipo de
actuaciones no son de su competencia. Para terminar los 16 proyectos en los que
participa la institución, se necesitan 42 millones de euros –sin contar el
gasto que supone la mejora del resto de hogares sociales de la Isla (2.519) –.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por el
contrario, es la administración pública con más obligaciones en este ámbito, ya
que es el organismo con una mayor participación en las políticas de
rehabilitación al tener que financiar el 50% del coste de las obras de
recuperación. "Evidentemente, los 500.000 euros que aporta a Tenerife van
a suponer un parón en el ritmo de los trabajos que se desarrollan en la
Isla", denunció el consejero insular de Cooperación Municipal, Vivienda y
Seguridad, José Antonio Valbuena.
"Si el Estado ingresa medio
millón al año, para completar los 21 que le corresponden en los proyectos del
Cabildo, vamos a tardar 42 años para las rehabilitar las casas", y esto es
"insostenible", advirtió el responsable de este área .
La Corporación insular colabora
actualmente con los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna, Candelaria y Adeje.
El presupuesto para desarrollar estos 16 convenios en los barrios de los cuatro
municipios alcanza los 42 millones de euros, una cuantía que está pendiente de
ejecutar. El Estado, sin embargo, va a destinar 1,65 millones para la
rehabilitación y reposición de las casas sociales de toda Canarias.
Con los 500.000 euros que le tocarían a Tenerife, según los cálculos realizados por el consejero insular, es imposible atender las necesidades. Ante este panorama, lamentó que, "si no existe un compromiso mayor por parte del Estado, con este dinero no es posible desarrollar una política activa de viviendas".
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El Archipiélago contó en 2011 con
11,68 millones de euros para la recuperación. El Gobierno central, sin embargo,
dejó la partida para este año en 9,82 millones. La previsión para 2013 tampoco
es alentadora. Según recoge el anteproyecto de los Presupuestos Generales del
Estado, el tijeretazo en el Plan de Vivienda de Canarias baja la cuantía a 1,65
millones, lo que no llega ni a representar el 10% del dinero concedido para
2011.
El problema en vivienda "es importante desde el punto de vista financiero", reconoció el consejero insular. Esta disminución significa "que hay que cerrar las puertas" a las políticas de rehabilitación. Valbuena subrayó que el peso del gasto que suponen estas actuaciones no puede ser soportado por las administraciones locales sin la ayuda del Gobierno central. Es por estas circunstancias por lo que el grupo de gobierno del Cabildo demanda al Estado "una mayor sensibilidad", reclamó.
La mayoría de las obras en las que
participa la institución de Tenerife para la rehabilitación de las 480
viviendas se están ejecutando. El responsable del área explicó que el municipio
donde hay más trabajos parados es en la capital tinerfeña por los desacuerdos
entre los inquilinos y sus ayuntamientos y porque en varios municipios están a
la espera de la aprobación de sus planes generales de ordenación.
Los afectados por el mal estado de sus
hogares de promoción pública deben acarrear con el 5% del coste de las obras,
aunque este porcentaje varía. Además de los residentes, también colaboran en el
coste de los trabajos de recuperación de los inmuebles el Estado (con el 50%),
el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife, aportan el
resto.
Valbuena explicó que las actuaciones
del Cabildo se centraban hace 15 años en ayudar a los jóvenes a adquirir una
casa. Con la crisis, a lo largo de los últimos cuatro años, "no ha habido
una preocupación por parte de la Corporación insular para reorientar estas
actuaciones". "Viene la crisis y las administraciones públicas, menos
el Cabildo, adaptan sus políticas", criticó el consejero insular, en el
cargo desde hace un año.
Según indicó, el grupo de gobierno
actual ha recuperado estos trabajos y ha tramitado los 16 convenios de
rehabilitación con los que se comprometió en el pasado.
El rescate de las inspecciones
Las competencias del Cabildo de
Tenerife "van a ser muy limitadas" con vistas a las políticas de
vivienda social del próximo año. Según el consejero insular del área, José
Antonio Valbuena, la Corporación insular "no va a participar en la
rehabilitación", sino que colaborará con la inspección de los edificios,
que es su auténtica responsabilidad. Explicó que la selección para repartir los
500.000 euros que da el Estado para la recuperación de estos inmuebles en la
Isla la hace el Gobierno de Canarias. A la hora de distribuir "migajas
entre algo que es mucho más que migajas, yo no le puedo decir al Ejecutivo cómo
lo tiene que hacer porque, entre otras cosas, no sé cómo lo haría",
apuntó.
Detalló que la competencia del Cabildo en relación a vivienda es funcionar como policía, por lo que la Corporación insular realizará un estudio a partir del año que viene de todo el parque público. Saber en qué condiciones están las casas será el objetivo.
Valbuena reconoció que "las políticas de vivienda no han estado en las prioridades del Cabildo hasta la fecha", pero considera que la situación de los hogares de promoción pública "tiene que ser una preocupación de todas las administraciones". Agregó que la finalidad de las inspecciones será evitar reposiciones.
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