Más de 22.000 viviendas de la región deberán pasar de forma obligatoria y periódica una inspección técnica a partir de julio y en el caso de que no sea favorable, acometer las obras de mejora necesarias para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los edificios. Una especie de 'ITV' que impuso el Gobierno central el año pasado y cuya regulación la Junta está desarrollando en estos momentos. La revisión deberá hacerse como mínimo en las poblaciones de más de 25.000 habitantes --Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de La Serena y Almendralejo-- y en los edificios de más de 50 años de antigüedad. Esto es, los construidos con anterioridad a 1962.
Hasta ahora, las comunidades de vecinos solo tenían la obligación de revisar la instalación de gas y calefacción, pero con la nueva normativa también será de ineludible cumplimiento mantener en buen estado la estructura del edificio, la red de saneamiento, los conductos de ventilación y las fachadas. Asimismo, los habitantes del bloque deben procurar que sea lo más accesible posible con rampas, ascensores y elementos similares. "Se mirarán básicamente las condiciones de seguridad, salubridad, ornato, accesibilidad y sostenibilidad", destaca Reyes Caballero, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura.
Aunque el decreto regional que regulará la Inspección Técnica de Edificios (ITE) todavía se encuentra en fase de borrador, todos los profesionales consultados por este diario han señalado que son los arquitectos técnicos y aparejadores, dependiendo del tipo de finca, los que se encargan de realizar las revisiones. Esto significa que serán los propios vecinos los que tendrán que buscar a un profesional privado que les revise sus instalaciones. En otras comunidades en las que normativas similares ya se aplican el coste por familia suele rondar ente los 30 y los 70 euros. No obstante, técnicos municipales de urbanismo han constatado a EL PERIODICO que pueden superar incluso los 100 euros por vivienda o los mil por finca, ya que en la mayoría de los casos se trata de bloques de viviendas muy antiguos y es posible que incluso se necesiten estudios geotécnicos para comprobar el estado de la estructura y el peligro real de derrumbe.
En el caso de que la ITE no sea favorable, los propietarios tendrán la obligación de acometer las obras de mejora necesarias. En ese sentido, tanto el presidente del Colegio de Arquitectos de Extremadura, Francisco Javier González, y el tesorero, Daniel Monfort --este último es miembro de la comisión que elabora del decreto con la Junta--, no descartan que se puedan establecer nuevas ayudas públicas que se sumen a las subvenciones que ya existen para acometer obras de rehabilitación de edificios.
El decreto que establece la Inspección Técnica de Edificios (ITE) fue aprobado por el Gobierno central el pasado ocho de julio con el objetivo de asegurar "su buen estado y debida conservación". Este daba un año de plazo a las comunidades autónomas para regular forma, plazos y condiciones de la misma y eso es lo que hace en estos momentos la Junta extremeña, que prevé tenerlo todo listo en julio. La disposición del Gobierno establece que serán las viviendas de más de 50 años de antigüedad ubicadas en poblaciones de más de 25.000 habitantes las que tienen la obligación de pasar la ITE, pero deja abierta la puerta a que tanto los gobiernos regionales
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