El Ministerio de Cultura ya tiene la
petición formal del gobierno municipal para que derogue el decreto que derivó
en la paralización del plan urbanístico del Cabanyal. El vicealcalde, Alfonso
Grau, envió el pasado día 3 de abril la solicitud, que abre la puerta a reanudar
las obras este mismo año.
La solicitud fue la fórmula elegida
para poner en marcha la maquinaria administrativa que debe inyectar de nuevo
inversiones en el barrio. Esa fue la conclusión del encuentro que mantuvo Grau
con representantes del ministerio el pasado 21 de marzo, indicaron ayer fuentes
conocedoras del proceso.
En los últimos meses se han producido
reuniones de miembros de la vicepresidencia del Ejecutivo de Rajoy con la
delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, así como gestiones del conseller
de Gobernación, Serafín Castellano, para resolver la paralización a favor del
plan urbanístico del Consistorio.
El pasado domingo se cumplieron dos
años de que se admitiera a trámite el recurso del Gobierno en el Tribunal
Constitucional, una iniciativa contra los cambios en la declaración de Bien de
Interés Cultural que avala la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
Desde el pasado 20 de noviembre,
cuando el Partido Popular ganó las elecciones generales, se estudia cómo
destejer la maraña judicial y administrativa, a favor del plan urbanístico. El
decreto del Ministerio de Cultura prohíbe cualquier derribo que altere la trama
urbana del Cabanyal.
Esta circunstancia fue salvada con una
modificación del Bien de Interés Cultural que atraviesa la ampliación de la
avenida de norte a sur, una serie de calles y edificios que no pueden alterarse
con demoliciones y obras de nueva planta. El decreto del Consell posterior al
del ministerio concluía que son compatibles la protección patrimonial del
barrio con la prolongación.
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Tras la solicitud fechada el pasado
día 3, llegará el turno de que el ministerio mueva ficha. Se da por descontado
que las asociaciones vecinales contrarias a la apertura de Blasco Ibáñez
vuelvan a llevar el asunto a los tribunales, por lo que las mismas fuentes
comentaron que la estrategia pasa por «hacer las cosas lo mejor posible» y sin
prisas para evitar cualquier error administrativo que permita una derrota en un
litigio.
A la espera de ver cómo se articula
eso, el Ayuntamiento ha consignado ya 27 millones de euros del Plan Confianza
para ejecutar dos unidades de actuación, en el futuro bulevar de San Pedro y en
los aledaños de la plaza Lorenzo de la Flor. Hace dos años se estimó una
inversión de 54 millones de euros, aunque la paralización obligó a derivar
parte del dinero a otros proyectos.
Aún así, se trata de un plan
urbanístico tan complejo que su ejecución completa tardaría al menos una
década, con un presupuesto mínimo de 1.600 millones de euros. La crisis actual
hace muy complicado que puedan salir adelante las 1.500 viviendas de promoción
pública previstas, así como el resto de equipamientos educativos y culturales,
un argumento utilizado por los vecinos contrarios al plan para que el dinero se
destine a rehabilitación de edificios.
También hay discrepancias sobre el
efecto del decreto del ministerio. Mientras que el gobierno municipal asegura
que afecta a todo tipo de licencias, salvo aquellas obligadas por cuestiones de
seguridad, la asociación de vecinos tiene el respaldo de varios informes y
respuestas oficiales, como una de la Defensora del Pueblo, favorable a que no
haya una suspensión general de estos permisos.
En todo caso, los permisos que se
tramitan a través de la comisión de Urbanismo y la junta municipal «quedan en
suspenso», lo que se advierte a los afectados con una notificación. Así se ha
hecho desde hace dos años, cuando se admitió a trámite el recurso en el
Tribunal Constitucional.
La derogación del decreto podría hacer
decaer este litigio, del que todavía no se sabe nada. La empresa pública Cabanyal-Canyamelar
continúa con la compra de inmuebles y la redacción de proyectos, con el
propósito de acelerar los derribos.
La zona donde se quieren retomar las
obras es la calle San Pedro, un futuro bulevar perpendicular a Blasco Ibáñez,
donde hay ya varios solares. La compañía inició la expropiación en la zona
después de dar por agotado el plazo para acuerdos de compraventa. Este ámbito
está fuera de la zona protegida y Bien de Interés Cultural, por lo que el
Consistorio entiende que es más factible retomar las demolciones
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