La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente endurecerá el andamiaje legal que sustenta la Inspección Técnica de
Construcciones, más conocida como 'ITV' de edificios, para lo que tiene listo
un decreto que modificará el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La
nueva legislación casi dobla el número de municipios donde será obligatoria
para inmuebles de más de 40 años y permitirá al inspector dictaminar en su informe las obras de
conservación necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y
habitabilidad del parque inmobiliario de la Comunidad.
El departamento de Antonio Silván dio
un impulso a estas inspecciones con la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla
y León –aprobada en agosto de 2010-. Además, el anterior Ejecutivo socialista
definió esta figura con carácter básico para toda España en el decreto de julio
de 2011, que convertirá a partir de
julio en obligatoria la inspección en los edificios con más de 50 años,
situados en municipios de más de 25.000 habitantes. No obstante, la Comunidad
se regirá por su normativa que es en general más exigente que la estatal.
En ese sentido, la regulación de
Castilla y León plantea que las revisiones no se limiten a los edificios con
usos residenciales, rebaja la edad máxima de las construcciones a 40 años,
incluye la condición de la habitabilidad y la hace obligatoria en 101 municipios de la Comunidad, ya que
incluye todos los que tienen más de 5.000 habitantes y las unidades con más de
1.000 habitantes situadas en áreas urbanas. Hasta ahora, la Junta sólo exigía
estas revisiones en municipios mayores de 20.000 habitantes y los que disponían
de PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), por lo que sólo debían aplicarlo
60 ayuntamientos.
También, los municipios que lo
consideren pueden acordar la obligatoriedad de las inspecciones, siguiendo el
modelo planteado por la Consejería de Fomento, aunque se les impone un plazo de
cuatro años para que las 'ITV' se apliquen. Las segundas revisiones se llevarán a cabo a los diez años de las
primeras en todos los casos.
Por tanto, los propietarios que
deberán pasar las revisiones deben facilitar el trabajo a los inspectores,
técnicos capacitados para dirigir la construcción que ahora inspeccionan. No
obstante, pretende que se realicen como mínimo sobre una muestra representativa
de los recintos de la construcción, es decir, la totalidad de las plantas baja,
bajo rasante y bajo cubierta, y al menos el 50% del resto de la construcción.
En los inmuebles en régimen de propiedad horizontal o complejo inmobiliario, la Junta acepta que las comunidades de vecinos
actúen de forma autónoma.
Además, los que pasen la inspección
deberán presentar el informe que elabore el técnico ante su ayuntamiento en el
plazo de un mes. También, con la finalidad de controlar la aplicación y
eficacia de la inspección, los gobiernos municipales podrán crear un registro
de las construcciones obligadas a la misma, consultable en la página web
municipal, en el que se reflejen las actuaciones realizadas. Fomento también ha
regulado las posibilidades de actuación de los consistorios para que puedan
ordenar inspecciones de oficio, que pagarán
los propietarios de los edificios, y ejecuciones subsidiarias de las
obras exigidas.
Inspecciones
La Consejería pretende que las
inspecciones no sólo evalúen periódicamente el estado de conservación de las
construcciones, su adecuación a las condiciones de seguridad, salubridad,
habitabilidad, y el cumplimiento de los deberes de uso y dotación de servicios,
sino que debe también determinarán las
obras y trabajos necesarios para mantener los edificios en buenas condiciones.
Además, se precisará el plazo en que deben acometerse las reformas planteadas.
De esta forma el técnico que realice
la revisión, deberá reflejar en el informe que elabore el estado general de
conservación, especialmente de elementos vinculados con la estructura y la
cimentación, así como las fachadas exteriores, interiores y medianeras, y las
cubiertas, azoteas, voladizos, marquesinas, antenas y demás elementos
susceptibles de desprendimiento.
Puesto que la inspección tiene carácter visual, el informe resultante se
referirá solo a los elementos de la construcción a los que el técnico haya
tenido acceso, deberá revisar el cumplimiento, al menos documental, de las
obligaciones sobre las instalaciones de protección contra incendios, aparatos
elevadores y redes de saneamiento y distribución de agua, gas y energía
eléctrica en baja tensión.
Además, la Junta quiere que los
informes técnicos incluyan un calendario
con los plazos para la ejecución de las obras y trabajos exigidos,
aunque en su defecto éste será de seis meses. En el caso de las intervenciones
de carácter urgente, la nueva normativa autonómica propone que se detallen
aparte con su justificación y su propio plazo. También, serán revisados estos
documentos en las segundas inspecciones –diez años-, así como las actuaciones
acometidas.
Municipios
Respecto a los municipios en los que
será obligatoria la inspección, además de los que tiene más de 5.000 habitantes, deberán pasarla los edificios que tengan
más de 40 años de Arcos, Cardeñadijo, Ibeas de Juarros,
Villagonzalo-Pedernales, Villalbilla de Burgos, Merindad de Río Ubierna y Alfoz
de Quintanadueñas, en Burgos; Cuadros, Chozas de Abajo, Garrafe de Torío,
Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Valdefresno y Villaturiel, en
León; Dueñas, Grijota, Magaz de Pisuerga y Villalobón, en Palencia;
Aldeatejada, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Castellanos de Moriscos, Doñinos
de Salamanca, Monterrubio de la Armuña y Terradillos, en Salamanca; Hontanares
de Eresma, La Lastrilla, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma,
Torrecaballeros, Valverde del Majano y San Cristóbal de Segovia, en la
provincia segoviana.
En Soria, la obligación afectará a
Golmayo; en Valladolid, a Aldeamayor de San Martín, Boecillo, Cabezón de
Pisuerga, Cigales, Fuensaldaña, La Pedraja de Portillo, Renedo de Esgueva,
Santovenia de Pisuerga, Valdestillas, Viana de Cega, Villanubla, Villanueva de
Duero, y en Zamora, a Coreses, Morales del Vino y Villaralbo.
Según datos provisionales del Observatorio de la ITE (Inspecciones
Técnicas de la Edificación), un proyecto nacional que desarrolla el Instituto
de la Construcción de Castilla y León, de los 1.008 edificios que debían pasar
la revisión en la Comunidad en 2011 –solo cuentan con reglamentos los
municipios de León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila y Segovia- se
tramitaron 713, lo que supone el 66 por ciento. De ellas, el 77 por ciento
(546) fueron favorables y el resto contaron con un informa negativo (167).
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