Autores:
Álvaro de Cózar y José Marcos
Una
mañana de octubre de 1963, los neoyorquinos se levantaron con la demolición de
la estación de Pensilvania, una de las joyas arquitectónicas de
Manhattan. “Acto de vandalismo”, dijo entonces el New York Times.Las protestas hicieron que las autoridades
se dedicaran en los años siguientes a buscar nuevas normas para preservar el
patrimonio. Se creó una comisión que determinaba los edificios que debían
conservar y que establecía las modificaciones que los propietarios podían hacer
en los inmuebles. Nacía así un modelo de ciudad para Nueva York que consiguió
eso que los expertos llaman conciencia arquitectónica.
Madrid
dispone de comisiones y leyes similares aunque, a tenor del estado de muchos de
sus edificios históricos, es muy discutible que esas normas hayan servido para
fundar una conciencia colectiva que valore lo mucho que posee la región.
La
nueva ley autonómica de patrimonio, que se debate esta semana en la Asamblea,
no va a ayudar a defenderlo, según denuncian asociaciones, arquitectos y
arqueólogos. Creen que la nueva norma es mucho más permisiva que la actual, y
que prima los intereses económicos sobre los arquitectónicos. Están convencidos
de que gran parte del patrimonio de la región está en peligro.
El
telón de fondo es la crisis. El Gobierno regional no ha ocultado que muchos de
los edificios más emblemáticos pueden servir para reactivar la economía y crear
puestos de trabajo. Lo interesante para los promotores inmobiliarios está en el
centro, y estos se han quejado en varias ocasiones de la necesidad de eliminar
cortapisas, burocracias y también obstáculos arquitectónicos que impidan
construir, por muy históricos que estos resulten a veces.
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En
la cafetería de uno de esos lugares identitarios de Madrid, el Ateneo, en torno
a una mesa redonda, un grupo de personas habla con pasión de los desaciertos de
la nueva ley. Hay un informático, tres arquitectos, una profesora y un
licenciado en Filosofía. Forman parte de la plataforma Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio. “Lo de los puestos de trabajo es una falacia. No estamos
contra el cambio de uso de los edificios. Estamos contra una ley que va a
permitir que sea más fácil destruir el patrimonio y perder poco a poco la
identidad de la ciudad”, asegura su presidente, el arquitecto Vicente Patón.
El
grupo va poco a poco desgranando ejemplos del patrimonio herido en la ciudad.
Este paseo por el pasado histórico de Madrid comienza en la calle del Marqués
de Riscal, en el distrito de Chamberí. No todo el mundo sabe que allí, en el
número 7, escondido entre edificios de cinco alturas, tras una malla verde y un
portón de hierro, se encuentra elfrontón de Beti Jai.
El
edificio es único en el mundo, el último de los frontones industriales del
juego de pelota y un ejemplo de la arquitectura del hierro. Fue declarado Bien
de Interés Cultural (BIC) en 2011, la mayor protección que se le puede dar a un
monumento, pero hoy es un lugar abandonado desde hace años donde crecen árboles
en lugares imposibles y que solo es visitado por un gato y un cernícalo que ha
anidado en uno de sus muros. Actualmente se encuentra en un proceso de
expropiación que ha llegado a los tribunales porque el Ayuntamiento y los
propietarios, Tarcosul Gestión, SL, no se ponen de acuerdo en el importe de la
indemnización.
Pasamos
de allí a la plaza de Canalejas. El empresario Villar Mir planea levantar en esa
manzana un centro comercial y hotel de lujo. Para ello ha habido que
modificar la protección que tenía el interior de algunos de los edificios que
el empresario le ha comprado al Banco Santander. El objetivo es dejar solo las
fachadas y construir en el interior, eliminando elementos hasta ahora
protegidos. “La operación Canalejas es el ejemplo de lo que está pasando. Algo
que estaba catalogado como BIC pierde esa protección porque hay intereses
económicos detrás. Muchos otros edificios podrían correr la misma suerte”,
explica Patón.
Dejamos
a la izquierda la plaza de Canalejas y nos dirigimos hacia la Gran Vía, donde
otro inmueble espera un futuro incierto. Se trata delPalacio de la Música. Caja Madrid lo
adquirió en 2008 y prometió que lo convertiría en lo que fue originalmente, un
auditorio de música. La entidad trataba de salvaguardar el edificio y evitar
que se convirtiera en otro centro comercial. Las obras de rehabilitación
comenzaron pero, una vez más, la crisis. El desastre ocurrido en la caja de
ahorros ha hecho que esos planes se dejen de lado. “El Ayuntamiento tiene como
objetivo principal el empleo, no creemos que haya que mantenerlo por un sentido
romántico. Si la alternativa [a que se convierta en una tienda] es mantener el
edificio cerrado y que se caiga a trozos, en eso no estamos”, ha dicho el
Ayuntamiento. Una petición en la plataformachange.org ha
conseguido 16.400 firmas para conseguir que el palacio siga teniendo un uso
cultural.
Desde
el Palacio de la Música saltamos a la trasera de San Francisco el Grande. La
justicia frenó allí las intenciones de la Iglesia que, tras una permuta de
terrenos con el Ayuntamiento, pretendía construir un gran edificio en la
cornisa de Las Vistillas. El minivaticano, como
se conoció el proyecto, aplastaba la cerca de Felipe IV. Pese a que todas las
sentencias han sido contrarias al plan, los vecinos de la zona han señalado en
varias ocasiones que la Iglesia sigue removiendo tierras en esa zona de gran
valor arqueológico.
La
arqueología es, según denuncian los críticos, una de las grandes perdedoras con
la nueva Ley de Patrimonio. “Con la nueva ley el valor arqueológico queda
difuminado y casi eliminado. La labor arqueológica queda bastante
defenestrada”, asegura Diana Díaz, presidenta del Colegio de Arqueólogos de
Madrid. La ley elimina la obligatoriedad de realizar informes arqueológicos
preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, las
excavadoras pueden arrasar yacimientos sin que nadie se diera cuenta. “La ley
no va a afectar a yacimientos como el de Titulcia, declarado BIC el pasado
agosto. Pero para llegar a esa declaración, antes de todo eso tuvieron que ir arqueólogos,
descubrir los yacimientos que había y documentarlos”, concluye la arqueóloga.
Desde
el barrio de Las Vistillas llegamos al número 20 de la Corredera Baja de San
Pablo. Un portón con una cadena cierra el paso a una casa que la Empresa
Municipal de la Vivienda sacó a subasta pública. El Ayuntamiento había
prometido convertir los inmuebles en equipamientos sociales, pero nunca lo
hizo. Los vecinos quieren convertir ese ejemplo del caserío castellano del
XVIII en un espacio público. La casa, mientras tanto, sigue abandonada. “Nos
preocupa mucho ese patrimonio que no está declarado Bien de Interés Cultural.
Lo que no está catalogado como BIC corre gran peligro porque la ley deja en
manos del propietario hacer lo que quiera si la Administración no le contesta”,
afirma Vicente Patón.
Ese
es uno de los puntos más conflictivos de la ley. La norma establece que, en el
caso de los bienes patrimoniales —hasta ahora llamados bienes catalogados, un
segundo escalón tras los BIC— los propietarios puedan hacer las modificaciones
que deseen si la Administración no les contesta en el plazo de dos meses. “Creo
que la ley se ha malinterpretado. La filosofía de la ley es la conservación del
patrimonio facilitando el uso del mismo”, declara el director de Patrimonio de
la Comunidad de Madrid, Ignacio Muñoz Llinás. “Para proteger el patrimonio, es
imprescindible darle un uso cultural, comercial o de otro tipo que garantice la
conservación de los edificios”.
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Sobre
los nuevos plazos, Muñoz Linás reconoce que se han rebajado, pero que eso no
significa que se sea más permisivo. “Se ha dicho que se está siendo más
permisivo porque se han rebajado plazos o por el silencio positivo, pero es al
contrario. Lo que no tenía sentido es lo que ocurre ahora, que quienes quieren
intervenir en un inmueble sin afectar a las partes protegidas del mismo tengan
que esperar meses o hasta un año sin recibir respuesta. Con la nueva ley se
agilizan los plazos y se obliga a la Administración a responder en un plazo
razonable”. Esos plazos son inasumibles para los funcionarios, según señalan
los partidos de la oposición.
El
debate sobre la ley volverá a traer esta semana otro aún más viejo sobre la
protección del patrimonio. A un lado estarán los que quieren reemplazar muros y
maderas antiguas con la excusa de reactivar la economía y crear puestos de
trabajo. A otro quienes defiendan que el pasado cultural y la conciencia
arquitectónica es lo importante. Volveremos a escuchar a unos llamar románticos
a los otros y a estos hablar de una equivocada idea de progreso. En definitiva,
veremos a ambos lados de ese debate a los defensores de la estación de
Pensilvania y a los que habrían puesto en su lugar, como así sucedió, el
Madison Square Garden.
Madrid
tendrá que elegir su modelo de ciudad. En tiempos de crisis, está claro quién
tiene las de ganar.
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