El Gobierno de Aragón ha aprobado el
proyecto de reforma de la Ley de Urbanismo, que simplifica la regulación de las
licencias, se adapta a la diversidad territorial de la Comunidad y las
necesidades de cada municipio y fomenta la rehabilitación.
El Ejecutivo autonómico se marcó como
objetivo desde su llegada la simplificación de la regulación urbanística ya que
“dificultaba, en algunos casos, las posibilidades de creación de vivienda y
puestos de trabajo”. Así, esta normativa simplificará las licencias
urbanísticas, incluyendo la figura de la declaración responsable. “Por ejemplo,
una remodelación de unas instalaciones de una vivienda no requiere nada más que
declaración responsable del técnico que avala este proyecto”, ha señalado el
consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, Rafael Fernández
de Alarcón.
Esta ley también se adapta a la
diversidad territorial. El consejero ha subrayado que no tiene la misma
realidad Zaragoza que un municipio de 300 habitantes, por lo que “cada uno debe
tener un Plan General”. Por ello, se le da a los consistorios más posibilidades
de ordenar “la vida urbanística” de acuerdo con sus criterios y necesidades.
Otro de los objetivos será el fomento
de la rehabilitación. La normativa deja de apostar exclusivamente por la
expansión de las zonas urbanas, para hacerlo también por la rehabilitación de
las zonas consolidadas de los municipios. Se incorpora la figura del programa
de rehabilitación, que forma parte del instrumento de planeamiento y que
posibilitará la definición de ámbitos o áreas de actuación que flexibilicen los
parámetros generales de la zonificación y permitan adoptar soluciones que hagan
más atractivas las actuaciones de rehabilitación urbana.
Asimismo, también se apostara por la
rehabilitación en suelo no urbanizable. La finalidad será la recuperación de
patrimonio edificado y la reocupación del territorio ya transformado. Se
intenta facilitar el desarrollo de iniciativas, controlando su legalidad e
intentando promover la utilización del suelo no urbanizable cuando ello pueda
contribuir al desarrollo socioeconómico o la creación de empleo.
El Gobierno de Aragón también buscará
“favorecer las iniciativas económicas que permitan una generación de actividad
productiva y empleo”. Entre las medidas, se encuentra la reducción de las
cesiones en los polígonos industriales o logísticos se rebajan del 14% al 8%.
Además, se adecuará la marchaza de la
urbanización del entorno al proceso de edificación para “evitar que cuando se
hace una nueva zona se gaste mucho en obras que durante muchos años no serán
necesarias”. Así, cree que se concentrará estos trabajos a medida que se vayan
haciendo las edificaciones en los nuevos polígonos, lo que permitirá que “los
gastos financieros no sean tan elevados”.
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