Una persona resultó herida leve al
derrumbarse durante la madrugada del jueves una casa de la la calle de
Cavallers de Tarragona, en pleno casco antiguo de la ciudad. Los bomberos
recibieron el aviso el aviso a las 4.42 de la madrugada, tras ser alertados por
unos transeúntes de que la vía estaba cubierta por una densa nube de polvo y
cascotes. La casa se hundió tan solo 24 horas después de dejar de estar
habitada. En la vivienda residía un descendiente de la familia Castellarnau, de
origen noble. El inquilino, un hombre de 41 años, fue enterrado el miércoles
tras permanecer sin vida unos días en la casa sin que nadie se hubiese
percatado de ello. El hundimiento obligó a desalojar a 12 vecinos
preventivamente.
El de Tarragona no es un caso aislado.
El martes se hundió otro edifico en el casco antiguo de Lleida, con el
resultado de dos personas heridas leves. En ambos casos no se han lamentado
víctimas mortales, pero estos accidentes ponen de relieve el mal estado de
conservación de numerosas viviendas ubicadas en los núcleos históricos de las
poblaciones.
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Los aparejadores alertan de la falta
de mantenimiento del parque residencial con un ejemplo clamoroso: de los 49.000
edificios construidos antes de 1930 que a finales de este año tienen que haber
pasado la ITE (inspección técnica de edificios), solo lo han hecho 1.058: el
2,1%. Los aparejadores calculan que los arquitectos, que también hacen estas
revisiones, acumulan un número parecido. En total, apenas el 4,2% de los edificios
que tienen la obligación de ser inspeccionados. “Luego nos llevamos las manos a
la cabeza cuando hay un hundimiento”, alerta el vicepresidente del Colegio de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, Antoni
Floriach.
El decreto de la ITE establece la
obligatoriedad de que los edificios pasen una inspección periódica, como los
coches. Pero no fija multas. Floriach atribuye la falta de inspecciones a
varias causas: “La Administración no ha hecho suficiente difusión y a las
comunidades les da miedo pasarla, por si los técnicos ven que hay que
rehabilitar y gastar".
La ITE de un edificio de 20 vecinos
cuesta unos 1.000 euros y analiza el edificio de arriba abajo: estructura,
fachada, cubierta, instalaciones e interior de las viviendas. “Curiosamente, lo
que mejor está suele ser la instalación de gas y la de los ascensores, porque
pasan inspecciones obligatorias”, explica Floriach. El vicepresidente lamenta
que la gente “crea que los edificios son eternos”. “La gente tiene muy claro
que debe tener un médico de cabecera, pero no ve que también necesita un
técnico de cabecera”, dice.
El secretario de Vivienda de la
Generalitat, Carles Sala, recuerda que la Administración “ha intentado estimular"
las ITE con una campaña informativa. Todavía hay tiempo, dice, pero reconoce
que es dudoso que se puedan inspeccionar los 49.000 edificios antes del 31 de
diciembre. Sala asegura que Vivienda trabaja en la modificación del decreto. La
Generalitat quiere estar al corriente de qué edificios que han pasado la
inspección (ahora los técnicos solo están obligados a comunicar los casos más
graves) y fijar un régimen sancionador.
La casa
hundida en Tarragona estaba catalogada como Bien Cultural de Interés Local, por
lo que se tratará de reconstruirla. La fachada estaba datada entre los siglos
XVII y XVIII, y su interior se remontaba al siglo XIV. Las casas situadas en
los números 9 y 13 también resultaron dañadas y tendrán que derrumbarse. Los
tres inmuebles son de los mismos dueños, entre los que se encuentra un
exregidor de CiU.
El Ayuntamiento acudirá si hace falta
a la vía penal para pedirles responsabilidades por los daños y las alteraciones
causadas. Según el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), en 2008
la vivienda se incluyó en un inventario sobre edificios en mal estado. Durante
el inventario se inspeccionaron desde el exterior 911 inmuebles del casco
antiguo y se detectaron 150 edificios en mal estado. Unas 80 casas se acogieron
a ayudas. En la parte alta de la ciudad se han producido cinco derrumbes en los
últimos 15 años.
El Ayuntamiento de Lleida, por su
parte, inició ayer los trabajos de derribo de dos edificios colindantes del que
se hundió el martes en el casco antiguo. Los tres son del mismo dueño, Isidre
M., contra quien el Consistorio se ha querellado por imprudencia grave con
resultado de lesiones y daños, informa Lluís Visa.
Lleida ha intentado combatir el
problema con programas de rehabilitación integral y con inversiones millonarias
de la Ley de Barrios de la Generalitat, que no han dado los frutos deseados. En
los últimos años, el Consistorio ha realizado alrededor de 400 inspecciones y
ha decretado el estado de ruina de un centenar de edificios, pero no siempre
los propietarios cumplen las órdenes de reparación.
En el barrio viejo de Girona no hay
ningún edificio en peligro de derrumbe, aunque sí inmuebles deteriorados, según
el Ayuntamiento. El Consistorio elaborará un plan que refleje la situación real
de los edificios. En todo caso, los peligros no se concentran en este barrio.
“Hay edificios a medio construir o muy antiguos que sí son un problema”,
explica Carles Ribas, concejal de Urbanismo. Sobre todo, es el caso de
edificios abandonados cuyos propietarios no cuidan su mantenimiento,
informa Antía Castedo.
El Ayuntamiento efectuó hace unos
meses el derribo de un edificio abandonado en el centro de la ciudad tras pedir
una autorización judicial, ya que el propietario no respondía a los
requerimientos que se le habían hecho en los últimos años. Los propietarios se
negaron a asegurar el edificio, un antiguo bingo, que se encontraba en
situación ruinosa y representaba un peligro para los viandantes.
El Ayuntamiento de Barcelona adelanta
el Plan Dintres, con el que busca intervenir en las 73 fincas más degradadas
del distrito de Ciutat Vella. Según datos del Consistorio, el 68,3% de las
fincas del centro histórico (unas 4.318) fueron construidas antes de 1901.
Todas presentan problemas en las vigas e instalaciones en mal estado. Este plan
es heredero de una intervención realizada por el anterior Gobierno, socialista,
informa Camilo S. Baquero.
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Mediante Dintres, el distrito exigirá
a los dueños de las casas que realicen las obras de rehabilitación. Una vez
notificado, el dueño tiene un mes para presentar el proyecto y no tiene
necesidad de solicitar la licencia de obras. Si no lo hace, lo hará el
Consistorio de forma subsidiaria y el dueño se enfrentará a multas que pueden
llegar al 90% del valor de las obras. En los últimos 20 años, el Consistorio ha
destinado 63 millones de euros a rehabilitación.
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