El Ayuntamiento de Bilbao ha obligado
en los dos últimos años a 1.400 comunidades a arreglar sus fachadas para
conservar los edificios en buen estado y evitar, con ello, que ocurran
accidentes como el acontecido hace dos años en la Gran Vía bilbaina y que acabó
con la vida de una joven viandante. No es el único caso de desprendimiento
ocurrido en la ciudad, aunque sí el de consecuencias más graves. El pasado
sábado sin ir más lejos volvió a producirse un desplome de parte de la fachada
de la sede que la antigua Telefónica, hoy Movistar, tiene en la calle Buenos
Aires. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún herido.
Ricardo Barkala, concejal de
Urbanismo, explicó ayer que desde que se produjo el terrible suceso en el que
una joven que salía de una farmacia fue alcanzada por los cascotes que se
desprendieron en la Gran Vía produciéndole la muerte, existen rigurosas
inspecciones para comprobar el estado en el que se encuentran los edificios de
la ciudad y recomendar a sus comunidades los trabajos necesarios, si fueran
necesarios, para que estén en buen estado y evitar de este modo desagradables
accidentes.
El concejal de Urbanismo dio a conocer
ayer que el Ayuntamiento ha dictado en estos últimos dos años 1.400 órdenes de
reforma para la conservación de fachadas. "En la mayoría de los casos se
trataba de arreglos puntuales sin demasiada importancia", dijo Barkala.
Sin embargo, otras reparaciones han requerido de obras de fachada integral.
Así, en el 13 % de los casos los propietarios de estos edificios han sido
obligados a reparar toda la fachada. Otro 10 % de los casos no estaban
obligados a reformar todo el paño exterior, pero han aprovechado las
circunstancias para sanear totalmente el edificio.
CHEQUEO La fortuita tragedia
ocurrida en 2012 indujo a una reflexión en la Subárea de Disciplina Urbanística
sobre la conveniencia de reforzar las inspecciones de los edificio de Bilbao,
con independencia de su año de construcción. En principio, lo que se denomina
la Inspección Técnica de Edificios se refiere a aquellos edificios que han
cumplido ya sus 50 años de vida, que en el caso de Bilbao representan un
porcentaje importante, pero el Ayuntamiento se tomó la obligación de ir
chequeando individualmente todos los edificios de la capital. Así se han ido
realizando fichas personalizadas con los datos de los inmuebles, año de
construcción, materiales, características y posibles deficiencias para que, en
el momento en que el Gobierno vasco aplique la Ley de las Inspecciones Técnicas
de Edificación, se tenga adelantado parte del trabajo y se pueda comenzar con
las reparaciones.
Bilbao, según un informe que elaboró
Idom en 2007, tiene 16.000 edificios de los que 6.000 tienen más de medio siglo
de antigüedad. Los inspectores han ido ojeando todo los inmuebles de manera
ocular acompañándose de prismáticos para detectar los daños, y posteriormente
han tomado fotografías de los desperfectos. Un trabajo meticuloso para el que
se ha realizado un auténtico barrido de los inmuebles de la villa. El
procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento ha consistido en abrir un
expediente y advertir a la comunidad de los daños detectados, previa a la orden
de ejecución para que la comunidad proceda a realizar los arreglos.
Las recomendaciones del Ayuntamiento
para realizar una reparación de un edificio son vinculantes, es decir, que es
de obligado cumplimiento para que los propietarios de un bloque lleven a cabo
los arreglos detectados por los inspectores. "Son edificios privados, por
lo tanto el mantenimiento corre a cargo de sus propietarios", señaló
Barkala.
El Área de Urbanismo está muy
concienciada con este asunto y, de hecho, ya puso en marcha hace unos años dos
proyectos piloto con los que ofrecía subvenciones a edificios que tienen una
mayor dificultad para realizar sus reparaciones. Por un lado, se articulan
ayudas específicas para inmuebles que se encuentran pegados a taludes. En estos
casos, los estudios son muy costosos y las rehabilitaciones posteriores aún más
por lo que se arbitraron 60.000 euros.
La segunda línea de subvenciones
contempla ayudas a edificios con problemas estructurales. En estos supuestos,
solo el diagnóstico resulta costosísimo, y más aún la reparación posterior.
Para ello, la partida asignada alcanza los 100.000 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario