A continuación os transcribo la
reflexión realizada por Antonio Marín Segovia – ex presidente de Cercle Obert y
miembro de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, el cual
me ha facilitado para su difusión.
Hoy
he mantenido una sorprendente y grata conversación con un alto cargo de la
oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, sobre cómo lograr
que el despilfarro pueda ser tipificado como delito penal, en aras a que los
ayuntamientos y resto de instituciones públicas aborden y satisfagan las
necesidades básicas de los ciudadanos, evitando inversiones ruinosas y
disparates urbanísticos absurdos y costosos de mantener.
Es
de agradecer que instituciones tan relevantes como el Defensor del Pueblo de la
Comunidad Valenciana, estimen y reconozcan nuestra labor titánica, pues
simplemente intentamos ejercer nuestro legítimo papel de ciudadanos en un país
que sigue sumergido en ciertos comportamientos atávicos, propios y exclusivos
de la Edad Media.
La
rehabilitación y puesta en valor de nuestro variado y maravilloso Patrimonio
Cultural es un claro motor de desarrollo, y nos ayuda a reconocernos como
ciudadanos y como pueblo. Y esto que aquí digo, no es una mera declaración de
principios ni un tópico para rellenar insulsos discursos.
Resulta
triste estar tantos años repitiendo lo mismo y exigiendo algo más que
sensibilidad y voluntad a la hora de proteger y conservar nuestras señas de
identidad histórica. Pero lo que si resulta paradójico y cansado es que algunas
instituciones dominadas por conservadores (Defensor del Pueblo y Síndic de
Greuges de la Comundiad Valenciana) tengan más sensibilidad a nuestras
peticiones, que aquellos que deberían enarbolar la bandera del rigor y atacar
con todas sus armas legales, las barbaridades urbanísticas que se siguen
cometiendo en nuestra piel de toro.
Hace
unos días, aparecía una noticia en el diario Las Provincias que me produjo gran
perplejidad: el propietario de una alquería sin gran valor, es requerido por el
Ayuntamiento de Valencia para acometer una rehabilitación urgente (cuyo coste
es de 550.000 euros), mientras ese mismo Ayuntamiento y la propia Dirección
General de Patrimonio Cultural Valenciano no tienen reparo alguno en ignorar
aplicarse la legislación a la hora de defender sus propios bienes culturales.
La
Alquería de la Torre (cuyo propietario parece ser la Sociedad Anónima Deportiva
Valencia club de fútbol), sigue sumida en el abandono y padeciendo todo tipo de
expolios y saqueos, a pesar de los numerosos escritos y denuncias que Cercle
Obert ha dirigido a todas las instituciones competentes en la materia. Recordar
aquí que la citada Alquería de la Torre, se encuentra dentro del entorno de
protección del BIC de la Alquería del Moro; en consecuencia goza de la máxima
protección, según se desprende de la declaración de BIC, emitida por la
Generalitat Valenciana a petición nuestra.
Forzados
por el lamentable estado de conservación, nos hemos visto obligados a
dirigirnos hace unos días a la Fiscalía Provincial de Valencia, después de
haber agotado la vía administrativa y de haber recurrido a la mediación del
Síndic de Greuges en enero de 2011, que no tuvo reparo en asumir fiel e
íntegramente nuestra propuesta y comunicarla a todos los responsables
institucionales.
No
sabemos que resultados obtendremos de la denuncia formulada ante el Ministerio
Público, pero si deseamos que se abra un debate riguroso y se acabe con la
desidia y desinterés institucional, abandonándose esa obsesión patológica y
malsana por invertir nuestro escaso dinero en eventos o actuaciones de dudosa y
nula rentabilidad social, económica, cultural…
No
anhelamos sanciones ni castigos políticos a los irresponsables que han
dilapidado nuestro dinero o han permitido la destrucción de nuestro Patrimonio
Cultural y Ambiental, pero sí exigimos que se acabe con la improvisación y la
falta de criterios a la hora de atender las necesidades básicas de los
ciudadanos.
Tampoco
no es nuestro papel suplantar a los jueces y fiscales, pero si es hora ya de
que el derroche y el despilfarro sean tipificados como delitos penales, a fin
de acabar con esa “orgía del derroche”, con esa “alegría obscena e indecente”
que tienen algunos políticos a la hora de invertir en obras innecesarias o
eventos insostenibles y proyectos faraónicos.
Numerosos
bienes de gran valor permanecen sumidos en un estado algo más que lamentable en
todo el territorio valenciano. Y asociaciones como la nuestra (tan pequeña pero
combativa como el mítico personaje bíblico, el gran rey David), hacen lo que
pueden y aspiran a que esos monumentos y espacios históricos puedan ser
disfrutados por todos, después de una rigurosa y exquisita rehabilitación.
Somos
conscientes de que activar programas de recuperación y puesta en valor de
nuestro Patrimonio Cultural, puede y debe ser un motor de desarrollo, pero
parece que nuestros representantes siguen sin enterarse de lo importante que es
asumir nuestras iniciativas y adaptarlas a la situación de crisis que
padecemos.
La
Alquería de Rocatí en San Isidro, ha recibido un castigo durísimo y
desproporcionado, mientras otros bienes como la antigua y emblemática fábrica
de tejas y mayólicas la Ceramo de Benicalap o la fábrica Bombas Gens de
Marchalenes siguen abandonadas y sin futuro, por no hablar de la Alquería de la
Torre o la Alquería del Moro, cuyo Casa del Señor es propiedad municipal desde
hace ya muchos años.
La
Alquería de Rocatí debe ser rehabilitada por su dueño, según afirma el diario
Las Provincias, a tenor de la resolución adoptada por el Ayuntamiento de
Valencia o la propia corporación realizará las obras, pasando la factura a su
legítimo propietario.
Nos
parece un despropósito sancionar al dueño, mientras el propio Ayuntamiento no
predica con el ejemplo y permite la degradación de bienes propios o se hace el
sordo con otros monumentos privados, como Bombas Gens, la Ceramo, la Alquería
de la Torre…
Y
por favor, que no nos vengan ahora con eso de que Bombas Gens o la Ceramo no
están declarados como Bienes de Relevancia Local. Si no gozan de esa protección
es por extraños, inconfesables y oscuros intereses, pues esos elementos de la
arquitectura industrial tienen tanto o más valor que la pobre Alquería de
Rocatí.
Y
para no cansar a los lectores de la presente reflexión, me despido con el firme
convencimiento de que las próximas y duras advertencias que preparan organismos
nacionales e internacionales, contra los interminables e intolerables
disparates que comete a diario el Ayuntamiento de Valencia y la Dirección
General de Patrimonio Cultural Valenciano, sirvan para acabar con tanta
improvisación, tanta arbitrariedad y tanto despilfarro.
¿Vale?
Antonio Marín Segovia
ex Presidente de Cercle Obert y
miembro de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
Nota:
Es
alucinante que el Ayuntamiento de Torrente tenga a bien aceptar nuestras
iniciativas y Valencia, la ciudad donde vivo y amo, nos ignore, cuando no nos
desprecia abierta y sistemáticamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario